El juez federal N° 1, Alejandro Sánchez Freytes, dictó un decreto fundado que dicta una medida de no innovar sobre el predio llamado La Perla chica, ubicado en Malagueño sobre la colectora Justiniano Posse.
Hace exactamente un año, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto al gobierno provincial y la Municipalidad de Malagueño, y organismos de derechos humanos, señalizaron el lugar como un Espacio de la Memoria.
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El gobierno de Javier Milei incluyó el predio en un listado de 500 inmuebles para ser enajenados. Así lo dispuso en el decreto 950/2024. En el anexo de la norma, en el número 31 del listado se especifican 10 lotes que cubren una superficie de 580.000 metros cuadrados.
lLs fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y Laura Bazo Queirolo habían pedido al juzgado una medida para frenar la venta. Lo hicieron en el marco de uno de los tantos expedientes aún en trámite por delitos de lesa humanidad (Huber, Emilio Juan y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, imposición de torturas, violación y abuso sexual).
Entre los argumentos señalaron que hay investigaciones abiertas sobre hechos ocurridos en ese lugar, al haber funcionado durante una época como centro clandestino de detención.
La Perla chica era un anexo de La Perla. Los dos espacios quedaron separados con la construcción de la autopista. Mientras se disputó el Mundial ’78, La Perla chica alojó secuestrados de la dictadura. También hubo detenidos durante la visita al país de la Cruz Roja Internacional y en 1979, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
