El Gobierno llegó a un entendimiento con Paraguay por la tarifa a pagar por el uso de la hidrovía, que desde 2020 es manejada por el Estado. Después de dos años de disputa, acordaron una tasa retributiva para el tramo comprendido entre Santa Fe y Confluencia.
La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, Cancillería, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Administración General de Puertos (AGP) le pusieron fin al diferendo regional que arrancó a fines de 2022. Argentina reclamaba una deuda de US$ 30 millones, que Paraguay no reconocía y había derivado en la incautación judicial de barcazas. Al pasivo, Argentina le aplicará descuentos considerables, siempre y cuando el pago se efectúe dentro de los 45 días.
El consenso se vio plasmado en un acta de acuerdo firmada por la AGP, como concesionaria del tramo argentino, la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos, en representación de los armadores de Paraguay, y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, en su carácter de asociación que aglutina a armadores y operadores privados de los cinco países de la Cuenca del Plata.
Recibirán un saldo a favor las empresas que ya hayan abonado la totalidad de la tarifa actualizada en 2023. Esta corresponde al trabajo de mantenimiento realizado en el tramo, que comprende el balizamiento, los ajustes de traza necesarios y las obras de dragado puntual, entre otros trabajos realizados.
“El gobierno argentino celebra este acuerdo alcanzado entre la AGP y el sector privado, usuario de la hidrovía, y reitera la importancia que le asigna a esta vía de navegación como factor de integración y de desarrollo regional, con el objetivo de alcanzar un sistema logístico competitivo y moderno”, transmitieron en un comunicado.
La hidrovía es administrada por la AGP desde 2020, año en que caducó la concesión que Carlos Menem le había entregado a un privado. Desde entonces mejoró el sistema de control del tráfico y de mantenimiento del corredor, por el que circula el 80% de las exportaciones de Argentina.
Anteriormente, el Estado no tenía información propia sobre lo que realmente sucedía en el río, sino que debía confiar en lo que la concesionaria le transmitía, que lo contrastaba con los precarios reportes de Prefectura Naval.
El sistema de monitoreo satelital inaugurado en 2022 dotó a la AGP de las herramientas tecnológicas adecuadas para cobrar los peajes correspondientes a los buques y barcazas que circulan por el río Paraná. Asimismo, el manejo de la vía navegable troncal de forma eficiente por el Estado quitó argumentos para la privatización. No obstante, el gobierno libertario explicitó su intención de volver a concecionarla, un proceso internacional que llevaría al menos un año.
