Si el equipo de Javier Milei y la gestión de Toto Caputo en economía consiguen estabilizar los niveles de inflación y concretan un nuevo acuerdo con el FMi para llevar oxígeno a las reservas del Banco Central podría quedar despejada una de las grandes deudas que miran las corporaciones y las inversiones como son el cepo y las restricciones del mercado cambiario. Y en paralelo se tendrá que mirar con mayor atención lo que está pasando con la evolución de la actividad y económica y el trabajo.
Así, la generación de empleo privado formal será, sin dudas, uno de los principales desafíos de la macro este año y los que vendrán. Con todos los condicionantes, restricciones y desincentivos que tienen las empresas para la generación de empleo será vital revisar que pasa en la cadena de cada sector y en otros sistemas para aceitar la rueda de la creación de trabajo.
Es en ese marco que cobra relevancia un reciente informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que da cuenta de cómo se movieron los juicios por accidentes laborales en 2024. Y si se tiene en cuenta la parábola de los últimos años, la película requiere al menos de varios análisis y cuestionamientos.
Según los datos expresados por la UART el 2024 puede catalogarse como como un año de altísima litigiosidad ya que hubo 125.842 nuevos juicios laborales, únicamente por Riesgos del Trabajo. Casi 9000 de ellos se concentraron en diciembre.
“La cifra da idea clara del tamaño de la problemática y del desafío a resolver, que no sólo impacta implacable sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo, desde la UART se enfatiza también que estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo, a los trabajadores bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad y a las ART socavando la solvencia del Sistema”.
El dato de juicios por accidentes en el país durante 2024 representa una suba del 7% en relación al 2023 cuando se iniciaron 117.348 demandas.
Pero, tal vez lo más alarmante es el dibujo de la curva de juicios en los últimos años. En marzo de 2017 entró en vigencia la nueva Ley de Riesgos de Trabajo 27.348. Ese año hubo 130.679 demandas, pero al año siguiente cayeron un 40% para ser cerca de 80.000 y bajaron a 67.000 en 2019. El piso se tocó durante 2020 con la pandemia, pero luego empezó el rebote. Fueron más de 93 mil en 2022, 117 mil en 2023 y más de 125 mil en 2024.
Para las empresas que componen la UART el “rebote” se explica, principalmente porque las justicias de cada provincia y de CABA no avanzaron con la aplicación de la nueva Ley y con los dispositivos y herramientas que plantea, como los cuerpos médicos forenses.
“Cuando hablamos de generación de empleo y generación de empleo formal, registrado y de calidad se habla mucho, pero no es sólo que norma laboral se necesita, sino también la incidencia de la Justicia en la generación de empleo. Es una pata muy importante, hay un costo de litigiosidad que existe y no se pone en consideración cuando se habla de normas y de incentivos. No se está ponderando el factor de la Justicia. La Ley entra en vigencia en 2017 y entre los cambios estaba el compromiso para que las justicias provinciales crearan cuerpos médicos forenses para evaluar los casos", dicen fuentes de la UART.
Y añaden: "Médicos especializados, que ingresen por concurso y cuyo salario no dependa de la demanda iniciada. Además, que se aplique el BAREMO, la tabla con la que evalúa la capacidad e incapacidad que genera una lesión y un listado definido de enfermedades y las condiciones para ser resarcibles por parte del sistema”.
Para ese espacio, al no cumplirse esos puntos no se avanza con la aplicación de un mismo criterio para todas las partes. “La forma de evaluar por parte de todo el mundo tiene que tener el mismo criterio, la ART, la Justicia, etc, para que no existan controversias. Si existen diferencias de criterios van a existir controversias y van a existir juicios”.
Así, sin criterios definidos para todas las partes, y resoluciones contradictorias en las distintas etapas del proceso se generan las condiciones para que opere la llamada “industria del juicio”. “Desde lo técnico este sistema tiene un concepto asegurador subyacente porque le garantiza al empleado que reciba la prestación y al empleador conocer los costos subyacentes. Para que funcione hay que tener un sistema bien claro y tabulado, para que cobre el que tiene un daño y el que no lo tiene que no cobre”, apunta la UART.
Otro dato relevante es la comparación con otros países con siniestralidad similar. Ante la misma cantidad de episodios, en países como España o Chila la tasa de judicialización es mucho menos. Argentina tiene 13 veces más juicios que España y 20 veces más que Chile.
“Acá no se necesita un ejército de peritos. Si hay coincidencia de criterios esto no pasa. Si una persona tiene un esguince y en etapa administrativa previa tiene 0% de incapacidad y va a la Justicia y le dicen que tiene un 0% de incapacidad deja de ir a la Justicia porque le están ratificando lo que le dijeron en la etapa administrativa previa. Por ahí hay gente interesada en que esto no sea así. En el caso de Córdoba hay un alto porcentaje de proporción de enfermedades profesionales por sobre otra cosa. Es tres veces el porcentaje que tiene CABA. Las típicas de la anterior etapa de la industria del juicio, hay un revival de la industria del juicio. Son enfermedades que si las trata un perito deberá concluir que no lo son. Pero hoy es una pregunta abierta. Cuando el criterio es uniforme la controversia baja. Se hizo mucho, pero falta la parte del Poder Judicial. Siempre hay una demora y no se termina aplicando el mismo criterio, siguen las controversias y siguen los juicios”, plantean desde UART.
Ranking de demandas por provincia
En orden de participación, Provincia de Buenos Aires es la más litigiosa con un total anual de 50.584 demandas. Su crecimiento respecto del año precedente fue de 4.5%. Le sigue CABA, con 22.946 litigios en el año. El tercer lugar lo ocupa Santa Fe, con 16.439 juicios en el año y un incremento anual de 21,5%. En cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales, 650 en el último mes, y un aumento interanual de 4.2%. La sigue en el podio de las 5 grandes Mendoza con 9.857 totales y un aumento de 18%.
