El presidente Javier Milei decidió dejar que la sangre llegue al río, aunque evitó que esa escena sea antes de tiempo. Este 31 de diciembre se cayó definitivamente el decreto que prohibía la exportación de chatarra, un insumo clave para la producción de acero y escaso a nivel mundial. La medida, que había nacido en 2009 y ratificada por todas las administraciones nacionales desde entonces, se había convertido en uno de los pocos paraguas abiertos para brindarles a las fábricas nacionales un plus de competitividad ante la agresiva política comercial de China, el jugador mundial más poderoso.
Fuentes gubernamentales confirmaron a PERFIL el presagio que tenían los empresarios argentinos: “No se va a renovar el decreto. En los próximos días habrá uno nuevo, ordenando el tema”. El derecho de autor de la caída en desgracia de la chatarra argentina destinada exclusivamente para las fábricas nacionales es del ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, quien había adelantado hace casi tres meses su intención de eliminar la prohibición exportadora y había desatado una guerra personal con el Grupo Techint.
Este diario intentó obtener detalles del novedoso plan que se estrenará desde el primer día del 2025, pero no hubo respuestas. Otras fuentes del Gobierno señalaron la dirección elegida, aunque aclararon que el diseño estaba en manos del “Coloso”, como suele llamarlo en tono elogioso el presidente Milei a Sturzenegger. El hermetismo ministerial dejó sin dudas al sector privado, que días antes del cierre del año se habían resignado al fracaso de las negociaciones que habían iniciado, apenas se conoció la postura libertaria.
Chatarra: ¿un funcionario beneficiado por la pelea de Sturzenegger con Paolo Rocca?
Las Cámaras del Acero y de Fundidores fueron las que llevaron las voces del sector privado a los despachos oficiales, pero sólo lograron la promesa de “monitorear la evolución del mercado y del abastecimiento”. “Este es el golpe de gracia de las fundiciones. Los procesos de desindustrialización de los ’90 y del macrismo interrumpieron la formación de profesionales y especialistas en el sector. Pero, la falta de demanda actual por la recesión y la competencia desleal con las importaciones fundieron económicamente a las fundiciones. Van a desaparecer, habrá despidos y será casi imposible que se vuelvan a abrir esas fábricas”, se lamentó un fabricante de válvulas, radicado en Santa Fe.
El plan libertario de comercio exterior y un funcionario en la mira
Si bien hubo antecedentes en que el decreto no fue renovado, pero luego reemplazado por otro similar, luego de extensas negociaciones; hoy nadie en el mundo empresario cree que la protección a la producción nacional será restablecida. “Esta administración sólo va a reglamentar las condiciones administrativas y técnicas del comercio exterior. Lo máximo que se logró fue un monitoreo del impacto en el sector, que estaría en manos de la Secretaría de Producción, que depende del ministro (de Economía) Luis Caputo y no trabaja de manera directa con Sturzenegger”, afirmó a PERFIL una fuente empresaria del sector siderúrgico.
El objetivo del Gobierno es eliminar los sobrecostos en la producción, para lograr bajar los precios del acero. Si bien parece contradictorio que el permiso para exportar chatarra ferrosa les incremente los costos a las fábricas locales -quienes deberán importar minerales para completar el proceso- y encarezcan el producto final, la apuesta de la gestión libertaria es que exista más oferta y con mejores precios desde el exterior, cuyas fábricas se verán beneficiadas con la baja del precio de la chatarra argentina. Al menos, esa es la explicación que lograron comprender los fabricantes locales.
Para los empresarios locales, la caída del decreto que prohibía exportar desperdicios y desechos de hierro y acero esconde, al menos, tres razones principales: el plan libertario de un comercio exterior sin ningún tipo de trabas, que incluye el desmantelamiento de la producción nacional; la suba de la tensión de la guerra fría que mantienen funcionarios del Gobierno con el jefe del Grupo Techint, Paolo Rocca; y el beneficio de un puñado de exportadores que están en condiciones de venderle al mundo la chatarra, entre los que se encuentra E-Scarp, un grupo que tiene vínculos con el actual director nacional de Residuos, Gustavo Protomastro. Este funcionario es socio-gerente (en uso de licencia) de una empresa que realiza consultoría y gestión ambiental, entre otras a E-Scarp.
Una pelea que subió a Paolo Rocca al ring
A nadie le pasó desapercibido que Sturzenegger haya subido al ring al magnate siderúrgico. Si bien es cierto que la T es uno de los jugadores energéticos más fuertes en Vaca Muerta, el 85% de la facturación del grupo durante 2024 fue generada por las empresas dedicadas al acero. Y, si bien el desecho del decreto anti exportación de chatarra impacta en otros jugadores, como Aluar, la jugada va a contramano de la lucha que desató el empresario ítalo-argentino contra la producción china. En el último ProPymes (el evento que convoca a la cadena de valor de Techint), Rocca intentó poner al Gobierno de un lado o del otro de la trinchera.
Las declaraciones públicas de Sturzenegger contra Techint fueron recibidas como un son de guerra en las oficinas que tiene el grupo en el barrio porteño de Retiro. “Es una cuestión personal que tiene este muchacho contra nosotros”, afirmó, en estricto off the record, una fuente de la empresa. Allí todavía tienen esperanzas que ese “gen anti T” del ministro desregulador sea aislado y no haya llegado a la Casa Rosada, aún cuando el propio Rocca confesó que con Milei sólo habló una vez desde que llegó al poder presidencial.
Existe un sector de funcionarios, que también trabajaron en el Estado cuando Juntos por el Cambio fue gobierno, quieren convencer al presidente Milei de barrer con el poder económico de algunos empresarios locales. “Mauricio Macri, en su lucha contra la casta, la intentó comprar para ganar tiempo, hasta que su programa económico funcionara. Perol, nunca logró tener a la casta de su lado… la estrategia de financiar a las castas resultó perdidosa, porque se quedaron con sus recursos y luego atacaron al gobierno reformista. Ahora la estrategia es que a la casta empresaria se la combate generando más competencia, lo que hace bajar sus rentas”, confesó Srurzenegger en esa oportunidad.
Lo cierto es que el ministro no logró el visto bueno para voltear anticipadamente el decreto, como había afirmado categóricamente ante la prensa luego de un almuerzo con abogados porteños, a principios de octubre pasado. “Techint me dice que la exportación de chatarra es un bien estratégico para la Argentina, ¡vos me estás diciendo en serio?”, había bramado. Lo que sí pudo lograr fue que la norma se cayera y dejara libertad automática para venderle al mundo la chatarra argentina.
LM
