Un tipo de cambio atrasado, salarios del sector público como ancla y restricciones al otorgamiento de créditos bancarios fueron las tres claves de un plan de estabilización que no dio buenos resultados en Venezuela.
El país llegó al domingo de elecciones con el 51,9% de la población en situación de pobreza multidimensional y el 89% de sus hogares con inseguridad alimentaria, según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello.
A falta de datos oficiales –y para hacer una reconstrucción de los principales indicadores– hay que recurrir a diferentes organismos independientes como esta universidad y otros como el Observatorio de Finanzas y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Según esta última organización, la desnutrición aguda era del 11% para principios de 2023, y “la alta inflación y la dolarización exacerbaron la inseguridad alimentaria”.
La Encovi reveló que el 10% más rico de la población venezolana percibe, en promedio, ingresos 34 veces mayores que el 10% más pobre. La desigualdad es mucho mayor a la del resto de la región, que según el BID es la más desigual del mundo: “El 10% más rico de la población tiene en promedio ingresos 12 veces mayores que el 10% más pobre. El promedio para países desarrollados en la OCDE es de 4 veces”.
La evolución de los salarios está íntimamente relacionada con esa distribución regresiva de los ingresos. El salario mínimo está congelado desde marzo de 2022 en US$3,6 mensuales, el más bajo de Latinoamérica. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros publica mensualmente el valor de la Canasta Alimentaria Familiar. En junio, según este estudio, una familia venezolana necesitó 170 salarios mínimos para acceder a los bienes más básicos. “Un hogar venezolano integrado por cinco miembros necesitó 18,34 dólares al día para poder comprar los 60 productos que conforman la canasta alimentaria”, destacaron.
En cuanto al salario promedio, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en el segundo semestre del año se amplió la brecha entre las remuneraciones del sector público y el privado. “En el segundo trimestre de 2024 las cifras de remuneraciones de los trabajadores del sector privado del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente a la rama del comercio y los servicios, el cual emplea a más del 60% de los trabajadores, muestran una recuperación tanto con relación al trimestre anterior como a similar lapso de 2023”.
De todas maneras, la remuneración promedio del sector privado alcanzó para adquirir el 40% de la canasta alimentaria, mientras en el caso de los empleados del sector público este porcentaje se redujo al 15%.
La inflación erosionó el poder adquisitivo de los salarios durante muchos años. Según el Observatorio, en junio fue del 2,4% (una cifra superior a las estimaciones oficiales, que arrojaron un 1%). Si se toman los datos del Observatorio, la inflación interanual fue del 68%.
Teniendo en cuenta la reciente historia de hiperinflación en Venezuela, la cifra parece un alivio. El problema, estima Daniel Cadenas, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, es que la estrategia con la que se logró bajar la inflación no es sostenible.
La que ocurrió entre 2017 y 2021 “fue una hiperinflación muy larga, una de las más largas que ha habido en la historia desde que se tiene registro”, explicó el especialista a PERFIL. En ese periodo se produjo también la mayor emigración de los 7,7 millones de venezolanos que se encuentran afuera: las remesas que envían compensan en parte los bajos ingresos de los familiares que quedaron en el país, aunque esto no es suficiente, señala en un estudio la consultora Anova Policy Research.
“El primer elemento que contribuyó a la desaceleración de ese proceso inflacionario fue la dolarización: la economía venezolana se fue dolarizando de manera informal, porque el bolívar ya no servía como medio de intercambio, reserva o depósito de valor. Fue una dolarización progresiva”, agregó.
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A finales de 2018 el gobierno comenzó un programa de estabilización que pretendía bajar a un dígito la inflación. Este programa está basado en tres pilares fundamentales: el uso del tipo de cambio y los salarios públicos como anclas nominales, y la restricción para el acceso a créditos.
El economista explicó que el primer eje del gobierno consistió en “influir sobre la política cambiaria a través de colocaciones en el mercado cambiario de dólares provenientes de las reservas internacionales o el flujo de caja de PDVSA”. Otro mecanismo utilizado para contener la inflación es la restricción en los créditos, afirmó el especialista. “En Venezuela los bancos no pueden prestar sino una pequeña fracción de los depósitos que tienen captados de los ahorristas. El gobierno tiene la idea equivocada de que la gente puede ir a pedir prestados bolívares para, con esos bolívares, especular y comprar dólares. Pero, si bien es cierto que en Venezuela eso funcionó durante un buen tiempo, ahora no: los créditos que da la banca venezolana son créditos indexados, es decir, se otorgan en base al equivalente en dólares”.
El tercer eje de esta estrategia de desinflación es el uso de los salarios de los trabajadores del sector público como ancla. “El salario mínimo legal lleva dos años sin actualizarse”. Para pagar esos salarios el gobierno se financiaba con emisión. “Con ese dinero se pagaban los sueldos y los aumentos de sueldos y salarios de los empleados públicos. Entonces se ha parado el ritmo de la maquinita y la única manera de hacer eso es someter a los empleados públicos al hambre y a la miseria”.
El tipo de cambio pisado, la caída en la actividad económica y el salario como ancla –con la consecuente baja en el consumo– mantuvieron la inflación a niveles muy bajos en comparación con los últimos años. Sin embargo, concluyó Cadenas, eso no puede mantenerse a largo plazo: “está basado en elementos que son poco sostenibles”. Entre ellos, que la estabilidad en el tipo de cambio es producto “de intervenciones cambiarias a través de la colocación de dólares en el mercado cambiario”, cuestión difícil de sostener en un país dependiente del precio internacional de petróleo. La situación actual y la posibilidad de que las sanciones se intensifiquen también podrían hacer tambalear este mecanismo.
A pesar de las similitudes que esta estrategia parece tener con la del actual gobierno argentino, el economista opinó que hay grandes diferencias. La primera, afirmó, es el contexto. Según explicó, la dolarización de facto en Venezuela es mucho más fuerte que la que se pueda dar en Argentina. “El peso argentino sigue fijando precios, mientras en Venezuela todos los precios están fijados y marcados en dólares”.
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