“Chau Enohsa. Una ‘caja’ menos”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando se publicó el Decreto Delegado 1020/24 el jueves. Como lo describió también por redes Federico Sturzenegger, jefe de la cartera de Desregulación y Transformación, el organismo se encargaba de “supervisar las obras de infraestructura hídricas”, a través de la creación de redes de cañería, además de plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento y plantas depuradoras de los desechos. La entidad había permitido que se amplíe el servicio de agua potable al 85,8% de la población y el de cloacas al 63,2%.
Esto incluye llevar agua potable y cloacas a poblaciones que nunca tuvieron, potenciar el desarrollo económico sostenible y la generación energética, prevenir y gestionar el riesgo contra amenazas naturales y climáticas, y promover acuerdos interjurisdiccionales que permitieran una gestión federal e integrada para su disponibilidad a largo plazo.
Sturzenegger denunció por la red social X que “la obra pública se había convertido en un gran pasamanos donde ‘el que reparte se queda con la mejor parte’. El ministro Caputo derivó las obras municipales y provinciales a esas jurisdicciones y solo retuvo 93 obras residuales”.
El organismo benefició a 2,5 millones de personas en el acceso al agua
Trabajaban 358 personas en el ente, pero la gestión libertaria la redujo a tan solo 133, de acuerdo a las cifras que difundió el propio funcionario. El recorte salarial implicó un ahorro ínfimo para el Estado, puesto que los honorarios de los trabajadores representaban solo el 4% del presupuesto del organismo, según las cifras oficiales.
“La disolución del Enohsa es un nuevo avance en la destrucción del Estado. Otra muestra más del abandono de sus funciones como gobernantes. Tienen un profundo desprecio por trabajar para todos los argentinos”, cruzó el exministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis. “Abandonar todas las obras públicas, negar la llegada del agua potable y las cloacas, y desfinanciar todo desarrollo de infraestructura demuestra el país para muy pocos que tienen en la cabeza. Solo les preocupa la timba, el sector financiero y seguir manoteando negocios para sus amigos”, afirmó quien ahora se encarga de la cartera de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. “A la pobreza que están generando, ahora le agregan los problemas de salud que van a venir por dejar de cerrar brechas de agua y saneamiento. No les importa la salud de millones de argentinos y argentinas”, había denunciado el funcionario de Axel Kicillof.
El Ente Nacional de Obras de Saneamiento (Enohsa) no creó este año ningún proyecto nuevo, sino que el paso de la motosierra sobre la obra pública incluso paralizó los 654 trabajos que había dejado la gestión anterior en ejecución o por iniciar a diciembre 2023. El traslado a las provincias y municipios de 561 obras dificultará su terminación a tiempo puesto que los presupuestos subsoberanos no suelen tener la capacidad de cubrir proyectos de tal magnitud.
El organismo había recibido 28 obras de Macri en 2019. El exministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis durante cuatro años llegó a realizar 1.240 en las 23 provincias. Este tipo de obras muchas veces triplican el presupuesto de un municipio y no podrían llevarse a cabo sin la presencia del Estado nacional.
A fines de la gestión de 2023, Enohsa contaba con un presupuesto de más de $ 82 mil millones, 1.040% más que el vigente con Mauricio Macri, de acuerdo a un informe de gestión interno. Además, contaba con líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo, que permitirían seguir ejecutando y planificando obra pública en todo el país.
En su balance, Enohsa benefició a 2,5 millones de personas con obras de agua potable (1,1 millones de forma directa y 1,9 millones potenciales), con lo que se alcanzó con servicio de agua al 85,8% de la población. Además, amplió en 3,1 millones de argentinos a los favorecidos con obras de acceso a cloacas (2 millones por vía directa y 1,8 millones de beneficiarios potenciales), por lo que se llegó con servicio de saneamiento al 63,2% de la población.
Tasas municipales: Caputo imputó a distribuidoras
El Gobierno imputó a las distribuidoras de energía por incluir las tasas municipales en sus boletas pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, había amenazado para que las saquen a través de la Resolución 267/2024. La Secretaría de Comercio, que depende del funcionario, notificó el lunes a 95 empresas por un total de 244 expedientes.
Se imputaron empresas que cobran en sus facturas las tasas de la Ciudad de Buenos Aires y de algunos distritos ubicados en Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
A partir de recibir la notificación, las compañías cuentan con cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido ese plazo, desde el Ejecutivo plantearon que serán sancionadas con multas de hasta $ 2.130 millones.
En la provincia gobernada por Axel Kicillof, el organismo de control les aclaró a las distribuidoras sobre las que tiene injerencia que la ley bonaerense les permite cobrar las tasas en las boletas de luz y gas. Muchos municipios consiguieron además fallos favorables de la justicia federal, que obligó a Caputo a excluirlos del listado. Morón, por caso, tiene permitido incluir el costo del alumbrado público. “Se evitará así un grave desfinanciamiento municipal que podía afectar seriamente a los vecinos”, aclararon oficialmente. Entre los municipios bonaerenses sí incluidos en las imputaciones de Comercio figuran varios que habían dado declaraciones de apoyo a Nación, pero no modificaron su forma de recaudar.
