La entrevista al vocal del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña llegaba a su fin luego de habar pasado por la postulación del gobernador Martín Llaryora de la abogada Jesica Valentini para ocupar la vacante existente en el máximo tribunal de la provincia, la edad de la imputabilidad de los menores, las tobilleras electrónicas y la interna judicial, entre otros. Y apareció la última pregunta: El Fuero Penal Anticorrupción es muy cuestionado. ¿Debería desaparecer?
La respuesta de López Peña en el programa Punto y Aparte -Punto a Punto Radio, 90.7- no se hizo esperar: “El fuero penal económico anticorrupción surgió a partir de una decisión legislativa y será una decisión legislativa la que debe removerlo. En el marco de la actuación judicial yo no tengo ningún reparo si la Legislatura lo elimina y distribuye la competencia material entre otras fiscalías resultantes u otro tipo de fiscalía. Si lo resuelve otro poder del estado, uno lo tiene que acatar”.
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-¿Qué opinión tiene de la postulación de Valentini como vocal del Tribunal Superior?
-Quiero ser muy prudente y todo está caminando los caminos institucionales. Es la Legislatura la que tiene que resolver y cualquier opinión puede ser tomada como una injerencia. No la conozco personalmente, pero sí sé que es muy buena persona, lo cual parece una tontería, pero no lo es. Tiene muchos antecedentes en la función pública. Bueno, si finalmente la Legislatura aprueba su pliego y jura, creo que merece la oportunidad de poder ser valorada y juzgada por su acción como jueza y los antecedentes quedan de lado.
-Hasta hace pocos años, las internas entre jueces parecían ser exclusividad de la Justicia Federal. Ahora parece que se han extendido al Tribunal Superior también…
-Tal vez estemos en la presencia de nuevos parámetros generacionales y el Poder Judicial no es ajeno a esto. Antes cuando había una disidencia en un fallo era una cosa extraordinaria, pero yo veo las disidencias como algo muy sano, para eso existen los tribunales colegiados. Obviamente, estas disidencias pueden ser llamadas o no disidencias, internas… yo naturalizo bastante a este tema, no le tengo miedo a los criterios contrapuestos. Bien, el paso del tiempo ex inexorable. Eso se da en el Poder Judicial y con la avanzada de los medios en las redes sociales hacen que todo se sepa, pero yo no creo que sea diferente a lo que pasaba antes. Es natural que haya diferencias de criterios en un cuerpo colegiado de siete miembros.
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-¿Los antecedentes políticos de funcionarios judiciales influyen en las decisiones judiciales?
-Depende, aquí en el Poder Judicial hay anticuerpos para eso, hay ex jueces y fiscales procesados y condenados o destituidos… los anticuerpos funcionan. Hay un tema: Córdoba no deja de ser una gran aldea, pero en determinados ámbitos o nos conocemos o tenemos referencias. Es muy difícil que quienes se hayan destacado en su profesión, en algún momento hayan tenido un vínculo con algún poder del Estado. A mí me paso, ya que entre 2007 y 20015 me tocó ser funcionario pero esa no era mi actividad principal. Era un cargo técnico, director de reformas procesales. Cuando me ofrecieron el cargo, yo dije: “Miren que primero no los voté”. Me dijeron que no importaba porque buscaban un perfil técnico. Bueno, por mi actividad profesional salió mi nombre pero conocí al gobernador, en ese momento José Manuel de la Sota, el día que firmó mi decreto. Entonces, se me podrá decir que fui funcionario, pero no se podrá decir que tengo que tengo vinculación o interés político. Es importante diferenciar a quienes pasaron por la función pública y ver qué funciones desempeñaron. Hay que ver que la mayoría del Tribunal Superior desempeñamos funciones en otros poderes del Estado.
-¿Considera que debe bajarse la edad de imputabilidad de los menores, que actualmente es de 16 años?
-Nos merecemos dar la discusión sobre este tema y reconozco que en los países de la región tenemos una edad de imputabilidad un poco alta. Pero eso no va a impedir que si reducimos la edad de imputabilidad, luego aparezcan menores que está por debajo de la nueva edad delinquiendo y estamos ante la misma problemática. La cuestión de la tobillera la conozco mediáticamente, no sé cómo está fundada pero creo que tiene que ver con la propia seguridad del menor. En el caso que se mediatizó vimos conductas contrarias a la ley y muy peligrosas para sí mismo. El estado provincial tiene una responsabilidad en esto, motivo por el cual el TSJ dictó fallos a partir de lo que mandan las normas constitucionales. Bien en Córdoba, esta situación en número nunca fue relevante. Son hechos graves, pero pocos. Hay que crear las condiciones de infraestructura, no solo las edilicias, sino también aportes de profesionales técnicos. Algunas otras provincias lo tienen y Córdoba todavía está en falta en eso.
