La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) tuvo un resultado económico superavitario por $22.500 millones durante los primeros nueve meses del año, según el último informe de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP). El monto supera en un 507% al del mismo periodo de 2023, cuando la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes fue de $ 3701 millones. Además, a septiembre, había facturado $ 96.315 millones, tres veces más que en 2023 ($ 30.755 millones). Mientras tanto, los salarios de los trabajadores están congelados desde hace cuatro meses y algunos proyectos, como el tercer satélite (Arsat SG1), cuyo lanzamiento estaba previsto para fines de 2024 o principios de 2025, están parados.
“A diciembre seguimos sin ningún aumento y el tema está judicializado”, explicaron los empleados de la compañía a PERFIL. Por otro lado, afirmaron, continúa el éxodo de personal calificado. En algunos casos, comentaron, a empresas del exterior. “La oferta salarial en ciertos rubros, como mínimo, duplica el sueldo que se paga en Arsat”. Entre las áreas más sensibles están las de ciberseguridad o tecnología informática. Lo cierto es que en términos generales de 2023 a 2024 el personal se redujo en un 10% (de 775 a 700 empleados), aunque en el caso de los puestos administrativos los cargos crecieron de 37 a 104.
Este año la compañía decidió desacoplarse de los acuerdos paritarios del gremio de telecomunicaciones (Foetra) y aplicar los de la Administración Pública Nacional. Aun así, desde septiembre ni siquiera otorgan estos aumentos salariales.
No solamente los sueldos están congelados, sino también los proyectos que la empresa tenía previsto terminar entre 2024 y 2025 y que cuentan con financiamiento externo.
“El satélite Arsat- SG1 se empezó a construir a fines de 2020, con la idea de que pudiera reemplazar al Arsat 2 (actualmente en órbita) al concluir con su vida útil. En septiembre de 2023, cuando la falta de dólares impedía los pagos al exterior, dejaron de cumplirse cerca de 20 contratos con fabricantes de partes. El actual gobierno no ha cambiado esa decisión y la mayoría de estos contratos se encuentran parados y en situación de afrontar intereses y otras penalidades”, detallaron los trabajadores a este medio. Lo que sucede, agregaron, es que hasta ahora “el Banco Central no ha permitido hacer transferencias a los proveedores extranjeros de partes integrantes del satélite Arsat -SG1”.
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Los fondos provienen, en su mayoría, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Según el último informe de esta institución, el proyecto tiene un costo de U$S 265.800.000, de los cuales U$S 243.800.000 provienen del CAF (que ya desembolsó U$S 133.036.979) y U$S 22.000.000 corresponden a fondos que debería poner la empresa.
En el informe de gestión que presentó en el Senado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el funcionario aseguró que el satélite se encuentra en un estado de avance del 61%, y que su lanzamiento “se estima para octubre de 2027, y su funcionamiento para abril de 2028”, tres años después de lo que estaba originalmente previsto.
Sobre esta situación, los empleados de la compañía afirmaron que, dado que los fondos fueron suministrados por el CAF, si eventualmente se decidiera no continuar con la construcción y puesta en órbita del satélite SG1, se debería “devolver el préstamo por la parte ya recibida y afrontar la pérdida de prestigio que genera la discontinuidad de un proyecto valioso y el incumplimiento del contrato”. Por otro lado, se perdería lo pagado a proveedores extranjeros y se correría el riesgo de “perder o ceder las posiciones orbitales argentinas otorgadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Son activos relevantes, muy cotizados por otros países”, afirmaron empleados y exempleados de la empresa.
De mínima, el retraso en el lanzamiento aumentaría el costo local como porcentaje del total a financiar.
“Todos estos inconvenientes se solucionarían si se decide terminar lo ya iniciado. Para ello hacen falta otros U$S 130 millones, ya garantizados por el contrato de préstamo del CAF. Siendo pesimistas, el Estado deberá agregar unos U$S 15 millones más para afrontar los mayores costos que ha ocasionado la interrupción del proyecto", explicaron.
“Es un negocio que da dinero, que está financiado, no hay ningún tipo de sentido económico ni estratégico de frenarlo. Si fuéramos una compañía que cotizara en bolsa los directivos que hacen esto estarían presos, porque están actuando en contra de los intereses de los accionistas y de la empresa”, sintetizaron.
El jefe de Gabinete explicó que para 2025 se planea la continuidad del proyecto Arsat-SG1, “la actualización tecnológica de la Red Federal de fibra óptica en su tercera etapa, y proyectos relacionados con el aumento de la ciberseguridad y resiliencia de datos en el Datacenter Benavidez”.
Francos indicó, además, respecto a la posibilidad de privatización parcial, que “el estatuto de la empresa permite, desde su creación, la puesta a disposición del 49% de las acciones, por lo cual la empresa seguirá conservando la mayoría de las acciones del Estado nacional” y que “se inició el proceso de salida de una parte de las mismas a la bolsa por medio de un IPO (initial public offering)”. Para ello, agregó, “se está ordenando la documentación requerida para ser presentada en la Comisión Nacional de Valores con el acompañamiento permanente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas dependiente del Ministerio de Economía de la Nación”.
Según el informe de la ONP, para el tercer trimestre de este año Arsat “muestra una desmejora interanual del resultado financiero, que se origina principalmente por la disminución de los ingresos de capital dado que, en comparación al acumulado al tercer trimestre de 2023, la empresa no contó en 2024 de transferencias de otras entidades del Sector Público Nacional y se redujo el nivel de transferencias recibidas de la Administración Nacional”.
De acuerdo con la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que realizó PERFIL, hasta principios del mes de diciembre los aportes del Tesoro Nacional a la empresa ascendían a los $ 300 millones en concepto de aportes de capital, destinados únicamente a obras de la red federal de fibra óptica.
Respecto a la solicitud para acceder a los balances anuales de la compañía, la respuesta a este medio fue que los disponibles (que ya fueron aprobados por la Auditoría General de la Nación) están cargados en la página web. Sin embargo, el último documento publicado data de 2018.
