La ex primera ministra británica Margaret Thatcher, una reconocida mentora ideológica del actual gobierno argentino, es recordada, entre otras cosas, por su sentencia durante una entrevista de 1987: “¿Quién es la sociedad?… no existe tal cosa, tan solo individuos, hombres y mujeres”. Este dislate que contradice evidencias de innúmeros estudios históricos, antropológicos, etnográficos, sociales y económicos, describe la concepción del actual gobierno argentino: destruir cualquier tipo de acción colectiva, comunitaria y social que conforme lazos sociales.
Esto incluye las relaciones con instituciones internacionales que, más allá de sus defectos, representen cualquier signo de pluralismo, búsqueda de integración y cooperación en cuestiones de interés común de la humanidad. El objetivo del gobierno argentino y de otros que comparten su afán destructivo y belicista es transformar a la sociedad argentina en una manada de individuos compitiendo para sobrevivir en un contexto hostil e inseguro.
¿Qué pasa con la gente que quede cada vez más vulnerable y marginada en esta reconfiguración de las relaciones sociales? Otra sentencia reconocida de la llamada Dama de Hierro británica ilustra la doctrina del gobierno argentino: “Nadie recordaría al buen samaritano si este solo hubiera tenido buenas intenciones. También tenía dinero”. En esta reinterpretación de la parábola del buen samaritano, relatada en el Evangelio de Lucas, se entiende que la mayor virtud de una persona es tener dinero. Solo quienes tienen dinero se pueden hasta dar el lujo de ser buenos.
En la práctica, por este camino el Gobierno lleva a la destrucción de la sociedad argentina que, como toda sociedad de derechos pluralistas, reconoce múltiples valores que la mantienen integrada. La prueba más clara es el ataque frontal del Gobierno en dos áreas que plasman los compromisos intergeneracionales de la sociedad: el sistema de previsión social y las políticas de lucha frente a la crisis socioecológica, de la que el cambio climático es su expresión más difundida, pero no la única.
A esto se suma la desarticulación de toda actividad que genere recursos de valor público, como la científica, la artística, la educación y la salud públicas, etcétera. También la negación de todo derecho a los grupos más débiles del entramado social, que han nacido sin herencia y en contextos de alta vulnerabilidad y pobreza. Esto es, el lazo más potente en base al cual el Gobierno pretende que se organice la sociedad es la propiedad y la herencia privada, para que los grupos más opulentos decidan la vida del resto según su mayor o menor predisposición samaritana.
Entre otras consecuencias de este ataque a la sociedad desde el poder del Estado, la más evidente es el aumento del desamparo, el miedo, la inseguridad y la inestabilidad de la vida de la mayoría de las personas. De hecho, la escalada de violencia verbal se corresponde con acciones represivas desde el poder político sobre cualquier expresión crítica y de protesta. La brutalidad e ineficacia de esta concepción no es percibida en su total magnitud, particularmente por la elite dirigente que históricamente se acomodó a los poderes de turno en defensa de su interés particular y que vive, razona y actúa estimulada por beneficios de corto plazo.
Están equivocados quienes piensan que así se logrará estabilidad económica y social. La atomización social destruye toda posibilidad de sostener componentes claves de las relaciones económicas y sociales como la promesa, el compromiso, el contrato y la propia propiedad privada. Esta inestabilidad e incertidumbre es la antítesis de lo que se necesita para enfrentar los cambios acelerados que se están verificando en el mundo: agotamiento potencial de los recursos energéticos tradicionales, inestabilidad de los mercados, crecimiento de la desigualdad, migraciones masivas, conflictos bélicos, automatización de los procesos productivos y operativos, creciente oferta y decreciente demanda de empleo, etc. Estas y otras transformaciones en curso complejizan cada vez más la vida de las personas y reclaman cooperación, no confrontación.
Por el contrario, en lugar de promover la cooperación y el entendimiento entre diferentes grupos, el gobierno argentino busca simplificar la vida social con una retórica binaria y cada vez más extremista, que no solo descalifica la crítica económica y social, sino que pretende digitar la vida privada de las personas. Esta retórica puede aletargar por un tiempo a una población frustrada por experiencias políticas previas, pero no puede durar mucho frente a la irracionalidad y los efectos negativos de una política a contramano de la realidad y que privilegia los beneficios financieros de corto plazo de una elite frente a las necesidades humanas básicas de la mayoría.
