Uno de los escasos números que Javier Milei mencionó en la presentación del Presupuesto 2025 el domingo preocupó sobremanera a los gobernadores. El ajuste que deberán hacer las provincias, exigió el Presidente, deberá ser de US$ 60 mil millones. Esto equivale a casi la totalidad del presupuesto de todas las jurisdicciones sumadas.
Para calmar las aguas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió el lunes en su despacho a veinte de los 24 jefes provinciales. A su lado, el encargado de redactar la ley de leyes, Luis Caputo.
El grito en el cielo lo puso más de un responsable de territorio. “Sería presupuesto cero, no déficit cero”, respondieron a PERFIL desde Buenos Aires, el distrito que más aporta a la actividad y recaudación nacional. “El ajuste de US$ 60 mil millones que le pide a las provincias equivaldría a un ajuste en la PBA de todo su presupuesto. El 40% de ese ajuste es todo el presupuesto de la Provincia. Así de irreal es lo que pretende Milei”, graficaron en la gobernación que encabeza Axel Kicillof, a quien no se le acercó el convite para el encuentro.
“Supuestamente quieren que las provincias prioricen las obras. O sea, que después seamos todos responsables de lo que Nación decidió no hacer. El mantenimiento de las rutas nacionales está totalmente abandonado. Nosotros no vamos a ser responsables de esa deserción”, esgrimieron desde la Casa de Gobierno ubicada en la calle 5 platense.
No se le extendió invitación a la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. Desde el Ejecutivo nacional argumentaron a este medio que eso se debió a que “no estamos teniendo conversaciones conducentes con ellos. Se concentran en la crítica del manejo macroeconómico y son diálogos que no llegan a ningún lado”.
Por qué Milei habló de US$ 60 mil millones. “A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes”, había reclamado el jefe de Estado por cadena nacional. Por la mañana, el diputado libertario José Luis Espert salió a aclarar que, el gasto público que incluye a la Nación, las provincias y los municipios, alcanza al 33% del Producto Bruto Interno, estimado en US$ 600 mil millones. De ese total, la Nación gasta un 16% y las provincias un 14%, lo que representa unos 64 mil millones de dólares. “Ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser 20 mil millones de dólares”, rectificó.
“Los US$ 60 mil millones que mencionó el Presidente es un objetivo del Gobierno a largo plazo, pero no es lo que se pretende recorten este año. Es a lo que aspiramos. Y eso fue transmitido el lunes”, explicó a PERFIL una fuente de la Casa Rosada. Evaluaron el encuentro como “positivo porque pudimos profundizar sobre todas las temáticas que tenían interés en abordar”.
El resto de la reunión la dedicaron a analizar el presupuesto. Los gobernadores reclamaron por los convenios de obras ejecutados, pero no cumplidos, incluidos quienes coinciden con el objetivo de eliminar el déficit, como el mendocino Alfredo Cornejo, pudo recopilar este medio en diálogo con varios mandatarios locales.
“Nosotros estamos de acuerdo en que no haya déficit fiscal. De hecho, La Pampa hace años que no tiene déficit ni deuda. Lo que sí queremos es que Nación nos pague lo que nos deben y nos corresponde por ley, pero el Gobierno no envía. Para eso asistimos a la reunión”, explicaron a PERFIL desde la gobernación pampeana. “Nos recortaron el Fonid, la caja jubilatoria, el subsidio de transporte, casi paralizaron las obras, con envíos de recursos a un ritmo demasiado lento”, enumeraron.
Para La Rioja el desfinanciamiento nacional implicó el parate del Plan Angelelli, que lleva adelante Ricardo Quintela para la construcción y entrega de casas de tres dormitorios para que vivan las familias humildes. A su vez, se encuentra frenado el desarrollo del nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (Ceditet) riojano y la obra del gasoducto, ambas de vital importancia para los habitantes. Esto sin sumar las rutas, el plan de asfaltado provincial, la intervención del casco céntrico y la construcción de un nuevo distribuidor en la rotonda del Chacho Peñaloza, de acuerdo al listado acercado por la provincia a este medio.
Desde Casa Rosada plantean que habían tenido encuentros productivos con el gobierno de Kicillof, donde incluso habían quedado en el traspaso de obra pública, pero que luego el Ejecutivo bonaerense no firmó el traspaso de responsabilidades de éstas. En Buenos Aires explican que el Gobierno nacional cobró y cobra impuestos a los ciudadanos de la Provincia para realizar obras que en diciembre de 2023 eran casi mil en todo el territorio provincial.
A lo largo de 2024 cobró impuestos, también, con el Fondo Hídrico, el Sisvial y el Impuesto PAIS. A esta altura, esa cifra suma 1,3 billones de pesos y la ejecución no llega al 10%, precisaron fuentes del Ministerio de Infraestructura de la PBA. “Quieren transferir las obras que estaban en cabeza de Nación y que nuestro gobierno las finalice con fondos propios. Recaudan impuestos, paralizan la obra pública, dibujan un superávit trucho y buscan sacarse las responsabilidades de encima. Háganse cargo, gestionen, inviertan los impuestos que paga la gente y finalicen las obras”, reclamaron desde la cartera que conduce Gabriel Katopodis.
