La provincia de Buenos Aires decidió no sumarse al blanqueo de capitales que impulsa Javier Milei. En un gesto que deja en claro sus diferencias, el gobernador Axel Kicillof omitió el blanqueo en el proyecto de ley impositiva que envió a la Legislatura y ni siquiera considera hacerlo a través de otra iniciativa.
Esa negativa le brinda a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) la facultad para cobrar los impuestos provinciales que podrían esquivar algunos de los contribuyentes que se hayan lanzado a “lavar” sus activos bajo el amparo del esquema nacional.
Vale recordar que la provincia no es ajena a las condonaciones fiscales. En 2017, cuando María Eugenia Vidal estaba al frente de la provincia, incluyó un blanqueo dentro de su ley impositiva, al tiempo que Mauricio Macri lograba captar una cifra récord de u$s 117.000 millones a nivel nacional.
El riesgo país tocó los 800 puntos y alcanzó su mejor marca en 5 años
Mientras tanto, el resto de las provincias comienzan a definir sus posturas. Santa Fe, por ejemplo, aplicará una tasa del 2% para cifras superiores a los u$s 100.000, un porcentaje que destinará para beneficios a los contribuyentes que estuvieron al día. Neuquén, por su parte, impondrá una alícuota progresiva de entre 0,75% y 1,25%. Salta fue más allá y estableció una tasa del 10% sobre lo tributado a Nación, mientras que Mendoza se plegó sin pedir un solo centavo extra.
La gambeta de ARBA para poder cobrarles a los bonaerenses que blanquearon capitales
En este contexto, la falta de adhesión de Buenos Aires al blanqueo nacional le permite ahora a ARBA reclamar los impuestos potencialmente evadidos por aquellos que, sin tributar a nivel provincial, ingresaron al Régimen de Regularización de Activos de Javier Milei. Las deudas incluyen los tributos sobre actividad, sellos, ingresos brutos, e incluso bienes patrimoniales que no habrían sido declarados, como propiedades.
No obstante, los hilos de esta trama se siguen cruzando: ARBA podría acceder a datos de los contribuyentes mediante los convenios de colaboración con la ex AFIP, aunque, por el momento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no envió información, y en un gesto provocador, Milei sugirió que bien podría “borrarlos” de las bases.
ARBA lanza un plan de pagos con 30% de descuento y da una gran noticia para 2025
A pesar de todo, ARBA aún tiene sus métodos. Puede obtener los CUIT de aquellos que abrieron cuentas CERA, pues los bancos están obligados a informar al respecto. La verdadera dificultad, sin embargo, radica en rastrear el monto exacto que cada uno de estos contribuyentes blanqueó.
Con la primera etapa del blanqueo concluida, ingresaron alrededor de u$s 19.000 millones en unas 300.000 cuentas especiales de regularización de activos. La segunda fase, con una alícuota del 10% sobre el excedente de u$s 100.000, permanecerá abierta hasta el 7 de febrero de 2025, para quien se atreva a entrar en la ronda.
La confirmación del ministro de Gobierno Carlos Bianco
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reafirmó la posición de la administración de Axel Kicillof respecto al blanqueo de capitales promovido a nivel nacional. “La provincia no tiene ninguna obligación de adherir al blanqueo”, declaró Bianco en una entrevista con El Destape, a la vez que subrayó que, aunque la medida “se está evaluando, no está en prioridad hacerlo”
. Además, Bianco expresó dudas sobre la legalidad del fondo que sustenta esta política: “Habrá que ver la legalidad de ese fondo también, entiendo que entraron algo así como 20 mil millones de dólares, pero desde la provincia no tenemos pensado ingresar al blanqueo”.
La condena a Cristina Kirchner según Bianco
En otro orden, Bianco se refirió al fallo judicial contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, al que calificó como “una condena totalmente persecutoria”. En su opinión, el fallo constituye “un triste capítulo más del lawfare” y explicó que la condena está vinculada a “supuestos sobreprecios de obras públicas, que nunca fueron probados, supuestamente ejecutados por un gobierno provincial, no un gobierno nacional”. Bianco cuestionó que se culpe a la expresidenta por cuestiones administrativas de la provincia, y remarcó que “queda muy claro que es una condena persecutoria”.
Además, añadió que este fallo busca “proscribir a Cristina y disciplinar a aquellos referentes del campo nacional y popular”, con el objetivo de advertirles que “si llevan adelante políticas de transformación les puede pasar esto: pueden ser condenados e inhabilitados de por vida sin ningún tipo de pruebas en un fallo amañado, inexplicable”.
NG/LT
