La desregulación del aporte obligatorio de las empresas a las cámaras sectoriales provocó un cimbronazo en el mundo privado. Aun adeptos a libertades y a la quita de trabas, los empresarios leyeron en la movida del ministro Federico Sturzenegger una “revancha” contra la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que volteó a muchas otras entidades que temen por el desfinanciamiento de las representaciones de primer, segundo y tercer grado. Los más desconfiados plantearon que la iniciativa es, en realidad, una suerte de golpe al corazón financiero del lobby del círculo rojo.
“Es un ataque a las organizaciones de la gremial-empresaria”, se quejó, en estricto off the record, el líder de una de las entidades empresarias más poderosas del país. Sucede que muchos de los entornos afectados por el decreto desregulatorio mantienen un fuerte respaldo a la gestión de Javier Milei, aunque temían que su Gobierno finalmente iba a avanzar sobre las cajas más preciadas. De los aportes obligatorios de las patronales se valían para capacitar a los empleados, como también para realizar obras privadas en las ciudades y sostener el funcionamiento de las cámaras locales, regionales, provinciales, sectoriales y nacionales. En definitiva, una independencia de movimiento que genera inquietud en el mundo de la política tradicional.
Según pudo saber PERFIL de parte de fuentes empresarias, en noviembre pasado hubo una cumbre entre Sturzenegger y los representantes de las cámaras empresarias, en donde el ministro adelantó la decisión de desregular el aporte obligatorio. Allí los jefes sectoriales alertaron sobre las consecuencias que provocará el desfinanciamiento de las cámaras, que utilizaban esos fondos para capacitación, pero también para el sostenimiento de los centros de estudios, que elaboran informes propios; asesoramientos a comercios y fábricas, en distintos rubros; y aportes económicos para atender problemáticas de infraestructuras en pueblos y ciudades.
El blanco apuntó contra un sector clave de la economía doméstica
El rubro de Comercio es el más afectado por el decreto de Sturzenegger, pero hay fuertes diferencias entre los números que maneja el Gobierno y el que denuncian las cámaras. Según la información de la Secretaría de Trabajo, de donde hace alusión el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, los trabajadores mercantiles son alrededor de 1,2 millones. Mientras que los empresarios perjuraron que el cobro del aporte obligatorio que hacen los dueños de los comercios incluye un universo estimado de 700.000 empleados. El resto es empleo informal. Para el cálculo en este sector se toma como base el salario de Ordenanza, el más bajo de la categoría, que está en torno a los $950.000, lo que significa un aporte de $4.750 por cada trabajador.
“Este recorte no afectará ni al precio de los productos, como tampoco en un mayor ingreso de los trabajadores”, aclaró un empresario del rubro mercantil, consultado por PERFIL. “No comprás ni dos gaseosas con esa plata”, dijo, sarcástico, otro líder del sector privado. De hecho, en la charla que se realizó hace más de tres meses atrás, los líderes de cámaras empresarias intentaron convencer a Sturzenegger que un aporte opcional no tendrá adherentes. “Es como darles a los contribuyentes la opción de pagar o no los impuestos municipales, provinciales y nacionales”, se planteó en ese momento.
Según relevamientos realizados por distintas entidades a los que accedió PERFIL, existen entre 20 y 24 convenios colectivos de trabajo que contienen una obligatoriedad de aporte patronal. Algunos de ellos comparten los ingresos con cajas sindicales, a pesar de que la contribución es exclusivamente de los empleadores. Además de Comercio, están los rubros del Caucho, Farmacia, Gastronómicos, Metalúrgicos, Estaciones de Servicio, Camioneros, Plásticos, Textiles y Madereros, entre otros.
¿No eran buenos los monopolios? La trama detrás de la "guerra" entre Javier Milei y Clarín
Una medida política que pega en el círculo rojo
“No nos tomó por sorpresa, pero tampoco entendemos la medida. El Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), que sirve de ente recaudador, es una sociedad sin fines de lucro que tiene balances y cuenta con una auditoría privada. Todo es muy transparente. Por el lado del uso de los fondos no es el problema. Y si bien entendemos que hay que quitar regulaciones, en este caso es de uso totalmente solidario y beneficia a los comercios y a toda la sociedad que utiliza los centros comerciales”, se atajó un líder empresario. Según pudo saber este medio, son alrededor de 300 Cámaras de Comercio de todo el país que entrarán en crisis de financiamiento.
