El abogado Oscar Gastón Bazán, codefensor junto a Miguel Ortiz Pellegrini, de Oscar González, percibió de la Legislatura de Córdoba más de $6,7 millones entre julio de 2020 y fines de 2023. También hay un pago único en enero de 2024 por un monto exiguo.
Durante ese período fue asesor legislativo del por entonces presidente de la Unicameral. En la actualidad el letrado asiste técnicamente a González en las investigaciones judiciales derivadas del siniestro vial con resultado fatal. Por ese hecho será juzgado en debate oral y público próximamente; pero, además, está detenido e imputado en un expediente federal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Allí también actúa como codefensor junto a Miguel Ortiz Pellegrini.
Los cobros que percibió Bazán figuran en la documentación incorporada a otro expediente tramitado en la Justicia Federal. Allí se investigó y archivó recientemente una denuncia presentada en su contra por Gustavo Álvarez, padre de Alexa, la joven que sobrevivió en el siniestro ocurrido en octubre de 2022 Álvarez pidió a la Justicia investigar si Bazán incurría en el delito de evasión agravada porque sus declaraciones juradas no coincidían con la categoría en la cual había encuadrado su actividad laboral. También pidió que sea investigada su esposa, Adriana Ethel Aguilera.
Por estar encuadrado en una categoría inferior tuvo que pagar una multa en la Afip, canceló tres ejecuciones fiscales y, coincidentemente, se dio de baja en la Legislatura tras esa denuncia.
Después de esas acciones de Bazán, el fiscal solicitó el archivo del expediente y el juez clausuró la investigación en una resolución del 11 de abril pasado.
Fue en el trámite de ese expediente, donde se solicitaron informes a diferentes organismos nacionales, como UIF y Arca (ex-Afip), sobre su situación impositiva y patrimonial. Allí figuran todos los datos y saltan a la vista los cobros que percibió de la Legislatura de Córdoba, entre 2020 y 2024. En realidad ese último período sólo figura una única percepción. El informe data de abril del año pasado.
El dato de la asesoría y los cobros adquieren relevancia significativa tras el escándalo de Guillermo Kraisman y la empleada fantasma, Virginia Martínez, que derivó en presentaciones de amparos judiciales para que la Legislatura transparente sus contratos. La presidenta del cuerpo, Myrian Prunotto, se vio obligada a publicar un listado en el que figura, entre otros, Cristina Vidal, pareja de González y excandidata a la intendencia de Villa Dolores en 2023.
No figura Bazán porque su vínculo contractual cesó en enero del año pasado.
Perfil Córdoba tuvo acceso a la documentación de la causa federal. El detalle de los montos que cobró Bazán de la Legislatura de Córdoba, por período, es el siguiente.
2020: $ 380.945,90
2021: $ 968.120,73
2022: $ 1.649.528,50
2023: $ 3.745.075,44
El año pasado sólo hay una factura por poco más de $24.000. Desde entonces cesó el vínculo que lo unía a la Legislatura. Así lo confirmó el propio Bazán a este medio. Los montos que se publican en este informe son históricos y en pesos.
Es posible advertir el salto que hay entre el 2022 y el 2023, cuando se incrementaron más del doble. Es justamente el año en que González debió desplegar su defensa luego del siniestro vial en el que falleció la artista plástica y docente, Alejandra Bengoa, y sobrevivieron su hija Marina y una amiga, Alexa.
Gastón Bazán tiene una trayectoria de cuatro décadas en Villa Dolores. Al responder a la consulta de este medio se definió como “abogado, asesor y litigante”.
En relación al contrato que lo ligó a la Legislatura contó que Oscar González lo convocó en el 2020. Antes de eso fue jefe de la Mesa de Asuntos Legales del COE –el comité creado durante la pandemia del Covid-19–, tarea que dijo haber desempeñado “ad honorem” durante cinco meses. En efecto las facturas pagadas por la Unicameral comienzan a partir del mes de julio de ese año.
Bazán aseveró que desarrolló su tarea de asesor legislativo desde Villa Dolores, sin trasladarse a la ciudad de Córdoba, “hasta diciembre del 2023” cuando también renunció a la asistencia legal que prestaba en el municipio de San Pedro, en el Departamento San Alberto.
Este medio también le preguntó a qué se debía el salto del monto entre 2022 y 2023. “No recuerdo cuánto cobré”, respondió e incluso dijo no tener presente si eran sumas fijas o por jus, la unidad de medida arancelaria de los abogados, que él suele usar para establecer sus honorarios.
En la trayectoria del letrado es conocida su cercanía al exintendente de Villa Dolores Juan Pereyra. Fue asesor letrado municipal de esa ciudad durante su gestión y sigue siendo su abogado particular. Pero, además,
Bazán afirmó que ahora asesora a municipios en forma externa, no con un cargo en el organigrama. “La publicidad en los diarios locales la hago como asesor jurídico”, afirmó.
González, detenido y con dos frentes por el siniestro vial y el uso de un auto oficial
Oscar González presidió la Legislatura entre el 2013 y el 2022, cuando fue desplazado por el siniestro, ocurrido cuando conducía un sábado a la siesta un auto de alta gama –un BMW–, entregado gratuitamente por el Tribunal Superior de Justicia.
Continúa detenido en su domicilio y con una tobillera electrónica por orden del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. Está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a raíz de una denuncia de la legisladora provincial Luciana Echevarría. Los bienes declarados por González aparecen con montos irrisorios y resulta absolutamente inconsistente la declaración jurada que presentó ante la Legislatura de Córdoba. Por esa razón, se ordenó su detención.
Mientras tanto, en la Cámara del Crimen de Villa Dolores se diligencia la prueba en el otro frente judicial que lo espera: el juicio por el siniestro vial del 29 de octubre del 2022, donde está acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas.
Por los vínculos familiares se apartaron todos los fiscales, lo que da la pauta de la influencia que tiene en la región, incluso en el Poder Judicial. Quien realizará la acusación es la misma instructora, Analía Gallarato.
Hasta un juez de Cámara se inhibió por “amistad manifiesta”.
Actualmente el tribunal está tramitando la prueba que se ventilará en la audiencia oral y pública.
