Malvinas forma parte de nuestra identidad nacional. Es una causa profundamente arraigada en el pueblo argentino, un poderoso sentimiento compartido que reivindica las islas y nos une como nación. En su nombre, hemos dejado de lado intereses sectoriales para encontrarnos en un sentimiento común y de pertenencia. No es solo una disputa territorial, sino una parte integral de nuestro ser nacional, de nuestras discusiones, emociones e historia.
La relevancia de Malvinas va más allá de los argumentos históricos y jurídicos y de la fuerza con la que distintos gobiernos han impulsado en el ámbito internacional los reclamos de soberanía. Existen múltiples expresiones culturales, educativas y de política nacional que hacen de las islas un símbolo en el que convergen y se sintetizan otras causas. Las islas argentinas pueden representar una denuncia a las prácticas de saqueo de los Estados colonialistas, una crítica a los gobiernos entreguistas y extranjerizantes, una bandera de unidad nacional que se utiliza para sostener un gobierno en decadencia o un punto para proyectar políticas de unidad continental. Reflejan mucho de lo bueno y lo malo que tenemos como sociedad.
Apenas finalizó la guerra, en junio de 1982, la dictadura advirtió la necesidad de que Malvinas y derechos humanos no se asociaran, y lo logró con éxito, al menos durante algún tiempo, acallando las voces y los testimonios de aquellos que denunciaban los crímenes y las atrocidades perpetrados contra los soldados durante el conflicto bélico. Un pequeño grupo de excombatientes recorrió de manera errante y solitaria distintas oficinas y organismos de derechos humanos, reclamando apoyo a sus demandas de justicia. Sin embargo, estos organismos y las organizaciones sociales no abordaron los acontecimientos en cuestión hasta varias décadas después. Así, durante un largo período, lo que en este libro denominaremos la “causa Malvinas” permaneció disociado del movimiento de derechos humanos. Hubo incluso quienes intentaron presentar ambas causas como antagónicas. Aquí me propongo documentar y explicar las estrategias que implementaron y las dificultades que encontraron los excombatientes para que la causa Malvinas se integrara al campo de los derechos humanos y se inscribiera finalmente en el ámbito del nacionalismo democrático. (…)
En estas páginas se analiza el modo en que se conformó la causa Malvinas y se distinguen las tres ideologías dominantes que la abordaron desde ópticas opuestas. El liberalismo, que ha priorizado la relación económica con el Reino Unido y ha adoptado una política distante con el reclamo de soberanía sobre las islas; el nacionalismo autoritario, que cuestionó el colonialismo británico y a la vez reivindicó los golpes de Estado y el desempeño de las Fuerzas Armadas durante el siglo XX, y el nacionalismo democrático, que ha tenido una postura crítica sobre el imperialismo británico y sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. (…)
Como veremos a lo largo de los capítulos, la causa y la Guerra de Malvinas fueron inicialmente utilizadas para sostener un régimen dictatorial en declive, y luego para reclamar la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. En el marco de ese relato hegemónico, solo era posible destacar el valor y el coraje de los soldados y construir una narrativa heroica y acrítica del modo en que se llevó adelante la guerra de 1982.
Sin embargo, algunos grupos de excombatientes no compartían esta visión y, pese a que durante décadas fueron erróneamente asimilados a los militares golpistas y aislados del movimiento de derechos humanos, comenzaron a denunciar las políticas de desmalvinización y la entrega de nuestros recursos naturales, y a exigir justicia. En este contexto, se apeló a los instrumentos jurídicos relacionados con los derechos humanos, demandando que el Estado se hiciera cargo de lo ocurrido durante y después de la guerra con políticas reparatorias de memoria, verdad y justicia.
Este proceso también provocó cambios significativos en el análisis de la guerra y el rol de las Fuerzas Armadas. En los años que siguieron al enfrentamiento, las organizaciones de excombatientes y de derechos humanos experimentaron transformaciones importantes y ampliaron su enfoque para incluir los reclamos de soberanía, paz y democracia. Así, la causa Malvinas logró ingresar al movimiento de los derechos humanos y desde allí regresó al campo nacional y popular.
