Mientras que circularon ayer versiones en torno a posibles anuncios económicos del ministro de Economía, Sergio Massa, que no fueron confirmados por el Palacio de Hacienda, la receta antiinflacionaria del Gobierno parece ser apuntalar el programa de Precios Justos.
El Gobierno aspira a que los Precios Justos puedan llegar a comercios de cercanía, con una lista de productos menor a la que se vende en supermercados y con montos fijos que negocia con distribuidoras y proveedores. Sin embargo, desde el sector de los almaceneros aseguraron a PERFIL que dudan que el programa pueda implementarse si no se obtienen compromisos de costos y abastecimiento por parte de los mayoristas.
“Hablé con el secretario de Comercio para manifestarle la preocupación que tenemos sobre productos como el azúcar y el aceite”, afirmó Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA). La diferencia de precios entre lo que pagan los pequeños comerciantes y los supermercados es hoy la principal preocupación del sector. “El azúcar en un hipermercado se está vendiendo a $ 333 y nosotros pagamos $ 450 de costo”, agregó.
En un contexto marcado por una gran diferencia en los precios, la caída en las ventas en los negocios pequeños, la restricción en las compras de algunos productos mayoristas, y la renegociación de la iniciativa con las grandes cadenas, el Gobierno comenzó a pensar en un plan para que al menos cuarenta productos estén presentes en los comercios de cercanía.
Fuentes oficiales del gabinete económico consultadas por PERFIL confirmaron que están en proceso de reuniones con cadenas mayoristas y grandes empresas, pero que todavía están evaluando diferentes alternativas. También aseguraron que se está trabajando con comercios de cercanía, y que, si bien no pueden dar mayores precisiones, esto debería estar definido en los próximos días.
Desde la Federación de Almaceneros elaboraron una lista tentativa que incluye entre otras cosas azúcar, harina, aceite y yerba. “Según nos dijeron, para este mes esto iba a estar terminado”, señaló Savore. Para Fabián Hryniewicz, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (Capymef) “los programas de control de precios no son realizables porque nunca dependen del mostrador, siempre dependen del origen”. Por eso, comentó, el pedido del sector es que el Gobierno verifique “cómo se conforman los valores”.
Hryniewicz afirmó además que “a todo esto tenemos que agregarle que el costo operativo de funcionamiento de los pequeños comercios se ha incrementado exponencialmente y que también es una diferencia muy marcada”.
Sobre el programa Precios Justos tal como funciona hoy, los pequeños comerciantes son críticos. “Hay un desvío de la intención de consumo”, que hace “quedar mal parado al comerciante de proximidad que no accede a esos precios que publican y que muchas veces no proveen”, sostuvo Hryniewicz. Para el pequeño empresario formoseño, la aplicación de una misma canasta de productos en todo el país es impracticable. “Cada localidad tiene una realidad y un aprovisionamiento distinto. Hasta culturalmente los consumos son distintos”.
“Nosotros en ningún momento pudimos aceptar Precios Justos porque el Gobierno nunca nos aseguró el abastecimiento y los precios que necesitamos para poder tenerlos”, comentó por su parte Nelson Figueredo, secretario técnico de la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA).
Figueredo también hizo hincapié en la cadena de valor. “Nuestro sector no llega a comprar volúmenes en las empresas en forma directa, entonces tenemos que comprar en un eslabón más que es el mayorista o el distribuidor”.
Lo que los comerciantes piden es que se garantice también una utilidad de entre un 25 y 30% “para llegar a un precio justo al consumidor”, afirmó Figueredo.
“Nosotros llegamos a cada rincón del país y abastecemos al 70% de la comunidad” por lo que “la mentira del Gobierno es que sacan un programa de Precios Justos para los más vulnerables y es justamente a los que nunca les llega”, agregó.
Si bien desde su postura sería bueno contar con un listado, afirmó que aún están aguardando la convocatoria para dialogar, pero que es poco optimista: “El Gobierno apunta siempre a lo que es el AMBA, que es donde tiene los votos, y se olvida del resto del país”.
Desde la Cámara de Comercio de Punta Alta fueron más categóricos: “El programa Precios Justos es una estafa con una complicidad del Gobierno y las empresas. Todos sabemos que ningún programa de precios funcionó”, aseguró Daniel Acuña, presidente de la institución y vicepresidente de la CGA.
“Cuando firman algo con las empresas crean desabastecimiento”, destacó el empresario, quien denunció que los proveedores no cumplen con los precios pactados, “discontinúan algún producto o le agregan algo y cambian el precio”.
Por eso, concluyó que desde Punta Alta no van a participar de estos acuerdos “sin reglas claras” y sin una convocatoria para escuchar al sector. Hasta ahora, afirmó, “el programa no funciona porque está mal dirigido, está dirigido a los que más tienen”.
