El gobierno nacional cimienta su recorte presupuestario principalmente en el freno a la obra pública. Los gobernadores buscan desmarcarse de esa lógica en la previa del Presupuesto 2025 y llevan la infraestructura dentro de su agenda. Muchas debieron adaptar sus necesidades a los recursos propios que pudieron recaudar, ante el ajuste a los fondos recibidos desde el Estado central, lo que comienza a acumular reclamos sociales.
En su último informe de “Estrategia federal logística” del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las provincias resaltan 1.143 proyectos centrales en carpeta. Estos se dividen en: trabajos de carreteras (635), plataformas logísticas (164), proyectos aéreos (103), proyectos ferroviarios (85), pasos de frontera (81) y proyectos fluvio-marítimos (75).
Se estima que, “más del 95% de las obras públicas están paralizadas en todo el territorio argentino”
Las obras involucran diversos ejes de intervención, que van desde el desarrollo de espacios de descanso para transportistas, el desarrollo de plataformas online de vinculación entre dadores de carga y transportistas para mejorar el desbalance, la generación de nuevas conexiones nacionales e internacionales, la implementación de sistemas eficientes para el control de pesos.
A su vez, se incluye la mejora de accesos a puertos y de rutas o de ampliaciones de capacidad y la intervención sobre algunos tramos urbanos con altos índices de siniestralidad.
Del total de los proyectos apuntalados por el CFI, el 37% se encuentra en estudio, el 38% se encuentra cerrado, el 14% ya cuenta con financiamiento, mientras que el 11% está en ejecución.
“La logística es un factor central para el futuro del desarrollo federal. En un país de gran extensión geográfica como Argentina, el desafío logístico es enorme. Tenemos todo lo que el mundo necesita. Tenemos que generar las condiciones para hacer las economías más competitivas y ofrecer nuestra producción al mundo”, explicó a PERFIL el secretario general del CFI, Ignición Lamothe, reelegido por unanimidad la semana pasada.
La paralización de la obra pública. Más allá de la promoción que realizan las jurisdicciones, la motosierra que implementó Javier Milei obstaculiza el desarrollo de la mayoría de las obras de infraestructura. Los gobernadores no pueden sostener todos los trabajos que desean en su gestión para dar respuesta a los reclamos populares o a la ampliación de derechos, como lo puede ser el acceso a la salud pública, educación o al agua.
El 9 de diciembre de 2023, el Ministerio de Obras Públicas contaba con 2.308 obras en ejecución de las 7.265 iniciadas en la gestión de Gabriel Katopodis, que alcanzaron al 100% de los municipios del país. Para las finalizadas, el Estado les dio trabajo a 480 mil empleados del sector de la construcción, de acuerdo a la información oficial.
Para los proyectos que el Presidente frenó, los argentinos habían invertido $ 309.888 millones. De estos, 1.031 consisten en la gestión integrada del recurso hídrico, 763 de la infraestructura urbana, rural y del cuidado y 514 de conectividad e infraestructura vial. Al haberse discontinuado, los materiales comenzaron un proceso de deterioro que las desvaloriza y encarece sustancialmente para cuando quieran ser retomadas, explican los expertos.
Las obras públicas paradas en la provincia de Buenos Aires. Están incluidos en este listado 899 proyectos que se habían iniciado en Buenos Aires. La gobernada por Axel Kicillof resultó objetivamente la provincia más castigada, no por casualidad quizás, considerado por el Presidente como enemigo público número uno.
Las obras frenadas comenzaron un deterioro que encarece su reinicio
Aún sin transferencias de Nación, la gestión bonaerense ubicó entre sus prioridades terminar algunos de estos trabajos, como los centros de desarrollo infantil (CDI). Se trata de ochenta complejos cuyo reinicio y finalización requieren una inversión de $ 23.624 millones que salen de las arcas provinciales. Generarán impacto en más de 7.700 niños y niñas de sesenta municipios, de acuerdo a las proyecciones que maneja el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos local a las que accedió PERFIL.
“Ante un gobierno nacional que es símbolo de deshumanización, en la provincia de Buenos Aires demostramos que somos el símbolo del cuidado, la defensa de los derechos y de la solidaridad. Vinimos a inaugurar con Kicillof, Andrés Larroque, Marisa Fassi, Gustavo Arrieta y su directora Marcela el primer Centro de Desarrollo Infantil para Cañuelas, muy esperado por toda esta comunidad. Milei y Caputo tendrían que estar acá explicando por qué el barrio San Ignacio se iba a quedar sin este espacio que debían terminar para la primera infancia”, publicó en redes Gabriel Katopodis la otra semana. Entre los primeros terminados también se encuentran los CDI de Quilmes, Exaltación de la Cruz y Pehuajó.
