¿Qué pasará con la indemnización de $76 millones que dispuso el gobierno provincial a Susana Montoya, viuda del suboficial de la Policía de Córdoba, Ricardo Fermín Albareda, víctima de la última dictadura militar; y a su hijo, Fernando Albareda, actualmente detenido por el crimen de su madre? Por lo pronto, como una de las beneficiarias está fallecida el pago es impracticable. Dependerá, en todo caso, de un futuro juicio sucesorio.
Mientras el gobierno analiza esa circunstancia y hasta darle de baja, los abogados de los dos hijos anticiparon que reclamarán el pago.
El homicidio de la viuda, el 1 de agosto pasado, destapó una olla que comenzó a generar altos costos políticos para el Panal.
Apenas se confirmó la detención e imputación de Fernando, el jueves de la semana pasada, fuentes del gobierno provincial confiaron a este medio que se analizaba “dejar sin efecto” la liquidación establecida a través de la Resolución 215 del 8 de mayo de este año (publicada el 10 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia).
Esa decisión del Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, había establecido “el ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior del extinto Subcomisario de la Policía de la Provincia de Córdoba Ricardo Fermín Albareda”.
Instrumentaba el decreto 120 de la Provincia de Córdoba -fechado el 7 de marzo último- que otorgó la “reparación histórica del legajo” de Albareda por haber sido víctima del terrorismo de Estado, firmado por los ministros de Seguridad, Desarrollo Humano, Justicia y el fiscal de Estado.
Todas esas decisiones administrativas determinaron el otorgamiento de una indemnización de $76 millones cuyos beneficiarios son en un 100% Susana Beatriz Montoya y su hijo, Fernando Albareda. El monto resulta del recálculo de los haberes de Fermín Albareda ascendido como comisario; y por ende de la pensión que cobró la viuda en estas cuatro décadas.
El problema es que la mujer fue asesinada y el hijo está detenido por ese crimen.
Si la decisión administrativa está vigente por haber sido publicada en el Boletín Oficial, ¿el gobierno puede dar marcha atrás?: ¿quiénes deberían cobrar la indemnización?
Los legítimos herederos son: Fernando, Ricardo y las tres hijas de Mónica, quien se suicidó en 2021.
Mientras el gobierno analiza si es posible anular el pago, los abogados de Ricardo y Fernando aseguraron a PERFIL CÓRDOBA que ellos harán el reclamo para percibir la indemnización.
Claudio Juárez Centeno, quien asesoró a Fernando en el trámite administrativo y ahora asumió la defensa penal, advirtió que con ese dinero “tendrá que costear el proceso actual”.
Por su parte, Juan Pablo Bastos, abogado de Ricardo Albareda dijo que su representado y las tres nietas de Susana, hijas de Mónica, son legítimos herederos. La indemnización les corresponde a todos.
Estas posiciones permiten avizorar una batalla legal de los herederos si el gobierno finalmente decide congelar el trámite. Si en cambio, ejecuta el pago tendrá que lidiar con altos costos políticos.
Ruido por la reparación del legajo. El ascenso y reconocimiento post morten de Fermín Albareda tiene soporte en dos leyes.
La 10.874 que reconoció la reparación histórica del legajo de los trabajadores que, revistando como empleados de alguno de los Poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados o autárquicos, fueron víctimas del Terrorismo de Estado.
También en la 9.728, ley orgánica de la Policía de Córdoba, que en su artículo 114 se refiere a los efectivos caídos en servicio.
La complejidad del caso Albareda reside en que efectivamente integraba la fuerza pero, al mismo tiempo, militaba en el ERP-PRT. En esa condición bivalente fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido.
¿Por qué hay codicia? El fiscal Juan Pablo Klinger va por partes. En una semana reunió pruebas para imputar como único sospechoso del homicidio de Susana Beatriz Montoya a su hijo, Fernando Albareda, detenido desde el jueves pasado.
Todavía no lo citó a indagatoria. Lo hará una vez que fije el hecho de la acusación y ahí podrían caber agravantes, como alevosía y codicia. También se habla de premeditación. “Hay que definir varios posibles móviles del crimen”, señalaron fuentes judiciales. Pero ya se habla principalmente de dos.
Alevosía, por la forma en que se ejecutó el crimen. Una violencia aberrante frente a una víctima sin posibilidades de defenderse.
Codicia, por el trasfondo familiar que rodea la indemnización otorgada por el gobierno provincial.
Según contó Bastos a este medio, Ricardo supo por el relato de su madre que tiempo atrás Fernando le había planteado que él tenía derecho a cobrar el 100% de la indemnización porque fue quien realizó el trámite y mantuvo la lucha por su padre. Ella le dijo que no y que el dinero debía dividirse entre todos los integrantes de la familia. Este testimonio aún no se incorporó al expediente judicial.
Posiblemente discusiones de esta naturaleza hayan sido el antecedente inmediato de una larga historia de desencuentros familiares, particularmente entre Fernando y su madre y su hermano Ricardo, con quien jamás tuvo un vínculo armonioso.
