El estado de salud de Laura Beatriz Gandarella es desesperante. Padece las consecuencias de un linfoma no Hodgkin, por lo que tuvo que ser nuevamente internada y requiere un tratamiento urgente. En mayo, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba ordenó a PAMI que “proceda a brindar cobertura íntegra” de la medicación que espera desde enero, pero aún no se la entregaron.
La mujer de 61 años está sobreviviendo en el Hospital Córdoba, el centro de salud público provincial en el que le detectaron el cáncer en agosto de 2021. Laura llevaba una vida normal junto a sus cinco hijos y siete nietos, pero el diagnóstico sorpresivo la puso entra la espada y la pared.
Unos pocos meses después comenzó una serie de doce sesiones de quimioterapia y, a fines de mayo, un estudio le indicó que estaba libre de células cancerígenas. Eso le permitió volver a trabajar en el comercio polirubro que su hija tiene en Tanti.
Un año después, en mayo de 2023, la mujer se jubiló y PAMI pasó a ser su cobertura de salud. Todo venía bien, hasta que en noviembre del año pasado el cáncer reactivó y los médicos le indicaron no repetir la quimioterapia intravenosa debido a su enfermedad cardíaca de base.
El tratamiento de quimioterapia oral debía comenzar en diciembre y consistía de cuatro tomas diarias de las cápsulas de Zanubrutinib 80 mg.
Inmediatamente, ella y sus hijos elevaron los pedidos correspondientes para que la obra social de los jubilados activara la provisión del medicamento. Al principio obtuvieron respuestas evasivas y contradictorias, hasta que le negaron la cobertura de la medicina.
A través su abogada, elevaron una acción de amparo y PAMI tampoco respondió a la necesidad del envío del fármaco específico para el tratamiento. Entonces decidieron presentar una cautelar ante la justicia federal.
La salud de Laura empezó a empeorar y en abril pasado tuvo que ser hospitalizada. Estuvo nueve días internada en el Hospital Córdoba “con paliativos para desinflamar sus órganos”, contó su hija Constanza a PERFIL CÓRDOBA.
Respuesta judicial
El pasado 7 de mayo, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba resolvió que “corresponde proveer a la medida cautelar solicitada” dado que “surge en forma clara la existencia del vínculo entre la Obra Social y la amparista previo a la interposición de la acción, conforme se acredita mediante copia de carnet de afiliación vigente”.
Y agrega: “Asimismo, acompaña certificados médicos emitidos por médicos del Servicio de hematología del Hospital Córdoba, donde consta su diagnóstico de Linfoma marginal recaído, con compromiso de sangre periférica y antecedentes de arritmia con ablación. También obra en autos constancia de remisión de carta documento y la posterior negativa a la cobertura”.
En el mismo documento, la justicia federal advierte en esa fecha “que ya han transcurrido más de cuatro meses desde que sus médicos han indicado el tratamiento farmacológico y que, conforme lo indica la profesional tratante en certificado de fecha 15/12/2023, ‘se solicita medicación fuera de vademécum electrónico por sus importantes antecedentes cardiovasculares y su enfermedad de base, actualmente en recaída’”.
Por tal motivo, ordena a PAMI “la urgencia de comenzar con la medicación indicada, a los fines de evitar que el tiempo que irrogue el proceso pueda generar un daño irreparable. En consecuencia, ordenase a la demandada que en el término de 48 horas proceda a brindar cobertura integra del 100% de la siguiente medicación: ZANUBRUTINIB 80 mg, caps. x 120 Brukinsa, (dosis: zanubrutinib 320 mg/día), todo ello conforme prescripción médica”.