El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, dictó la prisión preventiva del poderoso empresario, dueño de frigoríficos, de medios de comunicación y directivo del Club Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Osvaldo Dagatti; de su hijo Ignacio; del funcionario penitenciario Ramón Alexis Farías; del empleado de Livorno, Luis María Mina; y del chofer del transporte Bravo, Maximiliano Gastón Irusta.
A todos los acusa del delito de asociación ilícita, es decir de haberse confabulado para ingresar al complejo penitenciario de Bouwer estupefacientes y teléfonos celulares, elementos prohibidos en las cárceles.
Escándalo en la Legislatura: Nadia Fernández se refirió a la causa por la “empleada fantasma”
Una de las pruebas más fuertes que abonan la hipótesis de la investigación son comunicaciones, mensajes telefónicos y testimonios de personas tentadas para obtener ganancias camuflando la droga y los teléfonos en medio de las cargas de carne que provenía Livorno al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
En un expediente paralelo que también investiga la corrupción de jefes penitenciarios, se detectaron mensajes de abril de 2023 donde Sergio Alejandro Guzmán (exsubdirector de Bouwer el primer detenido por la megacausa de corrupción del SPC) mencionaba a otro funcionario la vinculación de Livorno con el ingreso de elementos prohibidos.
Pero hay un testimonio clave. “¿No querés hacer una moneda extra? Podés cambiar de vida” (…) -le dijo Ignacio a Néstor Lucero uno de los choferes de la empresa Bravo que trabajaba para Livorno.
“Tengo unos insumos para la cárcel de Bouwer, para el X2, que no pasan así nomás, que son para la cocina, para la parte de carnicería” (…) “Vos no tenés que hacer nada, va a ir una res un poquito más hinchada. Cuando vos cargués las reses cargá la res hinchada y tapala para que no se vea. Quédate tranquilo los del Servicio no te van a requisar”.
A cambio de esa tarea, le ofreció un pago de $600.000. La mitad le entregaron en el momento y el resto se lo mandaron a través de un tercero a su domicilio.
No fue el único episodio. A la semana siguiente, el mismo chofer ingresó en forma clandestina dos teléfonos celulares. Alicio Dagatti padre le pagó $400.000.
Tres meses después, a mediados del año pasado, ingresó otros cinco teléfonos móviles y por ello cobró un millón de pesos.
El testigo dijo que en ninguna de esas oportunidades fue requisado, tal como le había adelantado el empresario Dagatti, lo que da la pauta de un acuerdo con quienes debían realizar los controles.
Un celular en la cárcel podría llegar a valer $1 millón.
Semanas pasadas, Dagatti pidió ampliar su declaración indagatoria y respondió preguntas. Negó todos los hechos por los que está acusado a lo largo de tres horas de exposición en la fiscalía.
Néstor Roberto Lucero, el testigo de oro de la causa, fue condenado el 19 de noviembre pasado por la Cámara 8a del Crimen, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