Por eso, algunas fuentes consultadas, incluso en esferas que no fueron afectadas por la quita compulsiva del aporte patronal se animaron a señalar que la medida “busca debilitar” al círculo rojo, un ámbito que es apuntado por Milei como “desestabilizador”, cuando el análisis se diferencia de la postura oficial. Por caso, en las últimas horas el jefe de Estado calificó de “operadores de la deva”, luego de que algunos empresarios señalaran, por lo bajo, los peligros del atraso cambiario. “Cuando la economía se ordena, lo que sacan de la empresa no les permite mantener el nivel de vida que traían y en lugar de ganar eficiencia para bajar los costos, invertir para ampliar el stock de capital, piden devaluar para bajar los salarios y así poder seguir viviendo de modo cómodo”, disparó el presidente.
“Existe un plan para debilitar el poder empresario y desgastar su imagen. Este mecanismo no es nuevo y muchos gobiernos lo usaron para mostrarse fuertes ante la sociedad, especialmente en años electorales. Es peligroso, porque son los empresarios nacionales los primeros en invertir en el país, ya que nadie de afuera pondrá un dólar si en la Argentina primero no se invierten pesos”, se quejó el mandamás de una empresa grande, consultada por PERFIL.
Las cámaras advierten que no bajarán precios, ni aumentarán salarios
La Cámara Argentina de Comercio (CAC), una entidad que respaldó las medidas gubernamentales, aclaró que el instituto de capacitación INACAP “es financiado exclusivamente mediante contribuciones patronales y no mediante aportes personales”. “Esto es, el trabajador no sufre descuento alguno a causa de esta contribución —y, consecuentemente, su supresión no redundará en un incremento del salario de bolsillo—", señaló la entidad.
“Tampoco es correcta la información que indica que estos fondos en parte se destinan al sostenimiento de entidades sindicales. Por el contrario, los recursos del INACAP son administrados exclusivamente por el sector patronal. Esto es, son recursos que aportan los empresarios y que son gestionados por las cámaras empresarias que los representan. Asimismo, es errónea la cifra de recaudación señalada, toda vez que los fondos que ingresan al Instituto son significativamente inferiores”, destacó en un comunicado de prensa.
Según los mercantiles de la CAC, el INACAP capacitó a “más de 8 millones de personas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, atendiendo a las necesidades particulares de las diversas ramas de la actividad y de las distintas zonas geográficas”. Pero no sólo es formativa la finalidad, sino que busca “fomentar la interacción con los distintos organismos del Estado en todos sus niveles, la promoción de la actividad comercial y el fortalecimiento del desempeño de las entidades empresarias en sus diversos grados”, destacó.
“Muchas de las acciones que llevan adelante estas instituciones muy difícilmente serían sostenibles con el financiamiento voluntario, toda vez que sus beneficios tienen carácter general y no excluyen a quienes no contribuyen con su sostenimiento. Esto comprende desde la gestiones y propuestas ante los distintos gobiernos, las negociaciones con las contrapartes sindicales, la defensa y promoción de la empresa privada y la libertad económica, entre tantas otras”, alertó.
La defensa de CAME al INACAP: “impulsa la modernización de las pymes”
Por su parte, CAME agregó que la entidad “impulsa la modernización de las pymes, fomentando su crecimiento sustentable y brindándole las herramientas necesarias para que puedan fortalecerse y adoptar un panorama innovador, con conciencia social, y que les permita desarrollarse en el plano nacional e internacional”.
La entidad, que conduce Alfredo González, destacó que “CAME es quien aglutina y articula a nivel regional y nacional los diversos pedidos de las pymes; cuando hay normativas que complican su día a día o cuando algunas decisiones las dejan en un segundo plano, ya que las pymes son el 99% de las empresas de Argentina y dan trabajo a más de 4.000.000 personas”.
“En ese sentido, puede afirmarse que los recursos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) no sólo permiten una amplia y profesional actividad capacitadora, sino que también resultan fundamentales para darle voz a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Por lo tanto, desde CAME reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para la capacitación constante y la profesionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas”, sostuvo un comunicado de prensa.
ML
