Las pensiones a las personas con discapacidad crecieron en Argentina, pero también en toda la región. Según el último informe de la CEPAL, los sistemas de pensiones no contributivas “tuvieron una rápida expansión en América Latina y el Caribe” en las últimas décadas. La relación entre este aumento y el crecimiento de la pobreza y el desempleo es directa.
No hay estadísticas actualizadas sobre el acceso al empleo de las personas con discapacidad (PCD), algo que ya es un dato en sí mismo. Según el último informe del Indec (2018), solamente el 32,2% están empleadas, aunque para las estimaciones de organizaciones que trabajan en el tema el porcentaje podría haberse reducido al 25%.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la pobreza alcanzó, durante el primer trimestre de 2024, al 54,9% de la población. La indigencia, al 20%.
“La pobreza también es productora de discapacidad. Argentina ha ido generando una presencia de personas con discapacidad en situaciones de pobreza muy grande”, explicó a este medio Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa por los Derechos de las Personas con Discapacidad. El problema, agregó, es que “seguimos reduciendo el tema de la pobreza a una cuestión de falta de dinero, cuando no es solamente una cuestión de dinero sino de acceso a los recursos para el desarrollo de una persona, y a servicios como la rehabilitación”.
Molero agregó que, si bien “las pensiones han sido un instrumento que ha servido para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, con los niveles de pobreza en crecimiento, “si solamente se da una pensión, la persona va a seguir quedando en esta situación, porque la pensión no le va a permitir salir adelante”.
Las pensiones por discapacidad equivalen al 70% de una jubilación mínima, más el bono de $70 mil. Con ese monto no se llega a cubrir el estimado de una canasta básica, que fue de $282.579 en junio.
“Desde el Gobierno nacional y diversos medios de comunicación se buscó poner en duda alrededor de 60.000 pensiones, con el argumento de que sus titulares tienen aviones privados. ¿Por qué una persona con el poder adquisitivo suficiente para tener un avión privado querría tramitar una pensión no contributiva cuyo valor actual es de apenas 156.900 pesos más un bono de 70 mil pesos?”, afirmaron en un comunicado desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
El problema de fondo sigue siendo la dificultad para acceder a un empleo registrado y de calidad. “Hay un problema de valoración de la PCD y por lo tanto también de su trabajo, lo cual lleva a que emplear a una persona con discapacidad siga siendo, para muchos, una cuestión de hacer un favor, de solidaridad con la persona”, explicó Molero.
En el mismo sentido, explicaron desde la ONG CILSA a PERFIL, “las personas con discapacidad comparten las mismas dificultades que las personas sin discapacidad para acceder a empleos”. Pero, a estas dificultades se suman otras “que tienen raíces en viejos mitos y prejuicios en torno a la discapacidad y a estereotipos que generan sesgos” propios de “la falta de información necesaria que impide ver el valor diferencial de sumar diversidad a los equipos laborales”.
Por otro lado, las trabas a las que se enfrentan las personas con discapacidad varían según el tipo de discapacidad. Entre ellas, señalaron desde CILSA, “barreras al espacio físico, medios de transporte o barreras a la comunicación e información para otras condiciones sensoriales o intelectuales”.
Gabriela Bruno, activista por los derechos de las personas con discapacidad, identifica como el principal obstáculo la falta de accesibilidad, pero también los prejuicios “que hacen que nadie piense en que podemos producir, generar recursos, que necesitamos que nos ahorren su pena, que, si siempre hacen por nosotros es claro que nos va a costar más aprender, que queremos ser proveedores, que queremos tomar las riendas de nuestras vidas”.
Además, explicó Bruno a este medio, las personas con discapacidad “han tenido, históricamente, muchas dificultades para acceder a la educación formal”, lo que hace que las posibilidades de competir en el mercado “sean difíciles para una gran porción de las personas con discapacidad”.
En Argentina las PCD tienen un bajo porcentaje de egreso en todos los niveles del sistema educativo, explicaron desde CILSA. “Entre la población de 15 años y más, el 20,2% obtuvo como máximo nivel educativo el primario incompleto, el 46,4% comenzó el nivel secundario y no lo completó, el 19,3% tiene secundario completo, y sólo el 13,3% posee niveles superiores de educación (universitario, terciario o posgrado, esté completo o no)”.
Según la Encuesta Anual de Hogares (2019), “la tasa de empleo de la población con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires es de apenas el 25%”, detalló a PERFIL Juan Manuel Valdés, presidente de la Comisión Discapacidad de la legislatura porteña. Uno de los principales inconvenientes, agregó, es “la falta de cumplimiento del cupo laboral”.
De acuerdo con la ley 22.431, el Estado nacional, sus organismos descentralizados y las empresas estatales están obligados a cumplir un cupo mínimo del 4%. Pero, según REDI, para 2021, se cumplía apenas con el 0,9%.
Existen algunos intentos por cambiar la situación. “Desde la Comisión hemos realizado pedidos de informes para evaluar el cumplimiento efectivo de la ley de cupo laboral en organismos públicos”, explicó Valdés. “Además, presentamos proyectos de promoción del empleo para personas con discapacidad y un proyecto de ley de capacitación obligatoria en la temática de discapacidad”, detalló.
En Santa Fe, agregó Bruno, “hace unos años pudimos generar algunas políticas que resultaron de impacto para emplear a personas con discapacidad. De todos modos, dista mucho de haber podido acercarnos al 4%”.
Mientras no exista igualdad de oportunidades, agregó Molero, se aplican paliativos. “Esto de los cupos siempre lleva, otra vez, a que haya que hacerlo no por una valoración de la persona con discapacidad como idónea, sino por la presión para que se les abran las puertas a las personas con discapacidad en el área laboral”.
A su vez, las pensiones son un instrumento insuficiente, pero necesario. “Esta campaña de criticar la cantidad de pensiones porque en nuestro país no hubo una guerra o no hubo una catástrofe natural es no entender qué es la pobreza. Y la pobreza es una gran catástrofe”, concluyó.
