En el marco de una negociación con las prepagas –a las que el Gobierno denunció por cartelización– la Secretaría de Comercio anunció la puesta en vigencia del Programa Clemencia, previsto en la Ley 27.442, que otorga la posibilidad a las empresas de reducir sanciones por sus conductas perjudiciales para la competencia.
El comunicado oficial señala que, si estas empresas colaboran con la Comisión Nacional de la Competencia (CNDC) en la investigación de conductas como la conformación de cárteles y acuerdos de precios abusivos, podrán acceder al beneficio de la condonación total o parcial de las multas a las que sean pasibles.
El anuncio oficial destaca un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y nombra casos exitosos como los de México, Brasil, Uruguay y España.
Es precisamente un documento de esta organización el que resalta la necesidad de establecer medidas contra la competencia, aunque la relaciona con un ítem que no está mencionado en el comunicado oficial. El informe final del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia señala que “la política de competencia puede tener más de un resultado cuando se trate de luchar contra la pobreza (por ejemplo, precios más bajos, pero también desempleo a corto plazo). Por tanto, una política de competencia que también tenga como objetivo reducir la pobreza debe tener en cuenta estos posibles resultados diferentes y guiarse por el tipo de aplicación de la ley que contribuya efectivamente a reducir la pobreza”.
En este sentido, más que conocer los resultados de las leyes de clemencia en otros países sobre la cantidad de cárteles, lo que importa es reconocer la intención final de estas políticas. “La interacción entre la política de competencia y la reducción de la pobreza tiene al menos dos dimensiones importantes: una dimensión relacionada con los objetivos de la política de competencia y el lugar que ocupa la pobreza (o que debería ocupar); la otra dimensión se refiere a los efectos económicos de la competencia en la reducción de la pobreza, ya sea directa o indirectamente”.
El informe del Foro sobre la Competencia destaca el caso de Perú, en donde la mayor competencia entre Bancos posibilitó “el acceso a servicios de microfinanciación para los grupos de menores ingresos (en particular, las mujeres pobres), o que provoca un resultado sensible a las cuestiones de género, ya que las mujeres suelen ser las cabezas de familia en Latinoamérica y tienden a recibir préstamos menores”.
Sin embargo, sin una orientación en las políticas contra la cartelización, “la competencia también puede tener efectos adversos sobre la pobreza, ya que contribuye al crecimiento económico sin tener un papel particular en su distribución, lo que puede aumentar las diferencias económicas y el desempleo a corto plazo”.
Destaca también casos como los de Brasil, Chile, Colombia y México, donde el 42% de los cárteles que se detectaron pertenecían al sector de las manufacturas, lo que incluye muchos productos básicos como prendas de vestir y muebles. El impacto sobre la pobreza, si los precios logran disminuir y no se fomenta la competencia, se puede ver beneficiado por otro dato importante: el 21% de los cárteles latinoamericanos están relacionados a productos esenciales como azúcar, papel higiénico, leche y medicamentos.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “la fuerte concentración que existe en el mercado de medicamentos a nivel mundial también se evidencia en Argentina”. Las ventas, en tanto, están concentradas en las dos firmas principales: alcanzan el 21% del mercado, mientras las seis siguientes representan el 50%.
En cuanto a las políticas orientadas específicamente con un sector, la OCDE resalta el caso de Brasil contra empresas que poseían el 70% de la producción nacional de sal; en Chile contra la concentración en el mercado avícola; y en México, donde se actuó contra productores de masa y tortilla de maíz.
El informe concluye que “los sobreprecios de los cárteles, la infracción más perjudicial de la ley de competencia, pueden tener un peor efecto para los pobres sobre todo cuando se trata de artículos de primera necesidad, ya que gastan proporcionalmente más de sus ingresos”.
El lanzamiento de este Programa de Clemencia, previsto por ley desde 2018, llega precisamente en el momento en que el Gobierno y las prepagas acordaron la devolución en cuotas de lo que las empresas cobraron por encima de la inflación luego de la liberación de precios prevista en el DNU 70/2023. A cambio, las prepagas pidieron volver a liberar los precios en los próximos meses.
El caso provocó la salida del titular de la Unión Argentina de Salud
Las acusaciones por colusión que denunció el Ejecutivo provocaron la salida de Claudio Belocopitt de la presidencia de Unión Argentina de Salud.
Por ahora, según el comunicado oficial, el objetivo es darle “transparencia y eficiencia al mercado”. Y, aunque la cartelización es perjudicial para los consumidores, no hay ninguna referencia al 55% de pobreza que estimaron estudios privados.
