En medio de denuncias del Gobierno por supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones no contributivas otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de esta agencia a la órbita del Ministerio de Salud, organizaciones no gubernamentales y activistas advierten una drástica reducción en las prestaciones tanto estatales como privadas.
El Gobierno oficializó este mes una actualización del 3% para los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad a partir de junio, un monto que los prestadores no solamente consideran insuficiente porque está por debajo de la inflación, sino también porque sigue acumulando un atraso respecto a meses anteriores y deteriorando el acceso a la salud. “El criterio para dar solo un aumento del 3% en el porcentaje porque la Superintendencia, de afrontar un porcentaje mayor, iría a la quiebra, no es un argumento que pueda ser esgrimido por los prestadores al momento de tener que hacer frente a sus obligaciones ante la AFIP, sus empleados, las empresas de servicios, entre otros gastos”, afirmaron en un comunicado desde el Foro Permanente de Discapacidad.
El problema es que tanto el atraso de los montos que se paga a los prestadores como el ajuste en programas como Incluir Salud ya comenzaron a notarse. “El recorte en tratamiento ha sido en horas: obras sociales que te dicen que la quinta semana de un mes no te la abonan, o que autorizan menos horas de tratamiento que las solicitadas”, explicó a PERFIL Claudia D’Ippolito, psicóloga prestadora de personas con discapacidad.
Las maestras de apoyo escolar también recortaron horas de asistencia. “Ya no hay 100% de cobertura. Van dos días o tres, por lo que el apoyo se reduce al 40% o 60%”, algo que, explicó la profesional, redunda en una peor calidad de vida. “Las maestras de apoyo antes, con dos acompañamientos, uno a la tarde y uno a la mañana, llegaban a la canasta básica. Ahora no, por eso toman a muchas estudiantes y el trabajo está cada vez más precarizado”, afirmó.
El monto que reciben los centros de día también está desactualizado, explicó la profesional. “Eso se traduce en menos cantidad de prestaciones”.
La falta de actualización de montos a los prestadores también impactó en el transporte. “El kilómetro de transporte está a $500. Muchos transportistas se dieron de baja por la falta de actualización y la demora en el cobro, que puede demorar meses”.
El Gobierno denunció un presunto fraude en gran escala con las pensiones
Quienes no tienen obra social y acceden a una pensión no contributiva deberían estar cubiertos por el programa Incluir Salud. Pero, advirtió, este programa “no está aprobando prestaciones ni brindando el servicio como debiera hacerlo, y tampoco están incorporando nuevas prestaciones al sistema”.
El cierre de centros de referencia en el interior del país dificulta el acceso a las personas al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y a una pensión no contributiva.
En medio de todo esto, y como resultado de una auditoría interna a la Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo de Diego Spagnuolo, el Gobierno denunció casos de supuesta corrupción en el otorgamiento de pensiones de discapacidad.
Ante esta acusación, Gabriela Bruno, activista por los derechos de las personas con discapacidad, afirmó a PERFIL que la caída en las prestaciones estatales y la no incorporación de nuevas personas con discapacidad no puede separarse del contexto de “toda esta lupa puesta sobre las pensiones nacionales no contributivas, con todo este manto de sospecha que hay hacia las personas con discapacidad y hacia el invento de los diagnósticos”. Bruno aclaró que es difícil que, con todos los papeles y trámites que hay que hacer para conseguir una pensión, sean otorgadas “a dedo”. Sin embargo, en el caso de que esto sea posible, la tarea del gobierno debería ser “revisar la documentación presentada, pero no quitar el derecho a otros solicitantes o poner bajo sospecha a las personas con discapacidad”.
En Argentina hay 6 millones de personas con discapacidad, pero solamente 1,2 millón cobran pensiones no contributivas. “De ellas, un tercio son otorgadas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el resto posee certificado médico, porque la ley sancionada en 1948 así lo permitió, dado que aún no existía el CUD”, señala en un comunicado la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
“Cuando se plantea todo este cuestionamiento a las pensiones nacionales no contributivas, ¿por qué no se plantea en realidad el acceso al trabajo?”, afirmó Bruno. “Las personas con discapacidad queremos acceder al trabajo, las pensiones son un paliativo, es algo que en América Latina ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, pero que responde a una situación que está mal planteada”, agregó.
Desde REDI afirmaron además que “el Estado incumple el cupo laboral de trabajadores con discapacidad (Art. 8° Ley 22.431/81) y las personas con discapacidad desempleadas están a la deriva de las políticas de turno. El mercado laboral es expulsivo: por lo general los empleadores consideran que las personas con discapacidad somos improductivas”.
Hay otras cuestiones que también preocupan a las organizaciones. Entre ellas, el traspaso de la ANDIS a la órbita del Ministerio de Salud, establecida en el decreto 585/2024.
“Esto implica volver a concebirnos a las personas con discapacidad como personas enfermas, ligar a la discapacidad al binomio salud-enfermedad, y es un grave retroceso en términos de derechos humanos”, explicó Bruno.
Esa concepción es algo que quedó atrás después de la aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, a la que Argentina adhirió y que tiene rango constitucional desde 2014, agregó la activista.
“La Convención viene a achicar esa brecha histórica de desigualdad, que nos posicionaba a las personas con discapacidad en un lugar de ciudadanos subalternos, que transitábamos por un carril paralelo. Entonces solo teníamos acceso a la rehabilitación o a estar en lugares recluidos o en instituciones especializadas en abordar las situaciones de discapacidad”, continuó.
En la práctica este traspaso se puede traducir, además, en una menor cantidad de prestaciones. “Con el paso de ANDIS a Salud lo que intentan a la larga es cubrir únicamente prestaciones en salud, cuando el modelo de la Convención es un modelo social donde no solamente cubrís salud: también escuela, transporte, y todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales”, sintetizó D’Ippolito.