El 10 de diciembre de 2023, la situación política cambió con la llegada del gobierno de Javier Milei, que recoge las tradiciones del liberalismo y del nacionalismo autoritario. Este nuevo escenario reavivó las disputas sobre la causa Malvinas y augura la continuación de los debates en torno a ella. (…)
La dictadura y la Guerra de Malvinas
En los años treinta y cuarenta, en el ámbito militar tenía importancia la idea de que la defensa nacional estaba también asociada a la explotación de los recursos naturales y la promoción de las industrias pesadas, como se verificó con la creación de Fabricaciones Militares y el impulso a la producción de acero, que condujo el general Manuel Savio, y el desarrollo de la industria petrolífera emprendida desde YPF por el general Enrique Mosconi. Con la Revolución Libertadora, sin embargo, el paradigma de la “defensa nacional” fue reemplazado por el de la “seguridad nacional”, y la defensa y explotación de los recursos naturales y estratégicos dejó de formar parte de las principales reivindicaciones militares. Con la doctrina de la “seguridad nacional”, abocada a enfrentar un supuesto “enemigo interno” –al que se denominó genéricamente “comunismo”–, se formaron muchos de los oficiales y suboficiales argentinos en la Escuela de las Américas, en Panamá. Varios de ellos ocuparon altos mandos durante la última dictadura cívico-militar que decidió declarar la Guerra de Malvinas.
Esa dictadura, que derrocó a Isabel Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, presentó características diferentes a otros gobiernos surgidos de golpes de Estado. La adopción del terrorismo de Estado como método de disciplinamiento y exterminio tuvo como objetivo terminar con la resistencia política y sindical, adormecer a una sociedad profundamente movilizada e imponer un drástico cambio en el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones hacia otro neoliberal.
A partir de 1979 el régimen dictatorial empezó a debilitarse. Los apoyos, que hasta entonces habían sido generalizados e irrestrictos en ciertos sectores, comenzaron a desvanecerse. Hubo en este debilitamiento dos factores principales: las denuncias realizadas por los organismos de derechos humanos y la crisis económica. En 1981 se produjo una renovación en el gobierno, y asumieron el general Roberto Viola, el vicealmirante Armando Lambruschini y el brigadier Omar Graffigna. En el Ministerio de Economía, Lorenzo Sigaut reemplazó a José Alfredo Martínez de Hoz. Este economista representaba a un sector menos liberal y pasó a la historia por su frase: “El que apuesta al dólar pierde”, pronunciada poco antes de producir una devaluación del peso del 30%.
Con el objetivo de desactivar la crisis económica y las primeras protestas sociales que empezaban a desgastar al gobierno militar a fines de los años setenta, la Junta intentó una moderada apertura política, pero los sectores más duros provocaron un golpe dentro del golpe. Para ese momento, algunos integrantes de la Marina ya planeaban como posible una acción militar para recuperar las islas. Fue necesario, primero, desplazar al general Roberto Viola, a quien algunos sectores de las Fuerzas Armadas percibían como un tibio que hacía concesiones a la clase política.
De algún modo, lo veían como alguien que entregaba las banderas del régimen militar y, por tanto, incapaz de llevar adelante una medida tan enérgica como la que proponía la Marina. Por eso, estos sectores críticos aprovecharon una enfermedad que cursaba el general Viola para declararlo incapaz de ejercer el cargo y, tras el interinato del general Horacio Tomás Liendo, nombraron a partir del 11 de diciembre de 1981 a Leopoldo Fortunato Galtieri como presidente. La asunción de Galtieri se produjo con el respaldo del almirante Jorge Isaac Anaya, que le impuso como condición cumplir la vieja aspiración suya y de la Marina de tomar las Malvinas. Para el jefe de la Armada, con esta acción las Fuerzas Armadas podrían recuperar prestigio y recibir el apoyo del pueblo embanderado en una causa nacional.
