Días después de que Donald Trump asumiera nuevamente el cargo de presidente de Estados Unidos, el Departamento de Educación anuló la directriz emanada por su antecesor Joe Biden. La misma establecía que los distritos escolares podían violar la ley de derechos civiles si llevaban a cabo prohibiciones de libros.
En una declaración, que enmarcaba las prohibiciones de libros como un “engaño”, el Departamento de Educación precisó que los padres y las comunidades deben decidir sobre la eliminación de libros “inapropiados para la edad” de las escuelas y que, por lo tanto, la Oficina de Derechos Civiles “no tiene ningún papel en estos asuntos”.
Esto generó el rechazo de la Asociación Americana de Bibliotecas y EveryLibrary, organización sin fines de lucro que aboga contra las prohibiciones de libros, la censura, los esfuerzos de desfinanciamiento y la legislación antibibliotecas.
El 26 de enero, la Asociación Estadounidense de Bibliotecas expresó en una comunicación: “Los jueces federales han dictaminado repetidamente que retirar libros de los estantes de las bibliotecas escolares basándose en las objeciones de una persona o grupo, o debido a prejuicios contra un grupo (prohibición de libros) es una censura inconstitucional que viola los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes”.
Según el grupo de defensa de la libertad de expresión PEN America, las prohibiciones de libros alcanzaron un récord en el año escolar 2023-24, aumentando a 10.046 casos comparando con los 3.362 del año escolar 2022-2023. Ante este incremento de lo que la industria editorial norteamericana considera una ola de censura, el martes pasado se inició una demanda legal, tal vez la primera que la nueva administración deberá afrontar con un tema más que delicado: la libertad individual.
Penguin Random House, junto con Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, MacMillan Publishers, Simon & Schuster y SourceBooks (los cinco líderes del mercado editorial norteamericano) promueven la demanda contra la ley HB 710, que restringe los libros en las bibliotecas públicas y escolares en el estado de Idaho, promulgada el 1 de julio de 2024. Los demandantes adicionales a los editores son el Gremio de Autores, los autores más vendidos Malinda Lo, David Levithan y Dashka Slater, la Biblioteca Pública del Distrito de Donnelly, un maestro, dos estudiantes y dos padres de alumnos.
La HB 710, que más que como ley tiene nombre de un poderoso veneno, prohíbe que cualquier persona menor de 18 años acceda a libros en biblioteca que difundan contenido sexual, sin considerar el mérito literario o educativo de la publicación. La definición de “contenido sexual” de la ley HB710 es amplia, vaga, y abiertamente discriminatoria. La ley no diferencia entre bebés y niños de 17 años: los libros se clasifican como dañinos sin considerar la edad y el nivel de madurez del destinatario.
La ley permite que tanto los fiscales de condado como el fiscal general estatal presenten demandas legales contra cualquier escuela o biblioteca pública. Y lo que es peor: también incentiva a que los ciudadanos presenten quejas legales contra bibliotecas o escuelas públicas a través de un sistema de recompensas, como si fueran fugitivos del Marshall en un western.
Por esto último, muchas bibliotecas, incluyendo las de áreas rurales, únicas proveedoras de libros en sus comunidades, no puedan permitirse ser demandadas porque no pueden cubrir el costo de una defensa. Esta verdadera amenaza legal ha resultado en un efecto escalofriante en todo el estado de Idaho, con bibliotecas eliminando preventivamente cientos de libros de sus estantes.
Algunas bibliotecas se vieron obligadas a prohibir por completo la asistencia de menores en sus instalaciones porque son demasiado pequeñas para segregar libros “adultos” de los que no lo son. Uno de esos casos es la Biblioteca Pública del Distrito de Donnelly, demandante, que restringió el acceso a su edificio para cualquier persona menor de 18 años, a menos que concurra acompañada por un padre o tutor legal.
La demanda, de unas cuarenta páginas, alega que la ley HB 710 es inconstitucional y pone en manos de las escuelas y bibliotecas públicas la carga de “adivinar si algún miembro del público podría presentar una objeción a un libro con cuyo mensaje no está de acuerdo” basándose en una definición “vaga y demasiado amplia” de materiales “perjudiciales para menores”.
Como cara mediática y promotora de la misma, aparece Penguin Random House, que en su sitio web detalla otras dos demandas que ha realizado en Estados Unidos por prohibiciones de libros, invocando la Primera y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución. Estas son contra los estados de Iowa y Florida. Resulta llamativo que el Departamento de Justicia presentara una demanda para bloquear la adquisición de la empresa rival Simon and Schuster por parte de Penguin Random House, ¿acaso es una represalia preventiva?
Esto se produce la misma semana en que se presentó una demanda en Arkansas defendiendo a un bibliotecario público del condado que fue despedido por oponerse a la prohibición de libros. Mientras tanto, la lista de autores retirados de las estanterías escolares –es decir: censurados–, comprende a Kurt Vonnegut, Toni Morrison, Margaret Atwood, Maya Angelou, George RR Martin, Lynda Madaras, Ernest Hemingway y León Tolstoi, entre muchos otros.
Esta última demanda de las cinco grandes editoriales también advierte que la censura aplicada por esta ley puede recaer sobre libros que traten sobre el Holocausto y otros temas históricos, lo que implica un mayor riesgo todavía: la negación y olvido del pasado.
