"El gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentó una respuesta en la que reitera su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi", señaló el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa diaria.
El funcionario hizo referencia a la presentación que el 17 de febrero pasado realizó la entidad Republican Action for Argentina, representada por el abogado Fernando Irasú ante la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, solicitando intervenir en el caso Peterson.
Respecto de la última presentación del gobierno, Adorni señaló que "la respuesta expresa también la firme voluntad de este gobierno en colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto, sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso", argumentó.
Entre otras cuestiones, el portavoz de Javier Milei informó que quien estará a cargo de llevar adelante la estrategia de la defensa argentina en este caso es Juan Ignacio Estampalija, subprocurador del Tesoro de la Nación.
"Este gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal además sumamente avanzada", se quejó Adorni y agregó que, "frente a esta situación heredada, continuará haciendo todo lo que está a su alcance para buscar alternativas de solución que permitan, a pesar de la enorme dificultad que ello presenta, revertir la sentencia o mitigar su impacto".
Finalmente aseguró que "la República Argentina continuará haciendo uso de su derecho de legítima defensa y ajustando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos".
Sobre la presentación de la ONG Republican for Action
El 17 de febrero pasado la ONG Republican Action for Argentina (RA4A) solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska que anule el fallo por el que condenó al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones en el juicio por la nacionalización de YPF, cuyos beneficiarios son las firmas Burford y Eton Park.
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La presentación se realizó antes la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York quien emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. “Las partes, incluyendo el Estado argentino y YPF, tienen hasta el martes 25 (de febrero) para responder. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos”, señaló a EFE el abogado Fernando Irazu, representante de la fundación”.
En su presentación, la ONG le solicita a Preska que disponga la suspensión del proceso, la anulación del fallo y que se inicie una investigación criminal contra los demandantes y el resto de las partes involucradas, incluyendo, entre otros, a la ex presidente Cristina Fernández y a la familia Eskenazi.
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