El plan para recuperar las islas y el contexto previo a la guerra
La estrategia argentina para recuperar las Malvinas había empezado con algunas acciones en las islas Georgias y Sándwich del Sur. En diciembre de 1976, el gobierno militar había logrado instalar una base científica en la isla Thule. La dictadura usó esta maniobra para medir la reacción británica y mantuvo el episodio en secreto. Los ingleses aceptaron la intromisión argentina, porque prefirieron conservar buenas relaciones con un gobierno que había terminado con el “populismo” peronista y que enfrentaba abiertamente a las organizaciones guerrilleras. La información sobre el hecho trascendió recién en 1978 y solo provocó breves cruces entre ambas naciones. En aquellos años, la relación entre argentinos, isleños e ingleses era muy diferente al congelamiento posterior que generó la guerra. El intercambio entre unos y otros era intenso.
Con este antecedente, la Marina elaboró el Plan Alfa para recuperar las islas, pergeñado por Jorge Isaac Anaya en 1977 y retomado cuatro años después, cuando el jefe de la Armada convocó el 15 de diciembre de 1981 al titular del Comando de Operaciones Navales, Juan José Lombardo, para que organizase un plan que luego fue conocido como Operación Rosario. Los marinos creían que era necesario llevar a cabo una invasión “limpia” de las islas, es decir, sin matar a ningún inglés. Estaban convencidos de que iban a conseguir el beneplácito de los Estados Unidos para discutir la soberanía de las Malvinas. Buscaban aprovechar que allí solamente había cuarenta infantes de la marina británica y una ajada embarcación, el rompehielos Endurance, que estaba a punto de ser vendida como parte del programa de ajuste que aplicaba el entonces gobierno conservador de Margaret Thatcher. La operación debía mantenerse en absoluto secreto y concretarse antes de los ciento cincuenta años de la ocupación británica, que se cumplirían el 2 de enero de 1983.
Con la colaboración de Constantino Davidoff, un empresario que se dedicaba a recuperar chatarra, se pretendió instalar en las islas Georgias una aparente base científica que ocultara un destacamento militar. En marzo de 1982 Davidoff, junto con cuarenta y un trabajadores, partió a las islas Georgias en el ARA Bahía Buen Suceso. Entre ellos había marinos que izaron una bandera argentina, lo que provocó el inmediato rechazo del gobernador inglés en Malvinas, Rex Hunt, quien le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido la expulsión de los argentinos. Frente a las protestas de Gran Bretaña, el canciller Costa Méndez adujo desconocer los planes del empresario y del resto de la comitiva. En Puerto Argentino, un grupo de isleños pintó en las paredes de la oficina de LADE “Diente por diente” y “UK [United Kingdom] Ok”, entre otras frases. Mientras tanto, el ARA Bahía Paraíso, con un grupo de la Armada autodenominado Los Lagartos, se acercó en secreto al mando del entonces teniente de navío Alfredo Astiz, asesino y torturador en la propia dictadura.
Aprovechando la dura respuesta británica, los generales argentinos aceleraron el proyecto para recuperar las islas, cuya fecha aún no estaba definida, pero se especulaba que podía ser el 25 de mayo o el 9 de julio de ese año por el simbolismo que ambos momentos tienen en la historia argentina. La compleja situación social y económica también precipitó los preparativos.
El 30 de marzo de 1982, el pueblo salió a la calle a pesar de las prohibiciones impuestas por el régimen militar. La CGT Brasil, liderada por Saúl Ubaldini, convocó a movilizarse a la Plaza de Mayo, y hubo además marchas en las principales ciudades del país, que fueron ferozmente reprimidas.
Al principio, eran muy pocos los que conocían los planes que habían diseñado Anaya y Lombardo. Uno de los primeros en enterarse fue Mario Benjamín Menéndez: “¿Cómo anda su inglés?”, le preguntó Galtieri. La pregunta lo sorprendió y más todavía el anuncio de que él sería el futuro gobernador de las Malvinas. Sin embargo, el secreto de la operación fue erosionado.
