Los productores agropecuarios de Córdoba comenzaron a recibir los cedulones del Impuesto Inmobiliario Rural con incrementos que, en algunos casos, superan el 300% respecto del año anterior.
Si bien la Legislatura provincial aprobó un ajuste del 189% en octubre pasado, distintos referentes del sector aseguran que los montos finales superan ampliamente ese porcentaje.
Frente a esta situación, se convocó a una asamblea el próximo lunes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde participarán dirigentes de la Mesa de Enlace local y se ha invitado a autoridades provinciales para que expliquen los fundamentos de los aumentos.
En medio de la polémica, el Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó un diferimiento del impuesto a través del decreto 19, publicado en el Boletín Oficial. La normativa establece que para aquellos inmuebles rurales cuyo incremento supere el 172,51%, se aplicará un diferimiento hasta enero de 2026 por la diferencia entre el 172,5% y el 189%.
Sin embargo, los productores denuncian que los aumentos reales están por encima de estos valores y que los cálculos no coinciden con lo establecido por ley. "Es fácil pedir la quita de retenciones a la producción agropecuaria para después poder lucrar con ese rédito. Y es esa la gran mentira que se esconde detrás de un discurso que no para de exigir al gobierno nacional que le saquen el pie de encima al campo, mientras, por otro lado, el mismo que hace ese pedido despacha cedulones con subas que superan el 200% e incluso el 300%", denunció la Sociedad Rural de Río Cuarto en un comunicado.
Los productores también cuestionaron las explicaciones brindadas por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba y Rentas provinciales en una reciente reunión con la Mesa de Enlace. Según manifestaron, la respuesta oficial fue que el porcentaje de aumento resulta mayor al 172,5% porque "en el monto de los cedulones del año pasado había beneficios que se fueron quitando en el camino, conforme avanzaba el 2024".
Desde el sector rural, esta justificación generó malestar: "Es ahí cuando el productor siente, con toda razón, que se le están riendo en la cara y que además le piden que comparta la alegría", afirmaron desde la organización rural.
Por otra parte, se informó que el 98% de lo recaudado por el Inmobiliario Rural se asigna a un fondo agropecuario administrado por el Banco de la Provincia, junto con la Mesa de Enlace y el Gobierno de Córdoba. Estos recursos se destinan al mantenimiento de 57.000 kilómetros de caminos rurales mediante 280 consorcios de productores, quienes reciben financiamiento mensual para mejorar la red vial.
No es uno, sino muchos
El reclamo del sector agropecuario también fue respaldado por otros organismos del agro, que criticaron la falta de transparencia en la determinación del tributo. "A tal punto llega este desconcierto que es difícil que los funcionarios públicos expliquen con una lógica unívoca y clara los motivos y fórmulas utilizadas en lo concerniente a las cifras expresadas en los cedulones", señalaron en un comunicado conjunto la Sociedad Rural de Arroyito, la de Jesús María, Cruz del Eje, del Oeste de Córdoba y la Asociación Civil de Productores Departamento Río Primero, entre otras.
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Además, destacaron que la actual situación económica del sector no permite afrontar nuevos aumentos impositivos: "La producción primaria no requiere más impuestos, ni siquiera igualarlos al año anterior. Demanda reducciones que sean un acompañamiento en la salida de tres años de sequía, de una presión fiscal asfixiante en todos los niveles y un escenario comercial desfavorable".
Ante este panorama, los productores ratificaron su convocatoria a la asamblea del lunes, donde esperan contar con la presencia del gobernador de Córdoba para exponerle directamente el descontento del sector. "No necesitamos más fotos, ni coplas con cintura olímpica, menos aún cálculos misteriosos. Necesitamos que hagan un palpable esfuerzo y sean eficientes al administrar nuestros altísimos tributos", remarcaron en el comunicado.
