¿Se pueden gestionar los planes asistenciales sin cometer ilícitos?

Nunca termina de sorprender las aberrantes prácticas que se han naturalizado en torno a la administración de los fondos públicos asignados a paliar situaciones sociales críticas. Lo que comúnmente se llama como "planes" comprenden dos tipos de beneficios: aquellos con condiciones de elegibilidad objetivamente reguladas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), y aquellos distribuidos según reglas subjetivas que permiten la discrecionalidad, como el programa ex Potenciar Trabajo, ahora denominado Acompañamiento Social o Volver al Trabajo.

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Estos últimos desde hace mucho tiempo tienen su gestión privatizada en las organizaciones piqueteras y cooperativas. En teoría, estas organizaciones actúan como empleadores de personas que desarrollan tareas comunitarias, pero la remuneración se financia con dinero público.

La “privatización” de la gestión de los programas sociales

El apelar a las cooperativas de trabajo como gestoras de los programas asistenciales fue planteado como una variante superadora a los degradados planes asistenciales tradicionales, como el Plan Trabajar de los '90s y el Plan Jefes de Hogar de los 2000s. El argumento es que las personas en estado de vulnerabilidad social deben recibir un trabajo en lugar de una dádiva asistencial. Subyace la idea de que el trabajo es lo que dignifica a las personas y que la mejor política social es la promoción del empleo, buscando reconstruir las redes productivas y fomentar una cultura del esfuerzo.

A pesar de que desde hace muchos años se canaliza una enorme masa de recursos públicos a estas organizaciones, no se dispone de mecanismos de monitoreo y análisis que permitan una evaluación rigurosa e integral. Pero hay indicios que sugiere que, si los programas gestionados directamente por el Estado tenían deficiencias, delegar la administración a cooperativas resultó ser una opción aún peor.

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El Potenciar Trabajo fue, hasta el año pasado, el principal plan asistencial otorgado por el gobierno. A finales del 2023 había 1.664.825 de personas beneficiarias, un 113% más que en diciembre del 2020. A los beneficiarios se los considera trabajadores si se anotaban en el monotributo social y la cooperativa es quien les abonaba el salario, siempre y cuando estuvieran afiliados a una organización piquetera. El resultado es que las estructuras piqueteras consiguieron institucionalidad, por el volumen de gente que manejaban, asimilable a la que Perón les dio a los sindicatos en los '50.

Esta estructura es lo que el gobierno de Javier Milei se propone a desarmar. En base a las denuncias recibidas comenzaron las investigaciones sobre el perverso manejo de la ayuda social que hacen algunas organizaciones. La más frecuente es que la principal contrapartida que se le pide a los beneficiaros es participar de marchas y actividades partidarias.

Pero, ¿cuál es el rol de los planes asistenciales?

Hay una confusión de instrumentos. La solución de los problemas sociales está en el mercado de trabajo. El empleo es el que le da la posibilidad a la gente de progresar en base a su esfuerzo personal. Nada sustituye a la generación de empleos de calidad como factor de progreso social. El asistencialismo, como máximo, aporta paliativos. No fue ni será una herramienta eficaz para la promoción social. Pero es muy tentador, desde el punto de vista político, sobreactuar con relación a los roles que pueden cumplir.

La primera conclusión es que para revertir el deterioro social es necesario generar un contexto que favorezca la generación de empleos. Es un desafío complejo, pero la única opción que lleva al objetivo buscado. Buscar atajos es engañarse. Por eso la prioridad que tiene la transformación de las instituciones económicas, laborales y educativas.

Lamentablemente, el daño acumulado es enorme. En muchos casos son varias generaciones la que padecen las consecuencias de la marginación total. En este contexto, la reconstrucción social en función de la generación de empleos de calidad llevará muchos años. Por eso, en el mientras tanto se puede y se debe introducir un profundo saneamiento en la gestión del gasto asistencial. Corregir los serios errores de diseño y las severas deficiencias en la instrumentación.

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Un punto clave son los elevados grados de discrecionalidad que dan pie al uso del asistencialismo con fines políticos, como es el caso de la gestión en manos de cooperativas y organizaciones piqueteras. El falso argumento es que con el Potenciar Trabajo y otros similares la persona tiene un ingreso, se desarrolla una obra o servicio útil a la comunidad y el beneficiario desarrolla empleabilidad trabajando. En la mayoría de los casos la principal contrapartida que se le pide a la persona es participar de las marchas.

Según las mejores prácticas internacionales, el ámbito más pertinente para el entrenamiento orientado al trabajo es la empresa. Buscando criterios más objetivos, auditorias más eficaces y una mayor y mejor articulación con las empresas, se puede imaginar una política asistencial menos permeable a los ilícitos.

(*) Virginia Giordano - Coordinadora de investigaciones Idesa