La Justicia de Estados Unidos habilitó embargos por US$210 millones contra la Argentina en el marco del juicio por la deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001. La medida fue ordenada por la jueza Loretta Preska, quien también congeló US$100 millones adicionales hasta que otros dos grupos de acreedores (Attestor Master y Bainbridge Fund) terminen con la disputa.
La defensa argentina había intentado sin éxito desestimar este reclamo ante la Corte Suprema norteamericana.
Vale señalar que el miércoles, los tenedores de bonos denominados como "cupón PBI" se quedaron con la garantía de US$325 millones que el país había dejado para poder apelar un juicio en Reino Unido.
El plan Brady y el embargo de los activos de la Argentina
La decisión fue tomada por la jueza Loretta Preska, que tiene varios reclamos contra el país, como el caso por la expropiación de YPF, y determina que los acreedores podrán tomar posesión de los fondos depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza.
"La Juez Loretta Preska aprueba el embargo de USD 210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros USD 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos USD 100 millones", explicó mediante un mensaje en su cuenta de la red X el analista Sebastián Maril, especialista que sigue las demandas a nivel internacional contra nuestro país.
La causa fue iniciada por holdouts que no pudieron cobrar los títulos argentinos tras la crisis de 2001, a pesar de los tres canjes que hizo el país en 2005, 2010 y 2016 por US$9300 millones. Inicialmente, consiguieron una sentencia favorable en primera instancia por parte de Preska, que obligó al Estado argentino a pagar en total US$477 millones.
De acuerdo a la mirada de Maril, el gobierno podría "capitalizar políticamente" la situación. En un post reciente, el analista expres: "Si yo fuese el Presidente Javier Milei, hago Cadena Nacional y explico bien por qué no ejecutan estas sentencias y sumo unos varios puntos políticos previo a las elecciones de octubre", indicó.
Vale señalar que estos últimos dos embargos sobre activos argentinos por juicios perdidos a nivel internacional que tuvieron lugar esta semana le llegan en el desembarco de los primeros días de actividad del flamante procurador del Tesoro de la Nación, Santiago María Castro Videla, quien reemplazó a Rodolfo Barra.
Cuál es el origen de los embargos
Este embargo afecta específicamente al colateral correspondiente a los Bonos Brady, títulos respaldados por bonos del Tesoro estadounidense que fueron utilizados como garantía cuando Argentina ingresó al Plan Brady en 1993 para reestructurar su deuda. Uno de los casos más desafiantes es el de los US$ 16.000 millones que la Argentina debe pagar tras perder el juicio de los accionistas minoritarios por la estatización de la petrolera YPF, en 2012.
La historia se remonta al año 1992, cuando la Argentina ingresó al Plan Brady emitiendo bonos garantizados con otros bonos cupón cero emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Los demandantes en la causa en cuestión son siete fondos de inversión que compraron deuda argentina en 1994 como parte de una reestructuración y se vieron afectados cuando el país se declaró en default en 2001.
El plan Brady y el embargo de los activos de la Argentina
Así, se trata de reclamos de tenedores de bonos que quedaron en default hace 23 años. La victoria que lograron los tenedores de esos bonos en la actualidad, tras el aval de la Corte Suprema norteamericana en enero que rechazó la apelación argentina, se suma a otras "victorias" que habían tenido los "fondos buitres" en instancias anteriores, en las que la Argentina había sido obligada a entregar títulos que se usaron como garantía de pago de los bonos Brady, emitidos a principios de 1990. Dado que, en 2023 el país terminó de pagar sus obligaciones, los títulos entregados como garantía quedaron liberados. Ahora, nuevos fondos quedaron embargados.
Los demandantes fueron los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que tenían cupones PBI, que estaban atados al crecimiento.
Es decir, recibían un pago en tanto la Argentina superara cierto porcentaje de crecimiento. Estos acreedores acusaron a Argentina de haberlos perjudicado al modificar la forma de medir el PBI y, en consecuencia, haberle pagado menos en 2013..
Cuando Argentina se sumó al Plan Brady, renunció a los derechos que la asistían como nación soberana. En una columna reciente publicada en PERFIL. Alejandro Olmos Gaona hace un recuento de cuáles fueron esos "derechos" y entre ellos reconoce que el país "se sometió a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, Londres y Frankfurt (esta última ciudad en el caso de la emisión de bonos en marcos alemanes); se renunció a oponer la defensa de la inmunidad soberana del Estado, aun en los procesos de ejecución; se pactaron intereses sobre intereses y se acordó que ni el Agente de Cierre (Citibank), ni el Agente de Pagaré (Morgan), sus directivos, funcionarios, agentes o empleados serían responsables por cualquier medida adoptada u omitida, ni serían responsables por incumplimiento, negligencia o mala conducta", entre otras varias cuestiones.
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