Mientras el escándalo de la "asesora fantasma" sigue vigente, a raíz de la "causa Kraisman" a cargo del Fuero Anticorrupción, y pese a que la vicegobernadora Myrian Prunotto entregó el listado de 1.054 asesores contratados (y no de los empleados) sin precisar funciones de 711, la bancada UCR puso el foco en las limitaciones para acceder a la información sobre el manejo de los recursos del Estado provincial.
El proyecto para una nueva Ley de Acceso a la Información Pública en Córdoba de la radical Brenda Austin, que fue un anticipo de Perfil Córdoba en su edición del domingo, ingresó ayer a la Unicameral y cuenta con el apoyo de todo el bloque radical.
La autora de la iniciativa afirmó que la norma vigente en la provincia "ha quedado completamente desactualizada". En sus argumentos, la opositora centró su mirada en la necesidad de una nueva ley alineada a los estándares nacionales e internacionales y que garantice la transparencia de la gestión pública provincial. "Córdoba está lejos de tener estándares de transparencia aceptables en términos comparativos. Si a eso le sumamos que el peronismo de Córdoba y el gobierno de Llaryora se niegan sistemáticamente a brindar información que es pública, porque involucra fondos que son de todos los ciudadanos, la situación de la provincia se vuelve crítica. La falta de transparencia es un nicho de corrupción", remarcó Austin.
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Ante las dificultades para acceder a la información relacionada a los contratos de la Legislatura, la parlamentaria radical habló de "la opacidad del Estado provincial". Sin embargo, advirtió que no es el único caso, "son numerosos los pedidos de informes que no encuentran respuesta" del Poder Ejecutivo. A ello, sumó la última reforma del reglamento interno de la Unicameral impuesta por el PJ que "hace aún más engorroso el trámite para poder contar con información de las áreas de gobierno o poder discutirlas en el pleno del recinto", subrayó.
Principio rector
Con la nueva normativa que impulsa Austin se busca garantizar que el Estado cordobés cumpla con el principio de "transparencia activa" al momento del acceso a la información pública. Este principio rector que resulta clave del proyecto radical para dar batalla a la "opacidad" del Estado provincial sigue los parámetros previsto en la ley nacional 27.275 que elevó los estándares en la materia y constituye un piso de referencia por haber recogido gran parte de los lineamientos básicos de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública (OEA).
Entre los postulados básicos se tienen en cuenta el principio de máxima divulgación, la transparencia activa incluso en ausencia de petición específica y la adopción de medidas para promover, implementar y asegurar el derecho de acceso.
Dentro del título de Transparencia Activa el proyecto de Austin prevé que los sujetos obligados deben "facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de sus sitios electrónicos" de modo "comprensible, de acceso fácil y gratuito".
Respecto de la información que menciona la iniciativa obliga al Estado a proveer entre otros “la nómina de autoridades, funcionarios políticos y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, con sus nombres, cargo, deberes y funciones que desempeñan, posición en el escalafón y fecha de ingreso".
Justamente, en el caso del listado de la Unicameral, el gremio de los legislativos resistió la publicación de datos que se asocien con cada trabajador con la advertencia de recurrir a la justicia con un amparo de habeas data. De todos modos, la vicegobernación no hizo público hasta el momento la nómina de empleados de planta permanente. Tampoco especificó funciones de 711 de los 1.054 asesores contratados.
A su vez, el proyecto de ley opositor fija que el Estado provincial debe aportar datos sobre los gastos, viáticos, declaraciones juradas, agendas de funcionarios con rango superior al de Secretario de Estado, la información que dé cuenta del otorgamiento de concesiones, permisos subsidios, entre otros.
Asimismo, el proyecto plantea un viejo reclamo de los periodistas parlamentarios como son las actas de votación de las sesiones de la Unicameral, práctica que es habitual en el Congreso nacional.
Otras claves del proyecto
La propuesta radical amplía además el alcance de la información, teniendo en cuenta que la normativa actual solo permite solicitar documentación escrita, lo que limita el acceso a datos fundamentales. El proyecto amplía el concepto para incluir información en todo tipo de formato o soporte que fundamente decisiones estatales. También se mejoran los tiempos de respuesta, se implementan sanciones para los funcionarios que se nieguen a brindar información y se fijan criterios específicos en cuanto a las excepciones, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
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Frente a la negativa a brindar información o ante el silencio, se establecen herramientas administrativas y judiciales para obligar a su cumplimiento. Finalmente, se propone la creación de un organismo independiente, una Agencia de Acceso a la Información, similar a la nacional, que garantice el cumplimiento de la ley.
La iniciativa pretende incorporar otros principios que provienen de la ley nacional y que elevan la rigurosidad en su interpretación, entre ellos el de presunción de publicidad -toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo excepciones previstas-; de transparencia, máxima difusión, premura, no discriminación, gratuidad, alcance limitado de las excepciones, facilitación, buena fe e in dubio pro petitor. Esto último implica que la interpretación de la norma debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.
Principales puntos
En resumen, la iniciativa de Austin busca garantizar que el Estado cumpla el principio de transparencia activa y ponga a disposición toda la información relevante en portales de acceso público, además de mejorar las herramientas para que los ciudadanos puedan requerir información específica.
Propone ampliar el alcance de la ley para incluir no solo a los funcionarios estatales, sino también a todos los actores que manejen fondos públicos, como contratistas del Estado y proveedores de servicios. Además, aumenta el alcance en relación al Poder Judicial, al Poder Legislativo y también a todas las agencias y entes del Estado. "Esta ampliación garantizará que cualquier área que reciba recursos públicos esté obligada a rendir cuentas de manera clara y abierta. La norma alcanza también a municipios y comunas", señaló la radical en sus fundamentos.
