Desde que inició, la actual gestión tomó diferentes medidas tendientes a desregular –y también regular– los servicios privados de salud y el valor de los medicamentos. La más reciente fue la resolución 3.934/2024, que restringe el alcance de los servicios prestados para los planes cerrados, es decir, los más económicos que ofrecen las prepagas.
La nueva disposición preocupa a asociaciones de pacientes, especialmente a las que nuclean a personas con enfermedades poco frecuentes: una limitada cantidad de empresas de medicina privada incluye en su cartilla a profesionales capacitados para atenderlas. Por eso, “los pacientes concurren a una consulta particular o a un hospital público, donde están los equipos tratantes”, explicó a PERFIL María Eugenia Koolen, asistente social de la Asociación de Fibrosis Quística Argentina (Fipan).
El texto publicado en el Boletín Oficial explicita que, para los planes de salud cerrados, la cobertura de prácticas y medicamentos será otorgada exclusivamente sobre la base de prescripciones realizadas por los médicos que integren la cartilla de prestadores. El objetivo de la norma es “garantizar la sostenibilidad financiera de los agentes de seguros de salud”.
Por qué los medicamentos cuestan entre 7 y 8 veces más en Argentina que en España
El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, afirmó en una entrevista en radio Mitre que detectaron “un elevado número de médicos no especialistas que no conocen al paciente y prescriben medicamentos de muy alto precio”, y que la nueva disposición impactará sobre estos últimos. La decisión “tiene que ver con asegurar los recursos de un sistema, para que lleguen a los que necesiten y que no se dispersen en el camino”, declaró.
“En el discurso aparece que es todo para mejorar la situación, y lo que vemos diariamente es cómo empeora la situación”, explicó Koolen. “Por ejemplo con el tema de los moduladores, que es esa medicación nueva para nuestra patología, y que mejora la calidad de vida un 100%, las familias se la pasan penando y viendo hasta cuándo les alcanza. Nunca se sabe cuándo llega la medicación que venía entregándose por el programa nacional para enfermedades poco frecuentes”, explicó. “El programa nacional Incluir Salud tampoco entrega otras medicaciones más elementales, como las enzimas pancreáticas o los nebulizadores, porque dicen que son de alto costo”.
Para Alejandra Sánchez Cabezas, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, “esta medida parece más una estrategia para proteger la estabilidad financiera de las empresas que una defensa del derecho de la población a un cuidado de su salud”. Si el objetivo es generar transparencia, agregó, “la receta electrónica y los vademécums basados en evidencia científica son herramientas que permitirían garantizar la calidad y seguridad de las prescripciones”. La profesional advirtió que esto se ve agravado por “la creciente salida de médicos de las cartillas debido a las bajas retribuciones”
Adolfo Rubinstein: “La salud no puede estar totalmente desregulada porque es un bien público”
La resolución también genera inquietud entre quienes tienen enfermedades oncológicas. “Los pacientes están sumamente preocupados. Esto siempre se suma a la situación de angustia, miedo y ansiedad de tener que estar transitando un tratamiento y encontrarse frente a estas trabas del sistema”, agregó a este medio María Alejandra Iglesias, presidenta de la Asociación civil Sostén.
Esta disposición “habilita a que un niño con cáncer, cuya familia tiene obra social o prepaga, no pueda ser asistido por los mejores oncopediatras, que no abundan, y que no hay en todo el país. Algunos tienen convenios con muchas obras sociales, pero no con todas”, explicó a PERFIL Alexis Descourvieres, representante de la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa) y miembro del grupo Mamás y papás contra Gliomas. “La resolución li-mita los amparos y medidas cautelares a las que muchas personas recurren porque su obra social, prepaga o el Estado no cumplen”.
Importación de medicamentos: ¿impacta en el precio?
Otra cuestión en la que el Gobierno decidió avanzar es en la importación de medicamentos. El 3 de octubre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró en su cuenta de X la iniciativa de la provincia de Mendoza para comprar medicinas a la India. “En las próximas horas el gobernador Alfredo Cornejo recibirá una carta del ministro de Salud Mario Lugones que revolucionará el mercado de medicamentos en Argentina. La carta confirmará que la ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la importación, uso y comercialización de medicamentos en cada provincia. En español esto quiere decir que el gobernador no tiene necesidad de autorización nacional para importar ningún tipo de medicamentos”. Esto, opinó, generará “una caída abrupta” en los costos.
Sonia Tarragona, economista y directora de la Maestría de Farmacopolíticas de la Universidad Isalud, explicó en un documento que compartió con PERFIL que, por la complejidad del mercado local, “no hay evidencia de que el ingreso de productos de estos países impactará en la reducción de los precios”. Por el contrario, podría generar pérdidas económicas.
Tarragona, quien también se desempeñó como jefa de Gabinete del Ministerio de Salud durante la gestión anterior, aclaró que, “en nuestro país, la norma que regula la importación de medicamentos es el decreto 150/92”. Ese decreto establece que los medicamentos que provienen de naciones como los Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia, España o Reino Unido pueden ingresar a la Argentina de manera automática, solo registrando el producto en la Anmat. Mientras, para la compra a otros países, incluidos la India, “la autorización dependerá de la presentación de información específica del producto”, y de requisitos como normas mínimas en el proceso de fabricación.
“Avanzar en la importación sin los requerimientos actuales implicaría reconocer que sus autoridades regulatorias/sanitarias garantizan el cumplimiento de requerimientos regulatorios equiparables con los rigurosos criterios científicos de países de alta vigilancia sanitaria y/o los de la Anmat, cosa que no es así”, agregó. Por el lado económico, argumentó, podría perjudicar a una balanza comercial que para el sector ya es deficitaria (en US$ 7.012 millones para 2023).
En materia de desregulación el Gobierno también avanzó en la liberación de los precios de la medicina prepaga, algo que generó –de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)– que el 10% de los afiliados abandonaran la cobertura en los primeros tres meses del año.
En el medio, Pami anunció que 44 medicamentos dejarían de tener cobertura del 100% y, junto a la resolución 3.934/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud, también se publicó el decreto 955/2024, que permite a las prepagas decidir si afilian o no a los monotributistas.
LT
