En la provincia de Córdoba 13 municipios de 427 cuentan con la ordenanza de Ficha Limpia. Es decir, la imposibilidad de acceder a cargos públicos a personas condenadas.
Solo el 3% de las localidades prohíben a personas con condenas penales acceder a cargos públicos, incluso con sentencia de primera instancia. Se destacan las seis principales, entre ellas Córdoba Capital, Villa María, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, La Calera y San Francisco, la tierra natal del gobernador Martín Llaryora.
Hasta diciembre del año pasado, únicamente contaban con la legislación en sus municipios Pilar, Jesús María, Anisacate, Almafuerte, Villa de Soto, Villa del Rosario, Alta Gracia, Mendiolaza, La Cruz, Bell Ville, Adelia María, Villa Giardino y Tancacha.
En la ciudad que conduce Marcos Torres, por ejemplo, el proyecto Ficha Limpia fue aprobado en agosto de 2022 tras un extenso debate en el Concejo Deliberante. En Alta Gracia, la iniciativa prohíbe a personas con condenas penales acceder a cargos públicos, incluso con sentencia de primera instancia, y amplía esas restricciones a cargos como secretarios y subsecretarios. La iniciativa fue impulsada por el intendente de manera conjunta con dirigentes de la Coalición Cívica.
Torres subrayó "la importancia de este tipo de normativas, destacando que fortalecen la democracia local y refuerzan el modelo de un Estado presente y eficiente, especialmente en tiempos de desafíos económicos y sociales". Una manera de despegarse de la realidad provincial.
Ahora, el oficialismo provincial, en un cambio de postura tras las presiones públicas a nivel nacional, anunció que buscará aprobar una ley de ficha limpia en la Legislatura provincial, tras años de bloquear su debate.
Sorpresivamente, por estatuto del empleado público, una persona para ingresar a la administración no tiene ninguna chance de hacerlo si cuenta con algún antecedente, pero esa regla no aplica para los legisladores, ministros o hasta el mismo gobernador. Es decir que quien conduce un área o la provincia puede ser un condenado, pero no así un mozo, un docente o un policía, por mencionar solo algunos.
Una triste realidad que se copia en las provincias
Chubut fue la primera provincia en contar con una legislación de este tipo. La particularidad es que fue una iniciativa de la oposición al gobernador por ese entonces. Luego Ignacio Torres lo amplió haciéndola más estricta. Más tarde se sumaron Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe.
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Al comienzo solo se limitaba a casos de corrupción, pero los mismos gobernadores fueron agregando delitos de otras instancias.
Un proyecto que duerme en la Unicameral
Originalmente, el proyecto de Licha Limpia fue presentado en la Legislatura de Córdoba en el año 2020 por el radical Marcelo Cossar. La idea original era para impedir a los dirigentes ocupar cargos electivos: legislador, vicegobernador y gobernador.
Ahora, la iniciativa tomada por Brenda Austin busca ampliar el concepto de ficha limpia para la limitación en cargos ejecutivos, es decir, desde un director hasta un ministro. "Todo esto se pensó mucho antes que aparezcan los casos de Óscar González, Mosquera o Gill, venimos desde hace cuatro años trabajando. Hoy sobran casos de funcionarios peronistas con causas penales".
Mirando el antecedente de Chubut y "teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos meses, la exceptiva es que la ley sea más robusta y avanzar sobre cargo electivo, partidario y funcionarios públicos", explicó Austin.
María Victoria Busso, del oficialismo, le incorpora un artículo para el caso de los juicios abreviados. En relación con los delitos, agregó aquellos que tienen penas muy bajas o son de actividades específicas, principalmente con penas excarcelables y dolosos en su mayoría.
Es una manera de incorporar elementos a la discusión y tomar el control del debate. "El peronismo hace siempre lo mismo, no aprueba nada de lo que sean autores", sentenció un integrante de la comisión que debate la nueva ley. El borrador que se está trabajando va a categorizar a los delitos.
La discusión también se empantana en la búsqueda de "ampliar ficha Limpia para aquellas personas y dirigentes sociales que conduzcan fundaciones u organizaciones públicas y sean intermediarios de fondos públicos. Si alguien tiene una condena, no puede administrar dinero de la ciudadanía, ya sea provincial o municipal".
Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, confirmó: "entendemos que hay voluntad política de compatibilizar los dos proyectos nuestros con los de la UCR".
