El constitucionalista Antonio María Hernández afirmó que la situación generada tras la promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei amerita tanto una investigación penal como un juicio político. Sostuvo que "no hay ninguna duda" de que el caso reviste la gravedad suficiente para activar los mecanismos de control institucionales previstos en la Constitución Nacional.
"La Constitución es muy clara en su artículo 53 cuando establece que la Cámara de Diputados tiene competencia para iniciar un proceso de juicio político ante el mal desempeño en las funciones o la comisión de delitos", explicó Hernández en el programa Punto y aparte (Punto a Punto Radio 90.7).
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Según detalló, en el caso de que el Congreso avance con la iniciativa, el Senado sería el encargado de juzgar al mandatario con la particularidad de que, al tratarse del presidente de la Nación, el juicio sería presidido por el titular de la Corte Suprema.
El escándalo en cuestión se originó cuando Milei publicó en su cuenta de X una recomendación sobre la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor se disparó y cayó abruptamente a las pocas horas, generando denuncias por posible fraude. Hernández destacó que este episodio tiene implicancias internacionales y que, además de una investigación judicial, la dimensión política del caso obliga al Congreso a actuar.
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"Nosotros vivimos en una democracia republicana. Eso significa división y control de los poderes, y la responsabilidad de los funcionarios públicos es un principio básico. Hay responsabilidad política y también pueden derivarse responsabilidades penales, civiles y administrativas", enfatizó el jurista.
Hernández también cuestionó las voces que desestiman la posibilidad de juicio político. "Es inaceptable minimizar la gravedad de los hechos. Quienes dicen que no corresponde, no entienden la Constitución o la están interpretando de manera errónea", aseguró.
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En este sentido, criticó las posturas del expresidente Mauricio Macri y del legislador del oficialismo cordobés Miguel Siciliano, quienes se manifestaron en contra del procedimiento, y afirmó que "los hechos son evidentes" y que el presidente debe rendir cuentas.
Mientras distintos bloques opositores impulsan el juicio político en la Cámara de Diputados, el proceso enfrenta el desafío de alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para avanzar. "Dudo que se logre en un país con un alto grado de corrupción y baja calidad institucional, pero eso no significa que no esté justificado", concluyó Hernández.
