La propuesta de eliminar el feminicidio del Código Penal argentino representa un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género y un ataque directo a los derechos de las mujeres. Esta medida, alineada con las tendencias anti-equidad a nivel global, tendrá un impacto profundo y duradero en el bienestar psicológico de las mujeres y niñas, socavando los avances en materia de salud mental y generando un clima de inseguridad y miedo que afecta a toda la comunidad.
Negar el feminicidio como delito específico envía un mensaje claro: la violencia hacia las mujeres no es un problema grave. Esta decisión no sólo invisibiliza el sufrimiento de las víctimas, sino que también obstaculiza el acceso a servicios especializados y normaliza la violencia machista, retrocediendo décadas en la lucha por la igualdad de género.
Sin embargo, a lo largo de la historia, también han surgido movimientos sociales y profesionales que han luchado por visibilizar el trauma y sus consecuencias.
El reconocimiento del trastorno por estrés postraumático (TEPT) en veteranos de guerra, gracias a la presión de activistas y expertos, es un claro ejemplo de cómo la lucha social puede impulsar cambios significativos en el campo de la salud mental.
Asimismo, los movimientos feministas de los años ‘60 y ‘70, y eventos como los disturbios de Stonewall, visibilizaron la violencia de género, doméstica y la discriminación contra la comunidad LGTBIQ+, transformando el trauma colectivo en un llamado a la acción por derechos y justicia social. Los avances en las neurociencias han revolucionado nuestra comprensión de los efectos del trauma en el cerebro y el cuerpo.
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Sin embargo, esta creciente comprensión científica se ve ensombrecida por un preocupante retroceso en las políticas públicas de muchos países. La negación de la violencia de género, el racismo y otras formas de opresión, así como la promoción de políticas que exacerban las desigualdades sociales, socavan los esfuerzos por prevenir y tratar el trauma.
Esta situación no sólo pone en riesgo la salud mental de millones de personas, sino que también obstaculiza la construcción de sociedades más justas y equitativas. Se ha intentado minimizar el impacto del trauma a lo largo de la historia, desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, cuando se minimizaron las experiencias de las mujeres víctimas de violencia.
Desafíos diarios
Entonces, ¿cómo negar lo evidente? La realidad en los consultorios de salud mental desafía esta narrativa: están saturados de casos que dan testimonio de las profundas heridas que estas experiencias dejan en las personas. El aumento en los casos de depresión, ansiedad, trastornos por estrés postraumático e intentos de suicidio es una evidencia contundente de que el trauma no es una construcción social, sino una experiencia real que tiene profundas consecuencias en la salud mental y física de las personas.
Ninguna política o ley puede ocultar esta realidad. La historia de la psicotraumatología refleja un camino lleno de avances y retrocesos, influenciado profundamente por los contextos sociopolíticos. Desde los primeros estudios sobre la histeria por Charcot, Freud y Janet, que vincularon los síntomas a experiencias traumáticas reales, hasta su posterior minimización por la teoría de fantasías inconscientes, se evidencia cómo las dinámicas de poder y las presiones sociales han silenciado el sufrimiento de las víctimas.
Además, se obstaculiza la investigación en el campo de la psicotraumatología, limitando nuestro conocimiento sobre las causas y consecuencias de la violencia de género, que no sólo es una tragedia social, sino también una carga económica significativa. Los costos laborales, sanitarios, legales y sociales derivados de esta problemática son elevados y afectan a toda la sociedad.
Es fundamental reconocer que el trabajo no remunerado de las mujeres, como las tareas del hogar y el cuidado, representa una contribución significativa al PBI. Sin embargo, la violencia de género limita la capacidad de las mujeres para participar plenamente en la economía. En síntesis, negar el trauma y sus consecuencias es un error histórico que hemos repetido una y otra vez, perpetuando el dolor, desigualdades, vulnera derechos humanos fundamentales y genera además ineficiencias económicas.
Avanzar hacia la equidad no es sólo una obligación ética, sino también una necesidad respaldada por la ciencia y el sentido común. Es fundamental que la sociedad civil, los profesionales de la salud mental y los tomadores de decisiones nos unamos para exigir políticas públicas basadas en evidencia científica que protejan los derechos de las personas y promuevan sociedades más justas y equitativas.
El futuro no está escrito. ¿Permitiremos que la historia se repita, condenando a nuevas generaciones a las mismas heridas? O, por el contrario, ¿elegiremos construir un futuro donde el trauma sea sanado y la justicia prevalezca? La respuesta está en nuestras manos, en nuestras acciones individuales y colectivas.
(*) Psiquiatra - psicotraumatología
Mg. Economía de la Salud
