María Luján Franco Villalba tiene 20 años, fue diagnosticada con cáncer de colon, y espera la medicación de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) hace tres meses. “Me realicé una cirugía de emergencia en la que me sacaron incompletamente un tumor. Me apliqué 10 quimioterapias. El tumor creció nuevamente, es bastante agresivo”, cuenta a PERFIL.
“Mi doctora me dijo que la mejor terapia para mí es la inmunoterapia, y que tengo grandes posibilidades de sobrevivir con ese tratamiento”. Por eso, en octubre de 2024 inició los trámites ante la Dadse. “Me aprobaron los medicamentos, pero no me los mandan. Me dan diferentes razones, una de ellas es que están retenidos en la aduana”.
El suyo es uno de los cientos de casos que la Dadse –que pasó a la órbita del Ministerio de Salud en febrero de 2024–, deberá resolver en un plazo máximo de 10 días contados a partir del 30 de diciembre de ese año.
El Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 2 ordenó a esta Dirección que solucione en ese tiempo todos los pedidos de medicamentos que lleven más de 60 días de demora y que adapte, en un plazo no mayor a 20 días, todos los trámites pendientes, de manera que su resolución no exceda los 60 días.
La decisión de la justicia fue en respuesta a un amparo colectivo que presentaron diferentes organizaciones de pacientes en abril de 2024, y que se resolvió el último día hábil de ese año en favor de los demandantes.
En la resolución puede leerse que en agosto el Ministerio de Salud pidió el rechazo de la medida cautelar porque entendía que los trámites se realizaban normalmente: “actualmente no superan los 60 días hábiles administrativos”, argumentaron.
Mirta Hashimoto recibió una sola dosis de la medicación que necesita su hija, Cielo, para tratar su enfermedad. Fue diagnosticada con lupus en diciembre de 2023, y solamente contó con el tratamiento –para el que hicieron los trámites correspondientes en la Dadse– en enero de 2024. El resto de los meses del año la familia pudo cubrir la medicación gracias a donaciones.
El 10 de diciembre de 2024 la justicia solicitó al Estado que, en un plazo de tres días, presentara el listado completo de los expedientes administrativos iniciados en la Dadse. Fue esa misma semana que Hashimoto recibió un llamado de los abogados de esa Dirección “para que les pase todo el historial de Cielo. Pero hasta ahí llegamos”, afirma.
En el documento, firmado por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, se menciona que la representación de la parte demandada (el Estado nacional) no asistió a las audiencias, no presentó algunos de los informes requeridos ni brindó “una explicación concreta respecto de la demora de más de 60 días que existiría en más de 800 expedientes administrativos como fue peticionado el 05/12/24”.
Los casos de pacientes que esperan por la medicación son cada vez más. No solamente por las demoras, sino porque, producto de la desregulación en los precios de las prepagas, muchos usuarios no pudieron continuar pagando: el costo de estos servicios, según el último informe del Indec, se incrementó en un 250% interanual. Según un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solamente en los primeros tres meses de 2024 el 10% de los afiliados voluntarios dieron de baja su cobertura.
En tanto, según el último informe de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, para octubre de 2024 los medicamentos habían sufrido un incremento del 180% interanual.
La Dadse había ejecutado solo el 24% de su presupuesto a junio de 2024
Brenda se encarga de los trámites para que la esposa de su papá, que tiene 47 años, pueda recibir su tratamiento: tiene cáncer de piel y metástasis en el pulmón. Desde octubre espera la medicación de la Dadse. “Fui al departamento de asistencia social y al hospital, y lo que nos dicen es que tenemos que esperar”.
Lo que necesitan son ampollas de Ipilimumab para poder continuar con el tratamiento. “Ella se pudo realizar una sola aplicación que se pudo dar porque le prestaron la medicación en el hospital”, agrega.
Entre los argumentos del Gobierno para rechazar la medida cautelar, en la causa consta el de una supuesta “afectación al interés público”. Argumentaron que “el Ministerio de Salud tiene un presupuesto designado por la ley y con ello debe cubrir sus responsabilidades primarias, por lo que otorgar esta medida cautelar podría tener efectos materiales catastróficos en la salud pública”.
Con la prórroga del presupuesto de 2023, el dinero disponible para la Dadse en 2024 se mantuvo en los mismos valores del año anterior, al menos hasta la primera mitad de 2024: fue de $ 37 mil millones. El dato surge de un pedido de informe que realizaron distintas organizaciones: hasta junio se había ejecutado el 24% de ese presupuesto.
Los argumentos del Ministerio fueron desestimados por la justicia. Las organizaciones defensoras de los pacientes que participaron de la demanda – la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil SOSTEN, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP) y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo–, consideran que este fallo “no solo es una victoria judicial de las organizaciones, sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a la salud es un derecho humano básico”.
Sin embargo, ahora preocupa otra situación. La resolución 1138/2024 publicada el mismo día del fallo judicial por el Ministerio de Salud deja abierta la posibilidad de que la cartera modifique su estructura organizativa. Entre los considerandos aparece la transferencia de la Dadse a la órbita del Ministerio. Florencia Braga Menendez, directora de proyectos de ALAPA, explicó a PERFIL que, si bien la cautelar es clara, “Román Broda, el director de la Dadse, dijo que iban a rediseñarla. Nuestro temor es que lo que haya detrás de esto sea la intención de que no exista alguien que responda a esta cautelar”. Agregó que “es mentira que no se puedan cubrir los tratamientos. No hicieron ningún esfuerzo por negociar los precios de los medicamentos, por ejemplo”.
Entre otros casos que tuvieron que atender desde la asociación hay algunos en los que la única oferta a una persona que transita un cáncer curable es un tratamiento paliativo. “Cuando la muerte por abandono de persona de parte de las instituciones se vuelve programada podemos hablar de un crimen de lesa humanidad”. Por eso, piensan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Lo que se hace con la salud en Argentina es criminal”, concluyó Menendez.
María Luján espera una droga llamada Pembrolizumab que debe aplicarse cada 21 días. “Quiero recuperar mi vida, volver a sentirme yo. Saber que esta medicación podría sanarme por completo me dio muchas esperanzas, pero cuesta demasiado conseguirla”.
