Las pymes argentinas enfrentan su peor contexto desde la salida de la pandemia. Su situación ya venía mal antes: la aceleración inflacionaria, los problemas para importar insumos y maquinarias, la falta de acceso a crédito, los altos costos logísticos y tributarios, la enorme burocracia para cualquier trámite, y la falta de crecimiento de la economía eran problemas que ya existían en los años pasados. Como muestra, hace quince años que no crecen lo suficiente: entre 2008 y 2023, el empleo pyme subió 13,7%, pero la población argentina aumentó un 17%. Este año, a esos mismos problemas que continúan se les añadieron varios nuevos: menos ventas en el mercado interno, mayores costos (servicios públicos, energía, impuestos a la importación de insumos) y una apertura comercial desleal.
El derrumbe del mercado interno es claro, con caídas de entre 10% y 20% interanual dependiendo del sector. Esto afectó las ganancias y en gran parte de las pymes, los empresarios siguen poniendo plata de su bolsillo para pagar sueldos a fin de mes. Altos costos logísticos e impositivos que no se redujeron (al contrario: aumentaron, por ejemplo, con la suba del impuesto PAIS que recién se eliminará a fin de año), menos cantidad de puestos de trabajo y empeoramiento de la precarización laboral, menores salarios y también menores ingresos no salariales (jubilaciones, planes sociales, etc.) explican un mercado interno deprimido. A esto se suman el atraso cambiario y una apertura comercial poco inteligente para generar (tal como pretende el Gobierno) una competencia desleal contra los productos extranjeros, que favorece el cierre de empresas argentinas productivas y perfectamente competitivas (si tuvieran igualdad de condiciones).
A contramano, hay sectores que pudieron seguir creciendo apostando a exportaciones (por ejemplo, de software y servicios informáticos) o a nichos de consumo sofisticado por parte de la población de mayor poder adquisitivo. No es casualidad que las ventas de supermercados y autoservicios mayoristas sigan en niveles bajos (-11,6% y -14,4% acumulado en los primeros diez meses de 2024) mientras que los shopping bajen “apenas” un 9,9% acumulado y ya estén casi a niveles de hace un año (-1,3% interanual).
Este comportamiento dual evidencia que, si bien algunas ramas de la economía han comenzado a estabilizarse, otras todavía buscan un nuevo punto de equilibrio en un mercado más restringido. El fenómeno es claro: la heterogeneidad en ingresos y capacidad de consumo deriva en una amplia diferencia en las perspectivas de ventas según rubro y nicho de demanda.
Pero en este año crítico, la única política productiva del Gobierno nacional hasta el momento es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El RIGI está claramente pensado para tres sectores que ya vienen creciendo: agro, minería, energía (hidrocarburos y renovables). En lo demás, va a haber muy poca inversión. ¿Quién invertiría en comprar más equipos de producción, por ejemplo para una industria que todavía tiene más del 40% de sus máquinas paradas? Lo que se necesita es promover la demanda, para contener la amenaza de la destrucción de puestos de trabajo y de cierres de empresas.
En este marco, el Gobierno finalmente planteó que enviará un proyecto de ley “de promoción de Inversiones y empleo”. Que no lo haya enviado antes es sintomático. Por un lado, las pymes tuvieron que soportar solas la carga de la recesión inducida por la política económica de Milei montada sobre los desequilibrios macroeconómicos heredados de los tres gobiernos nacionales previos. Además, lo envía recién a fines de noviembre: con suerte, comenzará a tratarse en marzo, cuando el Congreso reanude su funcionamiento, y lo hará en el marco de un año electoral cuando suele haber escasa actividad legislativa. Finalmente, las medidas que impulsa se dividen en tres partes: beneficios a sectores específicos (otra vez el agroalimentario), el intento de avanzar en la reforma laboral y toda una serie de incentivos “incrementales”.
Esto último es clave: las pymes no tendrán ningún alivio ni incentivo respecto de su situación actual, salvo que “incrementen” su empleo, inversiones o exportaciones. Más allá de retomar la pregunta de quién está en condiciones o necesidad de invertir en el actual contexto depresivo en materia de ventas, también resta ver cuál es la base de comparación para determinar esa “incrementalidad”. En ese tipo de detalles está el diablo: ahí se verá si efectivamente el Gobierno busca un incentivo generalizado o por el contrario esto es otra vez una medida “para la foto” o simplemente un nuevo negocio para algunos grandes amigos.
Otra forma de verlo: si Milei está dispuesto a ceder recursos para que las pymes también sientan en sus ventas y empleo algo del “veranito” y la “estabilización” monetaria y financiera. Por ahora, la única apuesta real en ese sentido es a una expansión del endeudamiento de los hogares, que compense la caída en los ingresos de las familias argentinas que aún no tiene perspectivas de revertirse.
La falta de política productiva es una muestra clara de cómo la ideología de Milei lo lleva a errores groseros a la hora de generar una estabilización real para nuestro país. Para la mayoría de las pymes argentinas, 2024 deja un balance preocupante; pocas actividades comienzan a mostrar signos de recuperación, mientras la mayoría no logra despegarse del “piso pegajoso” que tocaron en los últimos meses. La clave para 2025 será lograr que la estabilización macroeconómica sea acompañada por una perspectiva real de una mayor demanda sostenida, que regenere la capacidad de las pymes para generar empleo y valor agregado y consolide así su rol como motor del crecimiento económico sostenible en el país.
* Economista y director de Epyca Consultores.
**Director de Consultora Marca Pyme y exsubsecretario Pyme de la Nación.
