La empresa Claro Argentina realizó presentaciones al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que deje sin efecto la compra de Telefónica por parte de Telecom (Grupo Clarín) por supuestas infracciones en el proceso de compra-venta.
El 22 de febrero pasado, Telecom anunció la compra de Telefónica Argentina por US$ 1.245 millones. Al momento, el proceso se encuentra suspendido preventivamente por parte del Gobierno Nacional.
La primera presentación de Claro se realizó el 21 de marzo y estuvo centrada en tres supuestas infracciones que se habrían cometido en el proceso de compra-venta.
La empresa del Grupo América Móvil, controlada por el magnate Carlos Slim, destacó que la “transferencia de las autorizaciones precarias de uso del espectro sin la autorización previa del Enacom, como dicta la Resolución 682/2023″, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso La Nación.
La segunda infracción se habría dado en la transferencia de 130 MHz de espectro radioeléctrico a Telecom, la cual estaría “imposibilitada legalmente de adquirir ese espectro” debido a que utiliza el “máximo acumulable conforme la Resolución N° 171/2017″.
Por otra parte, la compraventa de acciones que resultó en el cambio del control de Telefónica Móviles a favor de Telecom, se habría realizado sin autorización previa de Enacom, según lo requiere el artículo 13 de la Ley 27.078 "Argentina Digital", donde se declara "de interés público" el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados.
Ese artículo establece que “los licenciatarios deberán obtener autorización del Enacom para efectuar cualquier modificación de las participaciones accionarias o cuotas sociales en las sociedades titulares, que impliquen la pérdida del control social”.
Segunda presentación
El 27 de marzo, el apoderado de Claro, Juan Pablo Tognetti solicitó al Enacom que investigue la asamblea de Teléfonica del 25 de marzo, donde se designaron las nuevas autoridades designadas por Fintech (David Martínez) y CVH (accionistas del Grupo Clarín): el CEO Gabriel Speratti y los directores Pablo Esses (presidente), Sergio Daniel Fichera, Claudio Alejandro Ukaski y Juan Facundo Genis. Sergio Daniel Fichera, Claudio Alejandro Ukaski y Juan Facundo Genis.
Desde Claro argumentaron que “como nuevo accionista de control de Telefónica Móviles, Telecom ha avanzado con la designación de funcionarios de su confianza para el ejercicio de los mandos ejecutivos de Telefónica Móviles, todo lo cual constituye un nuevo hecho gravísimo cometido por Telecom en franca violación del marco normativo aplicable que exige la autorización regulatoria en forma previa a la ejecución de la transacción”.
Por ello, la empresa le pidió al Enacom que “intime de forma urgente”, en un plazo perentorio de 10 días corridos, “a dejar sin efecto la transacción y se la someta al pedido de autorización previa del ente, y consecuentemente TLH Holdco S.L.U. retome el control como accionista de Telefónica Móviles, bajo apercibimiento de revocación de la Licencia TIC de telecomunicaciones, registros y autorizaciones que se encuentren a nombre de Telefónica Móviles”.
El 19 de marzo, en el marco de la NPlay 25, el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro López Quiroga, había mostrado una preocupación “de carácter institucional”, ante la operación de compra de Telefónica de Argentina por parte del Grupo Clarín.
El representante tildó a la operación de “concentración económica significativa” y reclamó que se realice “una reflexión profunda” por parte de las autoridades competentes.
Transferencia suspendida
El 21 de marzo, el Gobierno suspendió preventivamente la compra de Telefónica por parte de Telecom, tras un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según el comunicado oficial, la operación incrementaría en forma significativa la participación de Telecom, alcanzando una concentración del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta un 80% en el servicio de internet residencial en algunas regiones del país.
La decisión se tomó a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, luego de que semanas atrás se anunciara la compra.
A través de la medida, el Gobierno dijo cumplir con su "obligación de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados".
LM
