La colocación y explosión de una bomba molotov en un comercio de computación de barrio Zumarán ocurrido el 24 de diciembre último, tiene un grave trasfondo de violencia familiar y de género.
Por el hecho, la fiscal del Distrito III Turno 4, Claudia Palacios, ordenó la detención del abogado laboralista Pablo Medina y lo imputó por los delitos de “daño” e “incendio”. Lo acusa de instigar a dos personas para la colocación del artefacto.
Lo grave de la situación es el contexto en el que se produjo. No se trataría de un hecho aislado ni de un ataque dirigido a los dueños del local, sino de “violencia vicaria” según sostiene Daniela Pavón, abogada de la ex esposa de Medina. Son hechos producidos para causar dolor a las mujeres, afectando a sus seres queridos.
La letrada explicó que el negocio es de la hermana y el cuñado de su asistida, quien padece hostigamiento y hechos muy violentos por parte de su ex marido.
Como en muchos otros casos de violencia de género, suceden diferentes episodios e intervienen múltiples jueces y fiscales.
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Según relató Pavón a Perfil Córdoba, su patrocinada -G.C.- estuvo casada con el abogado Pablo Medina. Tuvieron tres hijos, el mayor de 14 años y mellizos de cinco. Cuando el vínculo de pareja comenzó a resquebrajarse, intentaron recomponerlo pero no funcionó y ella decidió poner fin a la relación. Esto sucedió en marzo del año pasado.
A partir de ese momento -continuó su relato la abogada- recrudeció la violencia. Intervino un Juzgado de Violencia de Género que ordenó medidas de restricción de acercamiento. A la par, el divorcio y sus consecuencias se tramitan en un Juzgado de Familia.
Un día los niños más pequeños fueron retirados de la escuela por el padre y la madre no pudo verlos más. El los cambió de colegio, sin el consentimiento de la madre.
A instancias de la jueza de Familia, intervino el equipo técnico del Fuero, Catemu, que realizó un informe negativo en relación al padre, por lo que dio intervención a la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia). Los niños fueron retirados del hogar paterno y, al tiempo, fueron dados en custodia a una madrina. El adolescente siempre estuvo con su mamá.
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La decisión judicial multiplicó la violencia, con hostigamientos y amenazas, puntualizó Pavón.
Medina también denunció a su exesposa por presunto abuso sexual en perjuicio de los hijos mellizos. “En ese trámite, se realizó Cámara Gesell y estamos esperando que se archive la denuncia”, puntualizó Pavón. El expediente está radicado en una Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.
Como abogado, Medina trabaja en una importante fábrica ubicada en Montecristo donde confeccionó y distribuyó folletos alertando sobre sus padecimientos con sus hijos.
Al día de hoy, los niños continúan en guarda con una familia.
Este es el trasfondo del ataque con bomba molotov que se produjo el 24 de diciembre en el local dedicado a productos informáticos de calle Granaderos al 2039, de nuestra ciudad.
En el video se observa la llegada de dos personas que dejan en la puerta un artefacto que estalló, incendiando la vidriera y dejando prisioneros a los clientes. En ese momento había unas 10 personas. Un niño tuvo ataque de pánico por lo sucedido.
“La situación es muy grave y el juzgado y la fiscalía de violencia han sido muy lentos en tomar medidas”, reclamó la abogada Pavón quien señaló que ya hizo una presentación a la fiscal Palacios sobre el contexto en el cual se produjo el ataque incendiario. “No fue un ajuste de cuentas, como se presentó la noticia”, subrayó.
El derrotero de la pareja motivó la intervención de los fueros de Familia, Violencia de Género y Penal. Múltiples jueces y fiscales analizan diferentes episodios narrados por sus protagonistas. Mientras tanto, la violencia siguió escalando hasta el suceso incendiario de vísperas de Navidad.