Entre los intendentes del Conurbano alertan por el desfinanciamiento. En Morón se detuvieron 534 viviendas del Plan Procrear y el Centro Interuniversitario en el sur. “El sueño de una casa de estudios superiores que proyectamos hacer quedó trunco por la decisión de Nación de no cumplir con el convenio firmado con el municipio”, criticó.
Traspaso de responsabilidades, ¿y de financiamiento? Algunos gobernadores llegaron a convenios con la Casa Rosada para que les transfieran la posibilidad de continuar con los proyectos, pero no siempre los fondos. Estas incluyen a 20 de las 24 jurisdicciones: Tierra del Fuego, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
¿Qué pasa con la obra pública en La Rioja? En La Rioja, Nación paralizó ocho centros de desarrollo infantil, siete escuelas, y la del nuevo hospital central. Todas las obras de viviendas también quedaron en un parate. El gobernador, Ricardo Quintela, eleva como estandarte en cada discurso la mejora en la calidad de vida de aquellos riojanos que pasaron de vivir en un quincho de cartón y plástico a una casa de material con tres habitaciones.
“La Rioja es la provincia que más propietarios de viviendas tiene”, se enorgullece el mandatario en casi cada discurso, siempre en comparación con la población total de cada jurisdicción. En eso consiste el Plan Angelelli, del que también forma parte de los desfinanciados por el gobierno central. El programa utiliza exclusivamente compañías estatales: “Las empresas del Estado no buscan la ganancia económica, sino la renta social”, resalta el también postulante al PJ Nacional.
A su vez, se encuentra frenado el desarrollo del nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (Ceditet) riojano y la obra del gasoducto, ambas de vital importancia para los habitantes. Esto sin sumar las rutas, el plan de asfaltado provincial, la intervención del casco céntrico y la construcción de un nuevo distribuidor en la rotonda del Chacho Peñaloza, de acuerdo al listado acercado por la provincia a este medio.
Salta y su obra pública. En Salta son 118 las que se estaban ejecutando con financiamiento nacional. La provincia y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmaron tres convenios en junio: del total, 65 absorberá la provincia con fondos propios y el resto las continuará Casa Rosada, confirmaron a PERFIL desde la gobernación. “Vamos a reactivar la obra pública en nuestra provincia”, había afirmado el mandamás norteño, Gustavo Sáenz.
Los proyectos de Nación consisten en los de mayor envergadura, como rutas y 12 nuevas escuelas que se encontraban en proceso, confirmó el ministro de Infraestructura local, Sergio Camacho. Para las que se hará cargo la provincia se tienen que firmar convenios específicos para formalizar el traspaso, las que incluirán a cerca de 2 mil viviendas paralizadas. En el mientras tanto, la provincia continuó con unas 170 obras incluidas en el presupuesto provincial, que no se habían detenido.
El financiamiento en Tierra del Fuego. La firma del acuerdo con Nación en Tierra del Fuego estableció que algunas obras continuaban con financiamiento nacional, de las cuales se están gestionando las cuestiones administrativas para que efectivamente se concreten. Hay otras obras que la provincia asumió como compromiso finalizarlas con fondos propios, como los centros de desarrollo infantil y la comisaría de género de Río Grande.
Con la mirada puesta en la finalización de la veda invernal, el gobierno fueguino ultima detalles para la reactivación total de una serie de obras de infraestructura, así como la finalización de 500 viviendas distribuidas entre Ushuaia y Río Grande, confirmaron a PERFIL desde el Ejecutivo de la isla. “Son obras importantes para Tierra del Fuego, que habíamos planteado para mejorar la calidad de vida para muchos vecinos de nuestra provincia”, sostuvo el gobernador Gustavo Melella.
Tras el acuerdo de julio entre la provincia y Francos se comenzaron a regularizar deudas por certificaciones de obras, además de encarar una readecuación de precios de los contratos firmados con las empresas a cargo de las obras que se paralizaron con el cambio de gestión nacional. La ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, aseguró que “se ha hecho un trabajo enorme, primero político e institucional de la mano del gobernador Melella, para lograr revertir esta situación de paralización y retomar este grupo de obras”.
