El Gobierno anunció la disolución de otros cinco fondos fiduciarios públicos. Entre ellos está uno destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas. Lo hizo a través del decreto 1048/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Se trata del "Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor” (FONDCE), el "Programa de Inversiones Estratégicas", el "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata", el "Programa para incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte" (PROICSA), y el "Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria".
El FONDCE tenía por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales, y según el gobierno presentaba “debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”.
El "Programa de Inversiones Estratégicas", que tenía como fin fomentar la generación de empleo como política de desarrollo económico, fue desactivado porque "no hay motivos que justifiquen su permanencia" debido a su "falta de funcionamiento", según los argumentos del Gobierno.
Sobre el "Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata" se descubrió "la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros".
Sobre el PROICSA, destinado al otorgamiento de créditos para la industria azucarera del Noroeste argentino, el Gobierno concluyó que desde el año 2020 "no tiene actividad alguna en relación con desembolsos por realizar".
En relación al "Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria", se determinó la existencia de "debilidades importantes" y demoras en la rendición de cuentas por parte del Fiduciario, entre otras irregularidades.
Antecedentes de otros fondos fiduciarios
El Fondo para la Promoción de Inversiones y Competitividad del Sector Agroindustrial (FPROICSA) completó la asignación de las asistencias crediticias elegibles bajo el contrato con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Sin embargo, desde 2020, no se han registrado nuevos desembolsos ni actividades significativas. Esto evidencia una parálisis total en sus operaciones, dejando en el aire su contribución al sector agroindustrial.
A principios de noviembre ya había sido disuelto el Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS). Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, este fondo opera con apenas el 8% de los 40 millones de dólares que constituyeron su capital inicial. Además, durante el último año, solo se otorgaron 20 créditos, y no existen informes recientes ni programas activos dirigidos a pequeñas y medianas empresas (PyMES), que eran su propósito original.
Un análisis de la SIGEN reveló que gran parte de los recursos del fondo se destinan a sueldos y cargas sociales, representando el 74% de los gastos totales. Este desembolso equivale a 80 millones de pesos mensuales repartidos entre 26 empleados, mientras que otros 20 millones se utilizan para gastos de oficina. Según Adorni, esta estructura burocrática impide que el fondo cumpla su objetivo de promover el desarrollo de las PyMES: “El Estado metido en el medio no hace que ni las pequeñas, ni las medianas, ni las microempresas se desarrollen”, afirmó el vocero presidencial.
Otro caso reciente fue el cierre del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo, cuya misión era fomentar la ganadería ovina y un desarrollo sostenible en el sector, fue clausurado por el Gobierno tras una revisión de su desempeño. Aunque su cierre podría responder a la necesidad de optimizar recursos, también deja preguntas abiertas sobre las políticas de apoyo a los sectores productivos rurales.
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