El exministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionó el nuevo acuerdo de financiamiento que el Gobierno busca concretar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, advirtió que, si la organización internacional lo aprueba, "reforzaría aún más la percepción de que se trata de un préstamo con fines políticos y dañaría seriamente su credibilidad global”.
Sus declaraciones tuvieron lugar en un evento organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en el Vaticano. Se trató de la sesión sobre Economía Fraterna y Financiamiento para el Desarrollo de la ONU, que se llevó a cabo este martes y miércoles. Durante su intervención, Guzmán habló sobre "los riesgos que implican para el futuro del financiamiento multilateral las negociaciones en curso entre Argentina y el FMI".
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Al inicio de su exposición, recordó que "Argentina es el mayor deudor del FMI: aproximadamente el 30% del crédito total vigente del Fondo está comprometido con Argentina". En ese sentido, sostuvo que el país debe 31.100 millones de derechos especiales de giro (DEG), sobre un total de 102.800 millones de DEG en créditos activos del FMI.
El exministro manifestó que el endeudamiento con el Fondo se originó en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el organismo "otorgó el préstamo más grande de su historia a un solo país: se desembolsaron casi 45.000 millones de dólares de un total aprobado de 57.000 millones". Sin embargo, señaló que los desembolsos se interrumpieron cuando el entonces oficialismo perdió las elecciones primarias de 2019.
Según Guzmán, una parte significativa de esos fondos, "alrededor de 24.000 millones de dólares", se destinó a la fuga de capitales y al pago de "bonos soberanos insostenibles" (21.000 millones de dólares), lo que llevó a una posterior reestructuración en 2020. "El propio FMI reconoció en diciembre de 2021, a través de la Evaluación Ex-Post del Programa correspondiente al acuerdo Stand-By de 2018 que el programa fracasó para alcanzar sus objetivos y se afirmó que deberían haberse implementado regulaciones a la cuenta de capital para evitar financiar una fuga de capitales con recursos del Fondo", detalló.
Y agregó: "También se señaló que debía haberse realizado una reestructuración de deuda, para no utilizar fondos del FMI para pagar deuda privada insostenible. Ese préstamo fue ampliamente percibido como un préstamo político. Éste es el primer dato clave del contexto".
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Sumado a esto, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei, acusándolo de "utilizar el tipo de cambio como ancla nominal para contener la inflación" y fomentar el 'carry trade', una estrategia especulativa que, según explicó, en los últimos quince meses otorgó un retorno del 43% en dólares. Sin embargo, según el exministro, estos fondos no se destinaron a inversiones productivas, sino que alimentaron la "especulación financiera de corto plazo".
"Ahora estamos viendo una reversión de esos flujos. Ante esta situación, el gobierno argentino busca un nuevo préstamo del FMI, con la intención de usar los fondos para intervenir en los mercados cambiarios —a costa de aumentar el endeudamiento del país", manifestó. En esa línea, denunció que esta decisión tiene un claro trasfondo político debido a la cercanía de las elecciones legislativas, ya que "el valor del dólar suele ser un factor clave en las perspectivas electorales del oficialismo".
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Para el exministro, la política de generar un nuevo acuerdo con el FMI fue "unilateral del Gobierno", generando "rechazo dentro del sistema político": "Tres senadores enviaron una carta a la Directora Gerente del FMI y a los 24 miembros del Directorio Ejecutivo del Fondo, advirtiendo que desembolsar un préstamo en estas condiciones irregulares violaría los Criterios de Acceso Excepcional del FMI —específicamente el criterio n.º 4, que exige un amplio respaldo político e institucional para implementar el programa".
Al respecto, planteó que los legisladores "advirtieron que una violación de ese criterio haría que el préstamo sea considerado ilegítimo". "Muchos compartimos esa preocupación, especialmente porque el propio ministro de Economía reconoció públicamente que el verdadero motivo del DNU fue la falta de mayoría en el Senado, y no una emergencia real", añadió. "En otras palabras, el gobierno no logró reunir el apoyo político necesario para autorizar un nuevo préstamo que se utilizaría para financiar una nueva salida de capitales y agravar la carga de deuda con el Fondo para las generaciones futuras", lanzó.
Otra de las cuestiones sobre las que alertó Guzmán fue el pedido del gobierno argentino de recibir el 75% del nuevo préstamo en un solo desembolso: unos 15.000 millones de dólares de los 20.000 millones previstos. Sobre ese punto, cuestionó la necesidad de una inyección tan grande de liquidez si los pagos al FMI solo se reanudan en 2026. "La conclusión lógica es que el gobierno busca liquidez inmediata para intervenir en el mercado cambiario. Si el FMI aprueba esto, reforzaría aún más la percepción de que se trata de un préstamo con fines políticos", señaló.
Asimismo, indicó que el aumento del endeudamiento con el FMI dificultará el acceso de Argentina a los mercados de crédito en el futuro: "Cuando un país tiene una deuda significativa con el Fondo, eso desalienta a otros prestamistas a ofrecer financiamiento, ya que quedarían en segundo lugar en la fila de cobro. Por lo tanto, este nuevo préstamo no solo volvería a perjudicar a los argentinos, sino que también dificultaría aún más el acceso del país al mercado internacional para refinanciar su deuda en moneda extranjera con acreedores privados".
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Finalmente, Guzmán alertó sobre el impacto global de una nueva intervención política del FMI en Argentina. Según él, un préstamo de estas características pondría en entredicho la misión del organismo de asistir a países con crisis de balanza de pagos y podría interpretarse como un respaldo explícito al gobierno actual, especialmente luego de las advertencias de ciertos sectores de la política sobre que "cualquier nuevo desembolso será considerado ilegítimo".
“Esto dañaría seriamente la credibilidad global del FMI. Y ese no sería el único daño. Un préstamo políticamente motivado agregaría riesgo a la cartera del Fondo, reduciendo su capacidad de responder a crisis en otros países. Comprometería su misión principal: asistir a los países que enfrentan crisis de balanza de pagos. Por eso el mundo debería prestar mucha atención a lo que está ocurriendo", concluyó.
MB/Gi
