El Gobierno de Córdoba rechazó el reclamo de la Nación para que los estados municipales dejen de aplicar tasas específicas sobre los servicios de luz y agua. Argumenta que estos son de competencia provincial y que están respaldados por una ley local desde 2018.
La medida, impulsada por la Secretaría de Comercio e Industria, busca eliminar cargos ajenos al servicio en las facturas de empresas de servicios públicos, pero Córdoba sostiene su postura en la normativa vigente.
Mario Blanco, titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), destacó que “la regulación de la energía y el agua corresponde a las provincias” y que las tasas se ajustan a lo permitido por la Ley 10.545, que establece límites específicos. Esta normativa fue implementada en 2018 para ordenar el esquema de cobros en las facturas tras el descongelamiento tarifario del gobierno de Mauricio Macri.
Las cámaras industriales y comerciales ya habían expresado su férreo reclamo para que sean eliminadas.
En el caso del gas, esta normativa no tiene competencia: de hecho, el 7 de octubre, Ecogas se allanó al reclamo de la Secretaría de Comercio e Industria, que la intimó a dejar de percibir el cobro. Por eso, los intendentes ya no cobran la percepción municipal sobre el gas, dado que la regulación es íntegramente nacional.
Industriales y comercios suman presión al debate
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) y Fedecom, que agrupa a cámaras empresarias del interior, se sumaron al reclamo nacional. Luis Macario, presidente de la UIC, señaló que las tasas municipales deben reflejar los servicios efectivamente prestados, mientras que Fausto Brandolín, de Fedecom, advirtió que los cobros actuales generan distorsiones que afectan la competitividad del sector privado.
La misma Federación Comercial señalo que muchas industrias y comercios pagan tasas que no se condicen con el servicio recibido. “El cargo de alumbrado público le resta competitividad al sector privado”, expresaron.
La postura técnica de la Provincia
Desde el gobierno cordobés argumentan que el aumento de los costos energéticos, como el precio del kilovatio para alumbrado público, ha llevado a que las tasas actuales apenas alcancen para cubrir los gastos. En el último año, el costo del alumbrado público aumentó un 346%, mientras que los comercios enfrentaron incrementos de hasta el 656% en la tarifa mayorista de energía.
A diferencia del gas, cuya regulación es exclusivamente nacional, la energía eléctrica y el agua tienen regulaciones compartidas, lo que abre un debate sobre las competencias. En el caso de Córdoba, Aguas Cordobesas aplica una tasa del 16% en concepto de infraestructura sanitaria, superando el límite que se impone para el alumbrado público.
Desde la Provincia, consideran que el reclamo del gobierno de Milei está dirigido principalmente a los municipios del conurbano bonaerense, donde las tasas aplicadas son similares a las que Córdoba ordenó en 2018. Sin embargo, la decisión final sobre este tema podría traer nuevos desafíos en las relaciones entre Nación y provincias.
Mientras tanto, el sector empresarial insiste en la necesidad de revisar la presión tributaria para garantizar un alivio al sector privado y mejorar su competitividad en un contexto económico complejo.
