La ONG Republican Action for Argentina (RA4A) solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska que anule el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones en el juicio por la nacionalización de YPF, cuyos beneficiarios son las firmas Burford y Eton Park.
La presentación se realizó el 17 de febrero y la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. “Las partes, incluyendo el Estado argentino y YPF, tienen hasta el martes 25 (de febrero) para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos”, señaló a EFE el abogado Fernando Irazu, representante de la fundación”.
En su presentación, la ONG le solicita a Preska que disponga la suspensión del proceso, la anulación del fallo y que se inicie una investigación criminal contra los demandantes y el resto de las partes involucradas, incluyendo, entre otros, a la ex presidenta Cristina Fernández y a la familia Eskenazi.
“Creo que al haber tomado esta decisión, teniendo la posibilidad de haber desechado esto, es un signo positivo porque ahora el gobierno argentino e YPF tienen la posibilidad también de decir algo más sobre este tema, que no era una disputa de derecho privado honesta entre los Eskenazi y el Estado argentino controlado por un gobierno kirchnerista, sostuvo Irazú en declaraciones a Radio Rivadavia
En ese sentido, el director de Latam Advisor, Sebastián Maril, sostiene que en 2020, Argentina le reclamó a Preska la entrega de la información que ahora pide la ONG. En 2021, los abogados de las partes demandantes y admitieron que ni ellos ni Argentina encontraron razones para pedir la anulación del fallo.
“Es decir que toda esta ‘trama’ Argentina describió como ‘sham agreements’ o ‘acuerdos fraudulentos’ ya fue presentada en la corte de la Juez Loretta Preska. El tema Eskenazi ya fue parte central de este juicio y no formó parte del fallo final por falta de pruebas y porque la misma juez consideró que no había argumentos para anular el caso”, aseguró Maril.
Por su parte, el Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht se preguntó si “en serio piensan que la cosa juzgada en Estados Unidos se debilita así nomás”.
“Es un remedio heroico que tiene la misma chance de progresar que mandando al arquero a cabecear en el último minuto del partido y ese arquero es el (personaje) chapulín (colorado)”, añadió Licht.
“¿Cuál sería el hecho de corrupción que le fue omitido al tribunal si dicen que se basó en una denuncia que tiene más de 15 años? Y vamos a suponer que con posterioridad a la sentencia se hubiera confirmado un hecho de corrupcion en el país demandado. ¿En serio piensan que el tribunal americano está obligado a tomar nota? ¡Que poco serio todo!”, comentó.
El juicio por la nacionalización de YPF
El 2023, la jueza Preska condenó al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones por expropiar en 2012 el 51% de las acciones en YPF que estaban en manos de la compañía española Repsol sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.
El juicio comenzó en 2015, cuando la inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España quebradas: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Esas dos sociedades habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionaria del 25% en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.
El reclamo se basa en que el Estado argentino debió haber lanzado lanzar una oferta pública de adquisición de las acciones que no pertenecían a Repsol. El país argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.
