A un mes de terminar el año, el Gobierno ejecutó sólo el 14% del presupuesto destinado a la Prevención del Embarazo Adolescente, una actividad que depende del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable del Ministerio de Salud. No solamente eso: también redujo la asignación de recursos respecto a 2023. De los $ 2.242 millones pasó a los $ 1.967 millones, y de ese dinero se devengaron $ 276 millones.
El impacto del ajuste no afecta a todos por igual. Según un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, si bien en general la maternidad en menores de 20 años fue en claro descenso tras la aplicación de los programas de prevención y en términos generales alcanza al 13,7% del total, en los casos de adolescentes con secundario incompleto este porcentaje es del 17,15%, mientras en los sectores más acomodados y con estudios finalizados esta cifra se reduce al 3,16%. “La vulnerabilidad (por nivel socioeconómico y educación) incrementa significativamente las probabilidades de maternidades tempranas”, concluyen.
“Esto sin dudas va a perjudicar fundamentalmente a las clases más vulneradas, porque además se suspendió el envío de métodos anticonceptivos de larga duración, no solamente para las adolescentes, sino para todas las edades”, explicó a este medio Alejandra Sánchez Cabezas, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. “Con lo cual en poco tiempo vamos a empezar a ver nuevamente un incremento de los embarazos no intencionales en la adolescencia que, como bien sabemos, habían disminuido en un 50% los dos primeros años de la implementación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA)”.
Las consecuencias también se verán en lo económico. “El Plan ENIA tenía un costo de 70 dólares por cada embarazo no intencional prevenido. Cada nacido vivo de cualquier embarazo –intencional o no intencional–, le cuesta al Estado 2.740 dólares”, agregó la especialista.
Según un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas (2020) “el abandono y el rezago educativo vinculados al embarazo adolescente y la maternidad temprana representan para las mujeres (y para el país) un costo o pérdida de $10.914 millones al año”. Por otro lado, “si el Estado invierte en la prevención de los embarazos en la adolescencia, los ingresos generados por las mujeres podrían aumentar hasta 0,14% del PBI”.
De acuerdo con un informe de ELA, el Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo “profundiza la desinversión en el plan ENIA, con una reducción real (ajustada por inflación) del 27% respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con 2023”. Además, “incorpora una nueva regla fiscal que establece un límite de gasto para las partidas no indexadas por ley. En caso de no alcanzar las proyecciones de inflación o recaudación, serán estas partidas las que se recorten para asegurar el superávit fiscal”, explicaron.
La relación entre embarazo adolescente y pobreza no solamente se refleja en una mayor incidencia de los casos. “Al prevenir la maternidad temprana y posibilitar así la continuidad de las trayectorias educativas de niñas y adolescentes, se convierte en una política fundamental para romper el ciclo que perpetúa la pobreza en Argentina”, detalla el informe.
“La evidencia muestra que el embarazo en la adolescencia impacta en los logros educativos de las mujeres que son madres: sólo el 38% de las que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y 19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel”.
Por otro lado, y respecto a la inserción laboral, “las mujeres que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad laboral en un 25% más respecto de quienes lo fueron en la primera década de la edad adulta (de 20 a 29 años)”.
Profesionales de centros de salud e instituciones públicas de diferentes provincias consultados por este medio –y que solicitaron resguardar su identidad– comentaron que “la falta de insumos es notoria. No tenemos anticonceptivos ni preservativos. Algunas provincias con más dinero, más presupuesto o más voluntad política están comprando, pero en muchas otras no”. Aseguran también que el recorte fue “brutal” y que perjudica especialmente a quienes viven en zonas rurales. “Es en donde menos posibilidades tenemos para llegar, acompañar y generar otras estrategias”
Frente a la falta de insumos, agregaron, “para poder garantizar la continuidad de la atención y de la anticoncepción, vamos cambiando por lo que hay disponible, lo que además pone en riesgo la seguridad del método y la salud de las personas”.
A mediano y largo plazo, afirman, habrá un aumento de embarazos adolescentes. Sin embargo, en el corto plazo ya comenzó a notarse un incremento de las enfermedades de transmisión sexual, aseguran.
El presupuesto para el programa de Desarrollo de Salud Sexual y Procreación Responsable también bajó en 2024 en términos absolutos respecto a 2023: pasó de los $ 7.929 millones a los $ 7.615 millones, de los cuales se ejecutaron $ 2.610 millones; es decir, el 34% del total.
