Una pareja de soldados voluntarios de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) intenta revertir la baja, medida que les fue aplicada recientemente; primero a ella (S.C.) y luego a él (G.P.).
S.C. integraba el Escuadrón Tropa de la fuerza con asiento en Córdoba desde marzo de este año. El 7 de mayo expuso ante la Oficina de Género de la fuerza una serie de hechos que podrían encuadrarse en abuso de autoridad, acoso laboral y malos tratos recibidos de sus superiores. Uno de los episodios que narró fue un escupitajo que recibió en la cara.
Desde la presentación, lejos de disminuir el maltrato se incrementó y la expuso al extremo de tener que pedir una carpeta psiquiátrica.
Al reincorporarse debía realizar el apto físico pero, en los hechos, el trámite le fue negado porque pidió turno en cuatro ocasiones, en cada una de las cuales sus superiores la colocaron en turnos de guardia imposibilitando la asistencia al estudio.
En el mes de septiembre le prohibieron el ingreso al predio y, finalmente, el 30 de octubre le notificaron la baja como soldado voluntario.
El caso reviste aún mayor gravedad porque ella cursa el cuarto mes de un embarazo de riesgo y es madre de una niña de cuatro años.
El caso de G.P. fue un espejo de lo que le sucedió a ella. Él gozaba de buen concepto, pero este año comenzó a recibir llamados de atención de sus superiores cuando se enteraron que había iniciado un vínculo afectivo con S.C. Tampoco pudo realizar el apto psicofísico. Al no cumplir un requisito obligatorio le prohibieron el ingreso y el mismo día que a ella –30 de octubre– le notificaron la baja como soldado voluntario.
Ambos son asesorados por la defensora oficial de la Justicia Federal, Mercedes Crespi, quien solicitó una suspensión de plazos y vista del expediente administrativo. En una instancia extrajudicial intentan revertir la situación.
Otro caso. En 2014, una joven que se desempeñaba como soldado voluntaria, denunció hechos de acoso por parte de superiores jerárquicos en la Base de Merlo, provincia de Buenos Aires. Hizo las presentaciones en varios organismos: en el Departamento de Género de la FAA, en el Ministerio de Defensa e incluso en la Policía de Merlo, pero de todas formas le comunicaron la baja. ¿El fundamento? Bajo rendimiento.
J.O. es un suboficial de la misma base que tomó conocimiento de la situación de la soldado y, junto a su esposa L.C., integrante de la Fuerza, le dieron contención. Desde entonces –fines de 2014– la pareja que acompañó a la víctima fue objeto de hostigamientos, sanciones, maltratos y de agresiones –incluso físicas, en el caso de J.O.– por parte de sus superiores.
Ambos, tuvieron licencias por razones de salud que desembocaron en la situación de pasividad de la mujer y la baja del suboficial.
En 2017, los dos presentaron un amparo en los tribunales federales de Córdoba. La mujer fue reincorporada al poco tiempo al servicio efectivo. En cambio, él tuvo un camino más arduo.
El 2 de marzo del 2020, el Juzgado Federal N°2 hizo lugar a la acción de amparo de J.O., ordenó a la Fuerza Aérea revocar la resolución por la cual otorgó retiro obligatorio y reintegrarlo a sus tareas habituales. También dispuso que le abonen los haberes correspondientes con retroactividad a la época en que efectivamente dejó de percibirlos.
Dos años más tarde, en 2022, la Cámara Federal confirmó esa resolución. Finalmente, fue reincorporado ese año aunque no le asignaron las funciones que tenía anteriormente, perdió suplementos, menguando así sus ingresos salariales. Además, el tiempo transcurrido truncó su carrera militar al no poder postularse para los ascensos.
Dos casos judicializados con condenas
El caso de D.C. se remonta a 2017 y ocurrió en el Liceo Militar General Paz. Carlos Nelson Pollet, un médico militar con rango de mayor, con quien ella conversaba sobre su posible traslado a otra dependencia, le dijo que debía “hacerle un regalito” por sus gestiones para evitar el cambio, que ella era su amor platónico y la manoseó en todo el cuerpo.
Ella lo denunció penalmente y en 2022 él confesó el hecho en un juicio abreviado. El Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Pollet por los delitos de abuso sexual simple e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por un año. También le impuso el pago de una reparación económica a la víctima.
A pesar de que ya se probó que D.C. fue víctima de abuso dentro de la fuerza, el año pasado tuvo que pedir volver a desempeñarse en el servicio de salud de la institución.
Cuando denunció al superior le asignaron tareas administrativas y allí quedó, a pesar de que entre 2018 y 2021 llegó a ser jefa de servicio.
Abusada y expulsada. Ángeles era cadete de la Escuela de Aviación Militar. Su historia fue publicada el 6 de octubre pasado por PERFIL CÓRDOBA apenas concluyó el juicio donde fue condenado el excadete –iba a un curso superior a ella– Julio Mauricio Méndez por abuso sexual simple agravado, a tres años de prisión condicional.
Ese día también debía ser juzgado Leonardo Espíndola, pero horas antes decidió poner fin a su vida.
Cuando Ángeles denunció lo ocurrido, en 2019, la FFAA no le brindó contención. Por el contrario, le impusieron sanciones disciplinarias hasta darle finalmente de baja como cadete.
La Justicia ordenó reincorporarla en 2022. El JF3 concedió el amparo y la Cámara Federal lo confirmó. A pesar de ello, la fuerza no hizo nada para cumplir la orden judicial.
Por la forma en que los superiores trataron a Ángeles después de denunciar a los cadetes, hay jefes imputados. Una de ellas es referente de Género en la fuerza.
Los casos expuestos en este informe evidencian una cultura del desprecio hacia quienes se animan a denunciar hechos reprochables y delitos dentro de las Fuerzas Armadas, caracterizadas por su verticalidad. Que existan oficinas especiales para acoger el testimonio de víctimas no garantiza que efectivamente se las escuche y acompañe.