Un comunicado amenazador emitido por el canciller Costa Méndez tras los incidentes producidos luego del desembarco argentino en las Georgias planteó que la Argentina abandonaría el sistema de negociaciones y encendió las alarmas de la prensa británica. (…)
Los medios, la censura y los discursos que circularon durante la guerra
Durante los setenta y cuatro días que duró la guerra circularon diferentes discursos. El triunfalismo fue la primera actitud adoptada por la mayoría de los medios de comunicación. Algunos de sus rostros más visibles fueron los diarios Clarín y La Nación, y las revistas Gente, Para Ti, La Semana y Tal Cual, que escribieron títulos provocadores y crearon en el imaginario colectivo la idea de que íbamos hacia una victoria y recuperaríamos las Malvinas. Adoptaron sin reparos las normativas que imponía el gobierno. No cuestionaban la información oficial y reproducían los falsos lemas que se les sugerían, tales como: “No tenemos bajas”, “Esta es la guerra de todos”, “Estamos ganando”. Sin embargo, el alineamiento de los medios de comunicación con la dictadura no fue lineal ni completo: presentó matices incluso en aquellos diarios que eran socios de la dictadura desde la apropiación de Papel Prensa. (…)
Los partidos políticos durante el conflicto bélico
Una vez declarada la guerra, la dictadura cambió su actitud hacia los partidos políticos. Galtieri intentó que fueran ellos quienes se convirtieran en voceros mundiales de la causa Malvinas. La idea surgió del exembajador en Italia durante el gobierno de Viola, Rafael Martínez Raymonda.
El 7 de abril de 1982 se realizó un viaje a las Malvinas, del que finalmente no participaron los expresidentes Arturo Frondizi y Arturo Illia, para asistir a la asunción del gobernador Menéndez. En cambio, sí lo hicieron el peronista Deolindo Bittel, el radical Carlos Contín y el nacionalista de izquierda Jorge Abelardo Ramos. En el mismo avión estaban Jorge Rafael Videla; el presidente de la Sociedad Rural, Horacio Gutiérrez, y el de la Unión Industrial Argentina, Jacques Hirsch, así como los dirigentes gremiales Saúl Ubaldini y Jorge Triaca. El objetivo de Galtieri era mostrar que la causa Malvinas no era un asunto del gobierno militar, sino de la sociedad en su conjunto, y para eso era provechoso contar con la presencia de representantes de las corporaciones sindicales, empresarias, políticas y eclesiásticas.
El apoyo de la dirigencia política a la recuperación de las islas fue rotundo, incluso por parte de aquellos partidos que denunciaban las violaciones a los derechos humanos. Raúl Alfonsín aseguró que “este hecho militar tiene el respaldo de todo el país. Es una reivindicación histórica que tiene el asentimiento y la voluntad de todos los argentinos”. Carlos Menem afirmó: “Las Fuerzas Armadas se hicieron eco del clamor popular y siguieron los lineamientos del reclamo: recuperar las islas e izar el pabellón celeste y blanco”. La Multipartidaria Nacional expresó “su total apoyo y solidaridad con la acción llevada a cabo y reitera su decisión de respaldar todas las medidas conducentes a la consolidación de la soberanía argentina”.
Fueron escasas voces las que se opusieron. Uno de los pocos en plantear sus objeciones fue el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID): “Es falso que cuando hay un conflicto internacional haya que callar las discrepancias con el gobierno, aun las que suscite ese mismo conflicto”. Disonante con el apoyo que recibió la dictadura fue también la postura del Movimiento de Juventudes Políticas, que estuvo el 2 de abril en la Plaza de Mayo con carteles que decían: “Malvinas sí, dictadura no”. O bien: “Malvinas sí, democracia también”. (…)
Malvinas en el campo de los derechos humanos
Los hechos que afectaron a los soldados que participaron de la Guerra de Malvinas pueden distinguirse en cinco grandes grupos. En primer lugar, ser enviados a la contienda sin la preparación, la vestimenta y el armamento adecuados. En segundo lugar, las torturas y los vejámenes que cometieron contra ellos los oficiales y suboficiales en las islas, que se investigan en una causa que continúa abierta en los tribunales de Tierra del Fuego. En tercer lugar, la falta de cuidado y atención a los familiares de los caídos y al duelo por sus seres queridos. En cuarto lugar, toda la estructura que montó el Estado para que estos hechos quedasen impunes. Y en quinto lugar, la falta de acceso a la verdad que se verifica cuando, a cuarenta años, se sigue dilatando la investigación de lo ocurrido.
