El video de una jubilada arrastrándose para subir a un colectivo interurbano de Córdoba indignó en las redes sociales días atrás. Tras verificar que la actual normativa no exige rampas en las unidades a las empresas prestatarias, el legislador Gregorio Hernández Maqueda presentó este viernes un proyecto de ley que busca reformar la normativa del transporte interurbano.
Las imágenes de la mujer en el piso del colectivo intentando subir a un asiento reabrió el debate sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el sistema de transporte público. La dificultad de la jubilada en silla de ruedas para acceder a la unidad sin rampas expuso el vacío en la legislación provincial.
Indignación en Córdoba: una jubilada se arrastró para subir a un colectivo interurbano sin rampas
La normativa vigente, la Ley Provincial 8669, no exige a las empresas concesionarias equipar sus vehículos con adaptaciones para personas con movilidad reducida, limitándose a permitir el traslado gratuito con un acompañante. Esta carencia es una desventaja significativa para quienes necesitan movilizarse de manera independiente de una localidad a otra.
El nuevo proyecto propone incorporar un inciso al artículo 28 de la ley, estableciendo que el 100% de las unidades de transporte interurbano sean adaptadas en un plazo de 18 meses. En los primeros 12 meses, al menos la mitad de las unidades deberán contar con rampas, sistemas de sujeción y espacios designados para sillas de ruedas.
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También se especifica que las adaptaciones permitan el ascenso y descenso de manera autónoma, operadas desde el puesto de conducción del vehículo.
En los fundamentos del proyecto, se resalta que la normativa actual no incluye principios rectores de accesibilidad ni universalidad, a pesar de las reformas que se le han hecho desde su promulgación en 1998. Se señala como referencia la ordenanza N° 12.076 de la ciudad de Córdoba, que en 2012 estableció medidas similares para el transporte urbano, logrando un sistema más inclusivo.
