El artículo 4 de la ley Bases habilita al Gobierno a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”, algo que de hecho ocurrió durante 2024 y el comienzo de 2025: en total, se eliminaron 18 de los 29 que existían hasta principios de 2024. En febrero de ese año el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Presidente había decidido dar de baja algunos que “carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política".
Pero algunos de los que menos transparencia evidenciaron, según los informes de 2023 y 2024 de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), todavía sobreviven. Es el caso, por ejemplo, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, creado por el decreto 286 de 1995 con el objetivo de “asistir a los bancos de provincia sujetos a privatización y fomentar la privatización de empresas provinciales”. Con el tiempo este fin se fue modificando y ahora se destina a financiar programas de desarrollo.
En su informe de 2023 la ONP ya advertía sobre ciertas inconsistencias en la rendición de cuentas de algunos de estos fondos fiduciarios. “Se ha considerado la ejecución base caja del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables, Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Fondo de Garantías Argentino, Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, atento que la información recibida en base devengado presenta determinadas inconsistencias que ameritan su revisión”, explicaba el documento con el balance del último trimestre de ese año. De estos casos mencionados solamente se eliminaron el Pro.Cre.Ar y del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.
Sin embargo, el informe de 2024, que corresponde al tercer trimestre del año, va más allá y señala que ya no son “determinadas inconsistencias”, sino que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial presenta “significativas diferencias con respecto a la información en base caja” y que “ameritan su revisión”. A pesar de ser un caso señalado sistemáticamente en los informes trimestrales de 2023 y 2024 y de haber cambiado la función para la que fue creado, el fideicomiso se mantuvo vigente durante todo 2024 y lo que va de 2025.
De hecho, fue motivo de disputa entre Nación y provincias a principios de 2024. Fue específicamente el caso de Chubut, que denunció al Gobierno nacional de retener parte de la coparticipación de la provincia por una deuda que esta última mantenía con ese Fondo.
De todas maneras, tiene fecha de caducidad: por ley su vigencia se prorrogó hasta el 27 de febrero de 2025. En ese plazo se cumplirán 30 años desde su creación, que es el máximo de duración que podría tener de acuerdo con el artículo 1668 del Código Civil y Comercial de la Nación y según consta en la Memoria Institucional publicada por el Ministerio de Economía en noviembre de 2023.
Los otros Fondos creados por el menemismo
Del total de 29 fondos fiduciarios que existían hasta hace un año, cinco fueron creados durante la presidencia de Carlos Menem. Solamente uno de ellos, el Fondo Fiduciario de Capital Social (creado por el decreto 675 de 1997) fue eliminado por el Gobierno actual. De los 11 que todavía subsisten, cuatro surgieron entre 1995 y 1999.
Además del de Desarrollo Provincial están el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.
El primero de esos fondos fue creado por el decreto 1331 de 1996 y gestiona aportes del Tesoro Nacional y de agencias de cooperación para financiar proyectos de investigación. El segundo fue instituido por ley (24.855) en 1997 “para asistir a las provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social a través de la concesión de préstamos”, explican desde la ONP.
Por último, el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (1999) establecido en una resolución de la Secretaría de Energía y ratificado por ley con el objeto de financiar obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
Desde el Ministerio de Economía informaron a este medio que varios fondos fiduciarios están todavía en revisión. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró el cierre de algunos de ellos en su red social X y comentó: “la asignación de los recursos para gastos específicos garantiza un mal uso de los mismos, porque no permite ponderar en cada momento el beneficio de un gasto frente al beneficio que lograría en otro uso. (Imaginemos un terremoto y no poder transferir las partidas de turismo, por ejemplo, a la ayuda a los damnificados). La agilidad del gasto, por otra parte, es un arma de doble filo; puede servir para ser eficientes, pero también para la corrupción”.
Pese a esas declaraciones el Gobierno prorrogó hasta 2027 la existencia del Fondo Nacional de Turismo que –si bien no se trata de uno de los 29 fondos fiduciarios citados– tiene un funcionamiento similar en cuanto al destino específico que deben tener los gastos: por ley, este fondo, que fue creado en 2015, debía dejar de existir el 5 de enero de 2025. El dinero del que dispone, que en parte tiene su origen en un 7% de impuesto sobre los pasajes aéreos, solo puede ser administrado por la autoridad de aplicación, es decir, por la Secretaría de Turismo.