A partir de allí, es posible identificar ciertos paralelismos entre las prácticas e instituciones a las que se acudió para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y lo sucedido con las acciones que perjudicaron a los soldados que fueron a la guerra en 1982.
Eso fue de algún modo configurando un espacio propicio para avanzar desde la perspectiva de derechos humanos en relación con Malvinas. (…)
Para superar los obstáculos que garantizaban la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos apelaron al derecho a la verdad como una forma de construir un camino hacia la justicia. No se permitía entonces dictaminar la culpabilidad de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, ni imponerles una pena, pero sí fue posible acceder a la Justicia para reclamar el derecho a conocer el destino de los seres queridos.
En 1988, la Corte Interamericana había dictado el fallo Velásquez Rodríguez c. Honduras, en el que se describen las obligaciones de investigar y sancionar que los Estados deben asumir frente a las graves violaciones a los derechos humanos y en particular frente al delito de desaparición forzada de personas.
Esta sentencia exponía claramente la acción contraria de la Argentina que, a través de las leyes y decretos de impunidad, hasta ese momento había desconocido aquellas obligaciones que también le habían sido señaladas en el Informe 28/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se dictaminó la incompatibilidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos con el Pacto de San José de Costa Rica, y se le recomendó al Estado argentino la adopción de medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Una integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Carmen Aguiar de Lapacó, junto con los organismos de derechos humanos, logró que se le reconociera este derecho en el ámbito del sistema interamericano. En 1995 había solicitado a la Cámara Federal de la Capital Federal que investigara el destino final de su hija, secuestrada el 16 de marzo de 1977.
La Cámara libró un oficio al Estado Mayor del Ejército, que se negó a cumplir el pedido con el argumento de que el tribunal se estaba excediendo en sus facultades jurisdiccionales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló esta negativa y entonces se acudió a la CIDH, donde se celebró el 15 de noviembre de 1999 un acuerdo de solución amistosa, en el que el gobierno argentino se comprometió a garantizar el derecho a la verdad y gestionar la normativa necesaria para que las Cámaras Federales y un cuerpo de fiscales especiales investigaran el destino final de las personas desaparecidas.
Luego de que el planteo de Carmen Aguiar de Lapacó ingresara a la CIDH, la Corte Suprema revisó su doctrina y en el fallo Urteaga reconoció el derecho de los familiares a conocer la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos.
Allí dio cuenta de que, más allá de la falta de una regulación específica, incumbía a los órganos jurisdiccionales determinar las características con que el derecho a la verdad habría de desarrollarse en cada caso concreto. El juez Gustavo Alberto Bossert analizó en profundidad los aspectos históricos y antropológicos del derecho a conocer el destino final de un familiar, y con citas de Robert Hertz, sostuvo que “una sociedad sana no puede permitir que un individuo que ha formado parte de su propia sustancia, en la que ha impreso su marca, se pierda para siempre”. El juez Carlos Fayt, por su parte, confrontó la garantía de impunidad con que operaron quienes cometieron los delitos más atroces durante la dictadura con la obligación del Poder Judicial de posibilitar el cumplimento de la ética de la verdad.
☛ Título: Recuperar Malvinas
☛ Autor: Alejo Ramos Padilla
☛ Editorial: SXXI Editores
Datos del autor
Alejo Ramos Padilla es abogado, doctor en Derechos Humanos, magíster en Derechos Fundamentales y especialista en Administración de Justicia.
Desde 2021, se desempeña como juez electoral de la provincia de Buenos Aires, tras haber sido juez federal en Dolores y coordinador del área de Investigación y Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno bonaerense, entre otros cargos.
Es docente en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Atlántida Argentina.
