ECONOMIA
UN AÑO DE RECLAMOS

Denuncias, fallos y allanamientos: la judicialización contra la motosierra

La política de reducción de gastos del Estado generó una gran cantidad de amparos y denuncias contra el Gobierno nacional en la Justicia. En la mayoría de los casos, el Ejecutivo apeló las decisiones y las causas todavía están pendientes de una resolución definitiva. Desde los alimentos almacenados en depósitos que el Ministerio de Capital Humano no entregó a los comedores hasta la falta de provisión de medicamentos a pacientes oncológicos, pasando por un pedido de inconstitucionalidad de los motivos del veto al aumento de las jubilaciones, estas son algunas de las cuestiones que dispararon los recursos.

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ALIMENTOS. La ministra Sandra Pettovello fue intimada reiteradamente por no repartirlos. | NA

Desde las denuncias por la quita de alimentos a comedores comunitarios hasta un fallo que declaró inconstitucional la desregulación de las prepagas, pasando por pedidos de declaración de inconstitucionalidad del veto al aumento de las jubilaciones aprobado por el Congreso, la falta de entrega de medicación por parte de la Dadse y el recorte al presupuesto dedicado a la equidad de género, el ajuste implementado por el Gobierno todavía tiene causas pendientes en la Justicia.

Una de las primeras denuncias fue la relacionada con la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios. “Hay que tener en cuenta que hay dos procesos judiciales abiertos: uno en la justicia penal, donde se denuncia a (Sandra) Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad; y otro en el Contencioso Administrativo, que es un amparo colectivo presentado por la UTEP y el CELS, donde básicamente se pide restituir el abastecimiento alimentario a los comedores y merenderos”, explicaron a PERFIL desde Argentina Humana, espacio liderado por Juan Grabois y patrocinador de algunos reclamos. Las dos causas se iniciaron en febrero, “cuando el Gobierno decidió cortar con el abastecimiento, incumpliendo los programas alimentarios aún vigentes”, agregaron.

La primera resolución de la Justicia llegó en mayo: en ese momento se le ordenó al Ministerio de Capital Humano entregar, en un plazo de 72 horas, 5 millones de kilos de alimentos que estaban retenidos en depósitos de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). La orden no se cumplió en el tiempo establecido, según informó el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa. En junio se ordenó el allanamiento de los galpones y se intimó al Ministerio a presentar un plan para la distribución.

Como en varias de las causas en las que fue denunciado, el Gobierno apeló la decisión, pero la Justicia rechazó el recurso interpuesto por el Ejecutivo. El Ministerio intentó acudir a la Corte Suprema, una medida extraordinaria que le fue negada.

Entre febrero y diciembre de 2024 se ordenó, en varias oportunidades, la entrega de alimentos a los comedores, e incluso se allanó el Ministerio en agosto.

La causa iniciada por UTEP llegó, el 7 de noviembre de ese año, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Se llevó adelante una audiencia con la presencia del Estado argentino. Los comisionados de la CIDH fueron categóricos en el concepto de no regresividad de los derechos conquistados: los Estados no pueden retroceder”, explicaron desde Argentina Humana.

Ese mismo mes el juez Enrique Lavié Pico hizo lugar a una medida cautelar presentada por UTEP y CELS y le dio un plazo de tres días hábiles al Ministerio para restituir el abastecimiento a 66 comedores comunitarios, que fueron incluidos en el programa Alimentar Comunidad.

En enero de este año la Justicia hizo lugar a un pedido de CELS y la UTEP, para que habilite la feria de manera de hacer un seguimiento a la entrega de alimentos a otros 63 comedores.

Por otro lado, “están las demandas particulares que se presentaron por el monotributo social. El Ministerio dejó de pagar el componente de obra social, por lo que los beneficiarios se quedaron sin su cobertura de salud”, agregaron. “Se presentaron demandas por esos casos particulares y la Justicia les dio la razón a los beneficiarios”.

La jueza federal Martina Pons habilitó la feria judicial para tratar el recurso de amparo presentado por un trabajador inscripto en el monotributo social, patrocinado legalmente por Juan Grabois. “Ante el incumplimiento de Pettovello, la Justicia decidió aplicar una sanción de $ 50 mil por día”, destacaron en un comunicado desde Argentina Humana. “El que las hace, literalmente las paga”, celebró en su cuenta de X Juan Grabois.

En abril de 2024 diferentes asociaciones de pacientes presentaron un amparo colectivo para solicitar a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) y al Ministerio de Salud la entrega de medicamentos que habían sido suspendidos, en algunos casos, desde diciembre de 2023. El 30 de diciembre de 2024, el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 2 ordenó a esa Dirección que solucione todos los pedidos de medicamentos que llevaran más de 60 días de demora. En el medio de ese proceso también hubo presentaciones del Ministerio de Salud, que consideró que una resolución favorable para los demandantes sería “catastrófico” en términos presupuestarios. Por eso, una vez conocida la resolución de la Justicia, el Gobierno apeló la decisión.

“El día en que ganamos la cautelar el Gobierno firmó una resolución por la cual disuelve la Dadse y la transforma en otra cosa, algo que desde el Ejecutivo entienden como un ‘rediseño’”, explicó a este medio Florencia Braga Menendez, directora de proyectos de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA). “Esto es siniestro. Pero la cautelar es contra la Dadse y el Ministerio de Salud, así que esa cartera va a tener que responder igual”, sentenció.

El mismo 30 de diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo impugnó una medida cautelar, firmada por el juez Alon Regueira, que ordenaba frenar el vaciamiento de los programas de género destinados a la prevención, asistencia, acompañamiento y acceso a la justicia, y a no despedir personal. “A pesar de que el Estado había negado el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los más de 80 Centros de Acceso a la Justicia, no ha aportado una sola prueba que respalde su posición. Ahora el Gobierno se contradice, una vez más, y rechaza esta cautelar”, explican las asociaciones en un comunicado. “Con un criterio sumamente cuestionable, el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria judicial y es la Cámara Contencioso Administrativo Federal la que debe decidir. De todos modos, la medida cautelar sigue vigente y el Ejecutivo la debe acatar”, consideraron.

Otro caso que fue a la Justicia es el de los jubilados. La Defensoría de la Tercera Edad presentó diferentes planteos de inconstitucionalidad sobre los fundamentos del veto al aumento que fue aprobado por el Congreso en agosto de 2024. “En Ciudad de Buenos Aires lo iniciamos en noviembre, hicimos lo mismo en Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Chaco, que están avanzando en distintas medidas”. Todos estos procesos están en periodo de feria judicial.

“El veto requiere que tenga fundamentos de razonabilidad que a nuestro criterio no tiene. Ese es el planteo. Al ser un planteo de inconstitucionalidad lo que busca es simplemente que la ley que ya está sancionada directamente se promulgue”, detalló a PERFIL Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.

En el caso de las prepagas, la Cámara Federal de Paraná declaró la inconstitucionalidad de la desregulación. Pero la resolución, de agosto de 2024, y a favor de un usuario de la empresa Osde, fue aplicable a esa única demanda.