Los cambios profundos que se están verificando en el entorno de vida de las personas no se resuelven con tablita cambiaria y bicicleta financiera, sino que reclaman acciones colectivas y coordinadas dentro del país y con otros Estados. Todo lo contrario de la política oficial. Por ejemplo, pese a la avalancha de datos sobre la crisis climática y su probable evolución catastrófica, alertada por científicos e instituciones de todo el mundo, el gobierno argentino se empeña en negar la gravedad de la situación y exponer a la población del país a eventos catastróficos (incendios, inundaciones, contaminación ambiental, etc.) para que unos pocos grupos privados exploten indiscriminadamente los recursos naturales comunes. Así, un grupo reducido de corporaciones decide sobre el agua, el aire, los bosques y otros recursos naturales imprescindibles para la vida de las generaciones presentes y futuras en el país.
Esta es la parte oculta del programa de la motosierra que disfruta destruyendo sin crear nada. Una cosa es utilizar fondos para inversión productiva que busque cambiar la matriz energética contaminante y otra muy distinta es seguir subsidiando la extracción de minerales y combustibles fósiles para cambiar la matriz energética. Una cosa es estabilizar precios con políticas económicas coordinadas y otra muy diferente controlar el tipo de cambio, aumentar la deuda, provocar recesión, destruir empleos y bajar salarios para habilitar rentas financieras e ilusión monetaria que mantienen reprimida la inflación. Una cosa es luchar contra la corrupción en el Estado y otra muy diferente dejar desamparada a la población más vulnerable, incluyendo a los trabajadores pasivos.
Justificar todo esto señalando las malas prácticas de gobiernos anteriores es una estrategia artera y temporal que simplemente prueba el desamparo de la población argentina frente a las opciones que ofrece el sistema político. Las malas acciones contra la sociedad de gobiernos pasados no justifican las malas acciones de gobiernos presentes y futuros.
Que funcionarios de gobiernos anteriores sean corruptos no habilita que corruptos formen parte de este gobierno y mucho menos que se abandone la protección de la población vulnerable y marginada. Que otras personas hayan lucrado personalmente con el patrimonio público en el pasado no justifica la concesión sin controles a intereses privados del patrimonio público y la destrucción del medio ambiente. La historia demuestra que la privatización descontrolada de patrimonio público es una de las fuentes de corrupción más potentes en Argentina y otros países, lo cual lo saben muchos funcionarios de este gobierno que fueron parte de estos procesos con otros gobiernos del pasado.
Ya está claro para dónde va la coalición que tomó el poder en el país: su objetivo es destruir toda posibilidad de acción colectiva para transformar a la sociedad argentina en un enjambre de personas aisladas, aterrorizadas y a merced de un grupo de poderosos. No es necesario ni razonable esperar más tiempo para ver los resultados de este ataque contra la sociedad argentina. Este es un argumento tan falaz como pedir más tiempo para ver si realmente se calienta el planeta y aumenten las catástrofes climáticas, mientras se acelera la crisis socioecológica con la extracción de combustibles fósiles, la depredación forestal, el consumo opulento, etcétera.
No debe extrañar que se busque cortar relaciones con los organismos internacionales que se ocupan, con todos sus defectos, de estos y otros temas trascendentes para la humanidad. Lo que se busca es abandonar todas las instituciones capaces de trabajar por una integración internacional más equilibrada, para en su reemplazo colocar al país como eslabón subordinado de una globalización económica y política bajo el mando de unos pocos.
El presente y el futuro de la sociedad argentina no serán promisorios si se sigue dejando que un grupo de poderosos se apropie de los recursos comunes de la sociedad y destruya todos los lazos de integración social para favorecer intercambios mercantiles desiguales y especulativos. Hay que oponerse firmemente a esta violencia con proyectos colectivos, cooperativos y solidarios que no tienen nada que ver con las prácticas de gobiernos anteriores cuyo accionar habilitó el ascenso del actual. No se trata simplemente de resistir, sino de construir alternativas que salven a la sociedad argentina de los crecientes ataques que buscan su destrucción.
* Presidente de la Red Argentina por el Ingreso Ciudadano.
