En un hecho sin precedentes en los últimos años, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) registró entre enero y octubre un superávit financiero acumulado de $5,2 billones.
Mientras que el total de la Administración Pública Nacional registra un superávit de $1,9 billones, una mirada desagregada revela que esta cifra se debe en gran parte al excedente de la ANSES.
Si se excluyen los recursos y gastos de la ANSES, el resto de la APN arrojaría un déficit de más de $3 billones.
En los primeros diez meses del año, la ANSES recaudó un total de $36,3 billones, mientras que sus gastos alcanzaron los $31,1 billones, resultando en un superávit neto de más de $5 billones.
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A pesar de este superávit, el gobierno de Javier Milei no destinó recursos adicionales para reforzar las prestaciones sociales o las jubilaciones.
Por el contrario, a lo largo del año, se suspendieron las transferencias a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la
Nación y se vetó la ley de movilidad jubilatoria que proponía mejoras en los haberes de los jubilados.
Además, se ajustaron los criterios de acceso a las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y para las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la deuda acumulada a julio de este año con las nueve cajas provinciales por parte de Nación asciende a $703.353 millones de pesos, equivalente a 0,13% del PBI.
El gasto adicional en jubilaciones y pensiones del impacto pleno de la ley de movilidad vetada hubiera sido del 0,44% del PBI, lo que equivale a un monto aproximado al ahorro actualmente vigente en las cuentas financieras de ANSES.
Distintas estimaciones sostienen que el recorte en jubilaciones y pensiones constituye el 25,3% del total del ajuste en las cuentas públicas nacionales.
