Un grupo de vecinos del exclusivo Carlos Paz Golf Country Club, ubicado en San Antonio de Arredondo, a 50 kilómetros de la ciudad Capital, se comunicó con Perfil Córdoba para expresar su preocupación por la situación que atraviesan al no poder escriturar los inmuebles que adquirieron. El barrio privado está enclavado en un predio de 108 hectáreas, entre bosques y sierras, posee hermosas vistas al valle y cuenta con cancha de golf de 18 hoyos. Se encuentra muy cerca de la nueva autovía que conecta Punilla con Bosque Alegre y el departamento Santa María.
El loteo comenzó a comercializarse en 2010, a partir de la constitución –un año antes– del Fideicomiso San Antonio. En sus inicios estaba compuesto de tres macro lotes integrados en un masterplan de tres etapas. El emprendimiento se anunció en aquel momento con esas características.
En su interior hay 407 terrenos, a pesar de que nunca se aprobó la subdivisión catastral. Actualmente la fiduciaria que administra el country y comercializa las parcelas está a cargo del estudio Castillo y Asociados, con sede en Capitalinas.
Según relató a este medio un grupo de propietarios, en los inicios la tierra no pertenecía a ningún ejido municipal. “Estaba en una zona gris, no era de San Antonio ni de Las Jarillas”, puntualizó una vecina. No obstante, el municipio de San Antonio otorgó en los primeros años una prefactibilidad. Esa endeble autorización posibilitó al fideicomiso comercializar los lotes a terceros que los adquirieron de buena fe, pensando que la situación se regularizaría en breve.
Pero el problema persiste. No se ejecutaron obras esenciales. Eso impide la habilitación y la inscripción de los inmuebles en el Registro de la Propiedad.
Estiman que el fideicomiso lleva vendidos unos 300 lotes. De ellos, entre 60 y 70 tienen viviendas ya construidas ”con gran nivel arquitectónico”, según relatan los vecinos. Quedan por vender un centenar de terrenos pero hay una medida judicial que impide al fideicomiso seguir comercializando las tierras.
Cuáles son los impedimentos para escriturar
“Al día de la fecha el barrio no posee más que simples números de expedientes –sostiene una propietaria– pero ninguna aprobación final por parte de la Municipalidad de San Antonio, de Catastro de la Provincia, de Recursos Hídricos ni de la Secretaría de Ambiente”.
Recién en 2018 el barrio fue incorporado al ejido de la Municipalidad de San Antonio. Según otro vecino, se han enviado ocho cartas documentos al estudio Castillo y Asociados para pedir que se ejecuten las obras pendientes.
Una de ellas es esencial y se trata de la conexión a la red de tratamiento de aguas cloacales de Punilla. Actualmente, cada lote tiene sangría, lo que contamina las napas subterráneas. En esa situación jamás podría ser autorizada por Ambiente. Existe, al parecer, la obra de cloacas interna del barrio, pero falta conectarla a la red que inauguró en noviembre pasado el Gobierno provincial.
Un vecino estimó que “el costo del caño que llevará los líquidos desde el country hasta la planta asciende a unos 900.000 dólares, una cifra imposible de afrontar”, según dicen. Por eso hay gestiones ante el municipio para que se haga cargo de esa conexión.
En 2023, año de elecciones comunales, durante la gestión de la intendenta Patricia Ciccerone, el Concejo Deliberante dictó la ordenanza 423/2023 donde se establece que todo el ejido perteneciente a la municipalidad de San Antonio será conectado a la red troncal. Allí se incluye al country Carlos Paz Golf, señalan los vecinos.
Los propietarios mantuvieron luego reuniones con el sucesor de Ciccerone, el actual intendente Ariel Moyano. Según los partícipes de esos encuentros el jefe comunal les dijo que no cuenta con recursos económicos para realizar la conexión al barrio. Sin esa obra es imposible que el barrio consiga la habilitación de la Secretaría de Ambiente. De esa decisión depende el resto.
Otro tema pendiente es la red de agua corriente. “No hay agua, es un recurso escaso”, sintetizó un habitante del barrio con gran preocupación.
Agregó que cuando compraron sus inmuebles los folletos anunciaban una serie de obras que no se hicieron o se ejecutaron parcialmente, como canchas de deporte, calles adoquinadas, cordón cuneta en la segunda y tercera etapa del plan, dispositivos de seguridad, entre otras.
Según los accionantes, a partir de la presentación de la denuncia, los miembros del fideicomiso comenzaron a moverse y reactivaron trámites pendientes.
Este medio intentó obtener la palabra del estudio Castillo y Asociados –cuyos titulares son Dina Castillo y Martín Vázquez–, pero no hubo respuesta a los llamados y mensajes enviados.
Quienes adquirieron sus lotes a lo largo de los años están preocupados. Dicen que a pesar de todo lo prometido no observan avances en las obras pendientes, lo que les impide escriturar. La consecuencia es la pérdida de valor de sus lotes y casas. Un terreno de 1.000 m2 que se vendía a US$ 80.000, hoy vale la mitad de ese precio, a pesar de estar en “uno de los country más bellos y selectos que hay en Córdoba”, al decir de uno de ellos.
