Un fin de año más que agitado para la justicia.
El proyecto de creación de un Tribunal de Casación provincial autoría del legislador libertario Agustín Spacessi, criticado por el presidente del TSJ, Luis Angulo -muy cercano a Juan Schiaretti-, y desconocido por alfiles del llaryorismo consultados por PERFIL CÓRDOBA sirvió para poner picante a la última semana antes del receso veraniego.
“No es un proyecto nuestro” reiteraron ayer desde el despacho del ministro de Justicia, Julián López. “Sea cual fuera su destino, será discutido el año próximo”, agregaron.
Sin embargo, ya se instaló el ruido en los tribunales.
No son pocos los que, antes de que se conozca si la iniciativa tiene real plafón parlamentario, advierten que “tal como está redactada es inconstitucional”. Para que sea aprobada, es necesario reformar la Constitución Provincial, donde están expresamente planteadas la competencias en materia de casación del Alto Cuerpo.
Desde el ala política minimizan este detalle, lo que no advierten es que quienes terminarán resolviendo si es o no constitucional la reforma son los que la resisten.
Otro enorme escollo que le ven es la lentitud que provocará. Incorporar una nueva instancia en vez de agilizar, prolongará los tiempos para la resolución de los expedientes.
Este aspecto es más preocupante si se tienen en cuenta las posibles consecuencias en dos tipos de expedientes penales: los de violencia de género y los de guante blanco. Por lo general son tipos de delitos -lesiones o estafas, por ejemplo- con cortos plazos de prescripción. Se terminarán cerrando las causas por el simple paso del tiempo sin que se llegue a ninguna sanción a los acusados, porque se sumará una nueva instancia recursiva.
Luego hay una enorme discusión -también en la jurisdicción nacional, en Buenos Aires- sobre los criterios para conceder los recursos extraordinarios.
“En materia penal, sólo una sentencia condenatoria interrumpe la prescripción”, explicó un especialista. Incorporar más tribunales revisores intermedios, insumirá más tiempo para que las causas queden con sentencia firme y el riesgo de prescripción será mayor.
Si ahora podían pasar cuatro, cinco o seis años para adquirir firmeza en un fallo, ese plazo podría hasta duplicarse sumando un tribunal de casación intermedio. Después del pronunciamiento de una Cámara del Crimen, podrán revisar la sentencia el Tribunal de Casación, el TSJ y llegar a la Corte Suprema.
Por eso, desde tribunales marcan una contradicción: si el gobierno provincial pretende realmente mayor agilidad y efectividad, este proyecto va a contramano.
Un alto funcionario del Poder Judicial lo definió como una muestra de “torpeza”. Otro agregó: “Son globos de ensayo” que se tiran cada tanto.
En las bases, las fiscalías de Instrucción algunas de las cuales están desbordadas -”yo tengo 120 presos”, señaló a este medio un fiscal- también se preguntan: ¿para qué una nueva estructura que costará millones de pesos si donde faltan recursos es en la trinchera donde día a día debemos enfrentar al delito?
Con ese ánimo, en las oficinas de tribunales transitó la semana previa a la Navidad.
Tiempos agitados, ánimos resistentes, enojos y pronósticos de malos augurios para un proyecto de ley que cayó pésimo en la mayoría de los despachos tribunalicios. Sólo unos pocos reconocen que el Poder Judicial es el más resistente a los cambios y esa es la razón del pataleo.
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Al margen quedan las especulaciones políticas. ¿Para qué se crearía realmente un Tribunal de Casación? En materia civil no tiene sentido.
Sí la tiene en la faz Penal, donde el TSJ es el que define el criterio para castigar los delitos, muchos surgidos en los últimos años por corrupción de estamentos del Estado y de las fuerzas de seguridad. Detalle al margen: absolutamente ninguno investigado en el Fuero Anticorrupción.
También en materia Contencioso Administrativa, donde se dirimen los derechos ciudadanos frente a la gestión estatal.
Recortar poder al TSJ, disciplinar a sus miembros por las internas palaciegas, frenar el avance de causas de peso que rozan y afectan al poder político, son algunas de las razones que alimentan las interpretaciones de la iniciativa que firma Spacessi, pero que tendría el aval de algún costado político. Caso contrario es imposible admitir que tenga alguna posibilidad de éxito.
