Este 22 de abril se cumple un nuevo aniversario del Juicio a las Juntas, que comenzó un día como hoy, pero de 1985. Para que ese proceso se llevara adelante, fue central el proceso que realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que recopiló los testimonios de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la última dictadura militar.
En este contexto, el Centro Cultural San Martín, ubicado en el microcentro porteño, anidó una historia que lo ubica en el foco del regreso de la democracia. En principio por ser el lugar que funcionó como centro de cómputos de las elecciones celebradas el 30 de octubre de 1983. Fue en la calle Sarmiento donde se terminó de concretar el añorado gobierno de un Presidente elegido por el voto.
En ese momento, la sala AB fue equipada como sala de prensa para más de 1200 periodistas nacionales y extranjeros acreditados para la cobertura, según el detalle brindado a PERFIL por el San Martín. Fue desde allí donde se comunicó que Raúl Alfonsín era el ganador de las elecciones.
Conadep y la entrega del “Nunca Más” a Alfonsín
El 15 de diciembre de 1983, a solo cinco días de asumir la presidencia, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el terrorismo de Estado durante las décadas del ‘70 y ‘80.
En el decreto que firmó el Presidente, especificaba en su artículo 8, que la comisión funcionaría en “el Centro Cultural General San Martín de la Ciudad de Buenos Aires”. Así, por 280 días el trabajo de la Conadep se desarrolló en el segundo piso de la institución, donde se recibieron miles de declaraciones y testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas.
Trece miembros destacados de la sociedad civil, con la asistencia de cinco secretarios, fueron los encargados de compilar y compatibilizar dichos testimonios en conjunto a las denuncias que previamente habían sido registradas por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los integrantes de la Conadep fueron Ricardo Colombres, Hilario Fernández Long, el pastor Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, el rabino Marshall T. Meyer, el obispo Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú, Ernesto Sabato, Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte. Los secretarios fueron Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Peneón, Alberto Mansur, Leopoldo Silgueira y Agustín Altamiranda.
Durante 280 días, la comisión recorrió todo el país en busca de testimonios y de los edificios utilizados como centros de detención (o de sus ruinas). Realizaron un inventario de todas las desapariciones denunciadas y de todos los centros clandestinos, contrastando los relatos con la arquitectura de los edificios, tarea realizada muchas veces con la presencia de los mismos sobrevivientes. Con esta información confeccionaron mapas, clasificaron los relatos e hicieron un análisis a fin de reconstruir el modo de operar del terrorismo de Estado. Los procedimientos utilizados para recabar información consistieron en lo siguiente:
- Reconocimiento in situ de centros clandestinos de detención con la concurrencia de liberados de dichos campos.
- Visita a las morgues para recabar información sobre ingresos irregulares.
- Diligencias en vecindarios y en lugares de trabajo para determinar la ubicación de los centros clandestinos de detención y las modalidades que se utilizaban para secuestrar a las personas.
- Recepción de declaraciones testimoniales de personal en actividad o en retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.
- Revisión de registros carcelarios.
- Revisión de registros policiales.
- Investigación de delitos cometidos sobre los bienes de los desaparecidos.
El 20 de septiembre de 1984 la Conadep le entregó a Alfonsín el informe final sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar, denominado Nunca más. A partir de esa detallada descripción presentada en el informe se pudo probar la existencia de un plan sistemático de violaciones a los Derechos Humanos perpetrado por el Estado y fue clave para el Juicio a las Juntas de 1985.
“Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos”, anunciaba el prólogo de la edición como libro del Nunca Más.
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