Un kilo de queso cremoso, un kilo de carne picada común y dos litros de leche es todo lo que los jubilados hubieran podido comprar con el aumento de los haberes aprobado por el Congreso que el presidente Javier Milei vetó. Para los más de 5 millones que cobran la mínima, el monto de este incremento era de $17 mil por mes, mientras “para el millón que está apenas por encima de la mínima y para las personas que cobran una pensión por discapacidad sería de entre $11 mil y $13 mil”, explicó a PERFIL Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. En estos últimos dos casos, el poder de compra de esa recomposición dejaría al menos el kilo de carne fuera del presupuesto.
La jubilación mínima con el bono de $70 mil alcanza para cubrir apenas el 39% de la canasta básica real de un jubilado, según las estimaciones de la Defensoría. Por eso, y porque consideran que “el deterioro acumulado de los haberes hace que cada nuevo recorte se vuelva más violento”, es que plantearán la inconstitucionalidad del veto ante el fuero de la Seguridad Social.
“La reforma aprobada en las últimas semanas representa una leve mejora que, si bien no modifica la situación real de jubilados y jubiladas, al menos puede ser vista como un atenuante en el largo proceso de deterioro de sus haberes”, explicaron en un comunicado.
En el documento sostienen que el veto a esa modificación, que preveía la posibilidad de ajustar estos haberes en base a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE) en el caso de que este índice fuera mayor a la inflación, habilitaba una recomposición si la economía lograba estabilizarse. “Si el mayor logro del Gobierno es bajar la inflación, y su mayor objetivo es continuar bajándola, no es razonable que las jubilaciones queden atadas a la inflación. Cada vez que el Presidente celebre la baja de la inflación estaría celebrando también la baja de las jubilaciones”, señalaron.
La reforma votada por el Congreso no modificaba sustancialmente el cuadro de los pasivos, pero era un alivio.
La inflación de agosto fue de 4,2%, levemente mayor a la de julio. En el año acumula un 94,8%. La desaceleración del índice de precios es una meta del Gobierno, pero no la única. El tema previsional puede plantear desafíos a otros objetivos, como el superávit fiscal: si la pobreza sigue escalando (según el último informe de la UCA fue del 52% en el primer semestre), será necesario ampliar la cobertura del sistema previsional, tal como ocurrió en Argentina y en toda la región en las últimas dos décadas, según estimaciones de la Cepal.
En términos interanuales, de acuerdo con los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, se destruyeron 178 mil puestos de trabajo (1,7%). “Esta caída se debe principalmente al retroceso del sector privado y al personal de casas particulares (-2,5% y -2,7%, respectivamente)”, explicaron. Del otro lado, el desempleo medido por el Indec ascendió dos puntos, a 7,7%. El régimen previsional solidario implica que una porción importante de los haberes la sostienen los empleos formales.
Después de observarse variaciones mensuales positivas en forma ininterrumpida entre agosto de 2020 y de 2023, se vieron caídas en el empleo. Desde enero de 2024, el proceso de reducción se intensificó, y alcanzó tasas de -0,6%. Si bien en el segundo trimestre la baja no fue tan pronunciada, “es significativa y ya acumula 10 meses de variaciones negativas”.
La caída del empleo registrado tendrá un impacto en el sistema previsional, estimaron desde la Cepal. “La recesión económica regional, la destrucción de empleos, las alzas en las tasas de desocupación y el crecimiento de la economía informal implicarán menores cotizaciones e ingresos a los sistemas de pensiones, así como mayores lagunas previsionales, pudiendo profundizar las desigualdades, incluyendo las de género, lo que, sumado a un rápido envejecimiento poblacional, generará un restrictivo escenario con mayores gastos en pensiones y, en algunos casos, provocando déficits financieros en los esquemas previsionales”.
La informalidad laboral, que las organizaciones consideran estructural en la región, explica el avance de los sistemas de pensiones no contributivas. “Los sistemas de protección social han experimentado un creciente e importante fortalecimiento, especialmente desde inicios de la década de 2000, y han contribuido a la reducción de la pobreza”, afirman desde la institución en el documento titulado “Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad”, publicado en junio de este año.
Algunos factores que explican esta expansión son la elevada informalidad laboral, el envejecimiento de la población, la pobreza y la desigualdad.
En el caso específico de la situación argentina, el informe concluye que, debido al estancamiento económico, más de la mitad de las personas ocupadas tienen empleos sin aportes a la seguridad social, o con cotizaciones mínimas "correspondientes a regímenes para trabajadores independientes". Todo esto en un contexto en el que, según proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), la cantidad de adultos mayores por cada cien personas en edad de trabajar pasará de 27 a 56 entre 2023 y 2065.
El aumento del desempleo y la pobreza recaerá sobre el sistema previsional. “Al vetar la reforma, el poder ejecutivo no solamente impide toda posible mejora, sino que profundiza el despojo del sector más vulnerable de la sociedad, generando más pobreza de manera directa en el conjunto de la población”, explicaron desde la Defensoría de la Tercera Edad.
“Teniendo en cuenta el estado actual del sector, resulta imperioso detener ese proceso de despojo. No es verosímil combatir la pobreza generando más pobreza”, concluyeron.
El bono de $70 mil, que se mantiene en ese valor desde marzo, también impactó en la capacidad de compra de las jubilaciones. “Congelado como está, lo que le aplican al jubilado de reajuste por IPC es siempre un punto menos. Este mes se aplicó por IPC 4%, pero como el bono está congelado, el total fue del 3,2%”, agregó Semino.
“No es de extrañar que aparezca en algunas semanas un bono consuelo, porque el costo fiscal de ese 7% de aumento previsto en la reforma ya está dentro del sistema por la licuación que hubo de los haberes durante estos 8 meses, así que el costo fiscal es cero”, sintetizó.
